La democracia en Navarra

Los lectores de EL PAÍS carecerían, probablemente, de una visión completa del problema navarro si tan sólo tuvieran la oportunidad de leer la tesis formulada por el nacionalista Fermín Luis Ciáurriz en su artículo «Navarra, un reto para la democracia » (8-1-1981).Ciáurriz ha utilizado casi todos los epítetos de descalificación imaginables para atribuirlos a cuantos defendemos la conveniencia de que Navarra mantenga su rumbo milenario sin integrarse en Euskadi. Expresiones como «visceralismo», «irracionalidad», «antivasquismo a ultranza», «uso y abuso de las instituciones forales», «solapado centralismo» e «intransigencias» salpican constantemente el artículo en cuestión, que concluye haciendo una seria advertencia a nuestra responsabilidad, que puede conducir a la «frustración de una parte del pueblo de Navarra», con la consiguiente «radicalización, marginación y desencanto», que constituyen «elementos más que peligrosos» para la democracia misma.

La cuestión de Navarra es, sin duda, un grave problema de Estado. Lo que ocurre es que el vtratamiento del problema es radicalmente diferente según la óptica con que se contemplen las posibles soluciones.

Está en su derecho el PNV al predicar que Navarra debe incorporarse a Euskadi. No lo estaba tanto cuando, en épocas recientes, bajo el pretexto del «Nafarroa Euskadi da» (Navarra es Euskadi), pretendía conseguir la incorporación de nuestro viejo reino al Consejo General Vasco sin que el pueblo navarro tuviera la oportunidad de expresar si tal era su voluntad política. Luego, las sucesivas convocatorias electorales han demostrado que, a pesar de la presencia activa y preocupante del abertzalismo radical, las posiciones del nacionalismo vasco no eran aceptadas por una gran parte del pueblo navarro.

Conviene recordar que, a diferencia de lo ocurrido en Euskadi, Navarra votó por mayoría absoluta del censo electoral una Constitución fundamentada en la unidad de España, instauradora de un Estado social y democrático de derecho y respetuosa de los derechos históricos de nuestro territorio foral.

La Constitución no ignora el contencioso Navarra-Euskadi, que existe indudablemente porque se contraponen dos concepciones políticas -extremismos al margen- que parten de supuestos básicos radicalmente distintos.

Es evidentemente difícil de compaginar la idea, que asumimos muchos, de una Navarra que constituye una comunidad perfectamente diferenciada del resto de los pueblos de España y cuyo derecho al autogobierno originario y anterior al propio Estado no es incompatible, sino al contrario, COIX la inserción histórica, cultural y sociológica de Navarra en el contexto hispano, asumido como algo propio y no, extraño al cuerpo social del pueblo navarro, con la idea de quienes consideran que el pueblo navarro no existe como colectividad diferenciada, por cuanto Navarra es parte integrante de la nacionalidad vasca y, por tanto, debe seguir la suerte institucional del resto de Euskadi como patria común de todos los vascos, que tiene derecho a la autodeterminación y que, a lo sumo, acepta el entendimiento solidario con los demás. pueblos del «Estado español», pero no la pertenencia existencial a la gran patria común o acción que es España.

Es posible que sea «visceralismo» afirmar que «Navarra es Navarra». Pero, en tal caso, también lo es el grito de «Nafarroa Euskadi da», y mucho más cuando, junto a la dialéctica democrática del PNV, existe otra tenebrosa dialéctica de la que fue víctima, entre otros, José Javier Uranga, periodista de talante democrático y liberal, defensor del derecho de Navarra a conservar su identidad, acusado de «colaboracionista» con el Gobierno de la potencia colonialista española, según reza el comunicado divulgado por ETA militar tras su intento, afortunadamente frustrado, de asesinato.

Pues bien, la Constitución -gracias a los esfuerzos de los parlamentarios de UCD de Navarra y al decidido apoyo del Gobierno de UCD- estableció un procedimiento para la resolución democrática del problema. Tal vez convenga recordar que la idea del referéndum, como único procedimiento legitimado- del posible cambio de status de Navarra fue duramente combatida por el PNV, e incluso por el PSOE, en la etapa inmediatamente posterior a las elecciones del 15 de junio.

