El PSOE andaluz acusa a UCD de intentar volver a la vía del 143

«UCD intenta volver, por otro camino, a la vía del 143 para Andalucía», declaró ayer a EL PAIS el secretario de relaciones políticas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) andaluz, Miguel Angel Pino, iniciando así una ofensiva política contra lo que considera una traición de los centristas al acuerdo de desbloqueo del proceso autonómico de esta comunidad. El líder socialista no descartó el recurso a nuevas movilizaciones populares en los próximos meses.

La reacción del PSOE hace referencia al voto en contra de los representantes de UCD al acuerdo del consejo permanente de la Junta de Andalucía, por el que se determinaron los criterios que el presidente, Rafael Escuredo, llevará a la reunión convocada por el ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, para el próximo jueves, entre éste y los titulares de los entes preautonómicos de toda España. También el PSA votó en contra, pronunciándose a favor de la no asistencia a dicha reunión, por considerar que la ausencia de los presidentes de Cataluña y el País Vasco supone una nueva discriminación para Andalucía.En síntesis, los criterios que mantendrá Escuredo, gracias al voto unido del PSOE y el PCA, son: exigir la tramitación inmediata de las transferencias negociadas en sanidad, industria y cultura; calendario autonómico que culmine, dentro del primer semestre de 1981, con la celebración del referéndum popular de ratificación del estatuto y la convocatoria de elecciones alParlamento andaluz en el plazo de un año a partir de entonces, y negociación Junta-Gobierno sobre el Plan de Urgencia para Andalucía. La Junta estima que el proyecto de estatuto deberá terminarse en febrero.

Por lo que se refiere a las transferencias, hay que recordar que la última materia transferida a la Junta, relativa a la sanidad vegetal, data de febrero de 1979, habiendo surgido a partir de entonces «inexplicables retrasos en cuestiones objetivamente poco conflictivas, que contrastan con la celeridad impresa a las transferencias a las comunidades llamadas históricas en materias amplias, de excepcional importancia política y de intrínseca conflictividad», según el acuerdo adoptado por el consejo permanente de la Junta el pasado 12 de enero.

En opinión de la Junta, la prolongación de esta situación supondría una inadmisible actitud discriminatoria del Gobierno con Andalucía y una muestra de irresponsabilidad.