Las Cortes analizan las diferencias en torno al Estatuto de las Libertades Públicas

La mesa y la junta de portavoces de las dos Cámaras parlamentarias trataron ayer, por separado las diferencias institucionales existentes en torno al Estatuto de Libertades Públicas y amparo judicial presentado por el grupo de en el Senado. Precisamente, esta Cámara acordó asimismo, tras conocer la citada proposición de ley, dar traslado de su contenido al Gobierno para que, en el plazo de quince días, manifieste su conformidad.

Por lo que respecta al Congreso, según informó su vicepresidente primero, Modesto Fraile, a petición de Manuel Fraga, apoyado por los restantes grupos, se acordó posponer el tema hasta la próxima reunion, para estudiar los documentos que existen al respecto sobre este asunto.Actualmente, y sin contar con el Estatuto de Libertades Públicas que presentó el grupo parlamentario centrista en el Senado, la semana pasada, existen tres proposiciones de ley remitidas por la Cámara alta a la baja en uso de su potestad legislativa. Se trata de las relativas a el profesorado de escuelas de idiomas; a la condición de parlamentarios de los miembros de órganos rectores de organismos preautonómicos, y sobre las minas de Almadén.

El origen de este enfrentamiento entre ambas Cámaras se debe no sólo a quien corresponde la iniciativa legislativa, sino si una proposición de ley remitida por el Senado al Congreso ha de volver de nuevo a la Cámara alta. Mientras que los senadores, en general, opinan que es absurdo que vuelva a ellos algo que han propuesto, en el Congreso se estima que la Constitución no admite réplica.

El grupo parlamentario de UCD en el Senado dio a conocer ayer un comunicado en el que indica que «el Estatuto de Libertades Públicas de ninguna forma supone recorte alguno de libertades ni derechos; por el contrario, junto a desarrollar sustantivamente tales derechos y libertades, establece los mecanismos jurisdiccionales que hacen efectiva su garantía a través de la adecuada regulacion procesal».

«El Gobierno apoya plenamente la tramitación del Estatuto en la Cámara alta como una proposición de ley orgánica del grupo parlamentario de UCD, apoyo expresamente declarado por el propio presidente del Gobierno.

Y añade que, «en cuanto a la posición del ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, interesa resaltar que éste no se opone a la tramitación del Estatuto en el Senado, ni se opone a que lo sea como proposición del grupa de UCD».