Cuando se acusa a UCD y al PSOE (que ahora ha asumido la tesis del foralismo democrático, sustentada en un principio casi en solitario por el centrísmo navarro) de impedir la libre determinación del pueblo navarro se intenta una clara manipulación de la opinión pública al tratar de desvirtuar el propio sentido de la disposición transitoria cuarta de la Constitución.

De acuerdo con el texto constitucional, quien tiene la llave para abrir el proceso hacia la incorporación de Navarra a Euskadi es el Parlamento Foral, como «órgano foral competente» elegido por sufragio universal del pueblo navarro. Si el Parlamento decide aprobar la incorporación, la validez del acuerdo depende de su ratificación por el voto afirmativo dp la mayoría del pueblo navarro, en referéndum expresamente convocado al efecto.

En diciembre de 1979 hubo un intento de abrir el proceso mediante la presentación por el representante de Euskadiko Ezquerra de una moción que fue rechazada por la Comisión de Régimen Foral del Parlamento, con los votos de UCD, UPN y la abstención activa del PSOE y del Partido Carlista, lo que representa aproximadamente el 70% de la opinión navarra.

Y es la misma mayoría de representantes del pueblo navarro la que, en uso de las atribuciones expresamente reconocidas al Parlamento Foral por el Real Decreto Paccionado de 26 de enero de 1979, ha acordado las Bases para la Reintegración Foral y Amejoramiento del Fuero de Navarra, así como las relativas a la composición, elección y atribuciones de los organismos forales.

Pactar un nuevo "status"

Amparados y respetados por la Constitución nuestros derechos históricos, es evidente que el Gobierno del Estado está plenamente legitimado para pactar con la Diputación Foral de Navarra un nuevo status autonómico, que haga realidad el principio -no siempre reconocido desde la ley de Confirmación de los Fueros de 1839 y Paccionada de 1841- de que es Fuero y, por tanto, competencia de los poderes forales todo aquello que no sea inherente a la unidad constitucional.

Por otra parte, tampoco parece que sea un despropósito tratar de superar la actual crisis de las instituciones navarras mediante la rectificación de los «gravísimos errores» del Real Decreto de 26 de enero de 1979, anómalo desde el punto de vista de los principios del parlamentarismo clásico al conferir al Parlamento Foral funciones de control sobre una Diputación-Corporación no elegida por aquél, sino por sufragio universal. Que, tras la firma del nuevo Pacto Foral sobre Reintegración y Amejoramiento del Fuero, los poderes de Navarra se ejerzan por el Parlamento Foral, la Diputación Foral, transformada en órgano de gobierno, y su presidente, elegido por el Parlamento y responsable ante él, no parece tampoco que pueda calificarse como intento de abrir un «foso infranqueable que agudice y convierta en permanente un foco de tensión en nuestra tierra».

El auténtico peligro para la democracia es, precisamente, no aceptar las reglas del juego constitucional, inequívocamente respetuosas con la voluntad del pueblo navarro, así como torpedear el proceso de reintegración y amejoramiento de nuestro Fuero, institución que en todo momento ha tratado de asegurar el derecho de Navarra a conservar su libertad colectiva como pueblo libre y autónomo.

En uso de sus facultades legales y del propio mandato popular, la Diputación Foral negocia ahora con el Gobierno la superación de la actual situación constituyente en que se encuentra Navarra. No es cierto que en este proceso se excluya la posibilidad de llegar a acuerdos o convenios con la Comunidad Autónoma Vasca. Lo que ocurre es que de tales convenios no podrá deducirse ni la pertenencia de Navarra a Euskadi ni la aparición de instituciones comunes supracomunitarias, porque ello significaría vulnerar las previsiones constitucionales para lograr por una puerta falsa lo que la voluntad popular navarra no acepta pura y llanamente.

La democracia tiene en estos momentos un papel histórico que desempeñar en Navarra: asegurar la paz y la libertad de los navarros, para que el pueblo y las instituciones que democráticamente le representan, sin presiones ni coacciones de ningún tipo, y al margen de todo chantaje terrorista, puedan recorrer el camino que voluntariamente y responsablemente han decidido para robustecer la personalidad de nuestro histórico reino y su imprescriptible vocación hispana. Una Navarra donde coexistan en armoniosa unidad, como ha sido siempre, los vestigios de su pasado vascón con la aceptación como propios de otros sustratos étnicos y culturales que, juntos, constituyen el auténtico hecho diferencial de la regionalidad o nacionalidad (¿por qué no?) navarra.