Balance de las elecciones sindicales

LOS DATOS, todavía provisionales, de los resultados de las elecciones sindicales facilitados por el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC) no discrepan sustancialmente de los que habían sido ya adelantados anteriormente por EL PAÍS. Comisiones Obreras (30,75%) se mantiene a la cabeza de las centrales, pero pierde terreno; UGT (29,29%) realiza un espectacular avance que la sitúa a punto y medio de CC OO; Unión Sindical Obrera (9,08%) no supera el listón del 10% que le daría derecho a participar en la negociación colectiva sectorial; ELA-STV se consolida como la primera central sindical en el País Vasco, y la constelación de «no afiliados» (17,24%) casi dobla a USO y ocupa una sexta parte de la representación total. No es probable que la resolución sobre las impugnaciones y la corrección de los errores técnicos alteren drásticamente esos resultados provisionales. Puede ser, por consiguiente, el momento para esbozar algunas conclusiones sobre su significado.

En primer lugar, resulta evidente que las líneas de fuerza del mundo sindical se han consolidado más tardíamente que las del mapa político y que, posiblemente, dependan más de la experiencia inmediata de los trabajadores y del acierto de la gestión de sus representantes sindicales que de la identificación con símbolos, ideas o líderes a nivel nacional. El retroceso de CC OO, que se perfilaba a la salida del franquismo como la central abrumadoramente hegemónica, gracias al prestigio duramente conseguido bajo la represión, se podría explicar así por la voluntad de mantener contra viento y marea un modelo de conflictividad laboral cristalizado durante la dictadura, en la nueva situación que la legitimidad democrática de las instituciones había creado.

La voluntad de desbordamiento de los marcos de negociación con la patronal, la insistencia en involucrar al Gobierno y a los partidos politicos -con la famosa petición de acuerdos «a cuatro bandas»- en la contratación colectiva, siguiendo el típico patrón de politización de los conflictos, que tan útil se había revelado para la oposición en el anterior régimen, y el esfuerzo por marcar las distancias con respecto a UGT han llevado a CC OO durante los últimos dos años a una relativa pérdida de audiencia entre los trabajadores. Porque para un cierto sector de los asalariados no resuItaba en absoluto evidente la conexión entre ese voluntarista esfuerzo por politizar los conflictos y la defensa efectiva de sus intereses inmediatos. La violenta denuncia contra el Estatuto de los Trabajadores, campaña en la que UGT desempeñaba el papel de chivo expiatorio y de blanco de las invectivas de CC OO, tampoco parece haber dado los resultados que sus promotores esperaban.

El retroceso de CC OO no explica enteramente, sin embargo, el avance de UGT, ya que los casi ocho puntos ganados por la central socialista casi duplican las pérdidas del sindicato comunista. Parte del voto de electores anteriormente favorables a candidatos independientes se ha dirigido, sin duda en esta ocasión, a UGT, que capitaliza de esta forma sus notables esfuerzos por despojarse de connotaciones estrechamente obreristas y por presentarse como una central abierta a todos los trabajadores, ampliando específicamente su mensaje electoral hacia los cuadros. En este sentido, Manuel Zufiaur, castigado por el «sector crítico» en el último congreso, de UGT, se apunta una victoria, pues la firma del acuerdo-marco interconfederal se revela como un importante factor del ascenso de UGT, en el que también ha podido influir el pragmatismo con el que el PSOE enfocó el debate parlamentario en torno al Estatuto de los Trabajadores.

Por esa razón, un fracaso en la renovación del AMI podría perjudicar seriamente el progreso del avance sindical de UGT, al igual que deterioraría irreparablemente el clima laboral de nuestro país y erosionaría gravemente la credibilidad de la CEOE como organización patronal eficaz y responsable.

El hecho de que USO no haya conseguido rebasar el listón del 10%, pese a las considerables ayudas y protecciones que le han sido dispensadas, debería, sin duda, hacer reflexionar a UCD, pero también a las centrales mayoritarias. De un lado, el Gobierno podría percatarse de que su voluntad no basta para inventar nuevas provincias en el mapa sindical, y de que una política realista de rentas tiene que descansar obligadamente sobre acuerdos con los sindicatos vinculados al PSOE y al PCE. De otro, CC OO y UGT tal vez deberían meditar sobre el escaso interés que sus enfrentamientos dialécticos tienen para amplios sectores de trabajadores y acerca de los riesgos de que sus sectarias disputas permitan a USO en una próxima convocatoria alcanzar la tierra prometida de los dos dígitos.

La hegemonía de ELA-STV en el País Vasco muestra que los sentimientos nacionalistas han permeado a amplios sectores de quienes trabajan en Euskadi. En cuanto al sorprendente peso de los candidatos no afiliados, representa un oportuno recordatorio para los dirigentes sindicales y políticos que siguen empeñados en convertir a las centrales en correas de transmisión de los partidos, ignorando la preocupante pérdida de imagen de las formaciones políticas durante esta poco vistosa etapa de transición a la democracia.