El Estado de las autonomías favorece a las regiones más ricas

«El Estado de las autonomías, aun en el caso de que las transferencias de competencias se produzcan bajo los auspicios de un criterio regional estrictamente igualador en términos jurídicos (identidad de contenido en los respectivos estatutos), es netamente favorecedor de las regiones más ricas», dijo ayer Fernando de la Puente, catedrático de Teoría Económica en la Universidad del País Vasco, en el transcurso de la segunda jornada del congreso del Centro de Investigación y Técnicas Políticas (Citep) sobre «El Estado de las autonomías: poder autonómico-poder central».

En opinión de De la Puente, el Estado de las autonomías con estatutos idénticos supone, en relación con las regiones, el mismo esquema mental que la implantación de la libertad económica; es decir, que favorecerá más al que más potencialidad de progreso posea inicialmente. «Lo que es válido para los individuos», aseguró, «es válido para los espacios dotados de soberanía limitada totalmente comparable a la soberanía de los agentes individuales. también limitada, en todo Estado de derecho ».Y como consecuencia de este aserto, la segunda conclusión obtenida por el orador mantiene que si entre las características de un crecimiento óptimo se encuentra el objetivo de igualación o simple atenuamiento de desigualdades económicas espaciales, «antes de que transcurra el largo plazc para que espontáneamente se origine tal proceso de atenuación es imprescindible diseñar una política nacional de Crecimiento regional que compense el efectó impacto desigualador de toda situación autonómica» Añade, en este sentido, que las regiones ricas generan riqueza sobre los espacios (regiones) rigurosamente contiguos; por el contrario, la distancia de estas regiones supone un claro factor de empobrecimiento.

El economista del Estado Joaquín García Javaloya dejó claro en su ponencia que las autonomías no bastan para resolver eficazmente el problema regional, si no se complementan con soluciones cooperativas y solidarias. «La solidaridad interregional», aseguró, «es condición esencial para que sea óptima la generalización de las autonomías regionales en el marco de una política regionalista ».

Santiago Muñoz Machado, profesor de Derecho en la Universidad de Valencia, hizo hincapié en que el diseño que la Constitución ha hecho de las estructuras administrativas territoriales requiere un tratamiento conjunto, puesto que no se pueden atender aisladamente, las exigencias autonómicas, abandonando la reforma de la administración periférica, que, en opinión del ponente, debe quedar suprimida.

En el ámbito de la comunidad autónoma deben reducirse al máximo los niveles de administración territorial. Y ante el planteamiento de si se debe suprimir o no el nivel provincial, se mostró partidario de una ley-marco estatal (la ley de Régimen Local que contempla la Constitución) que permita una aplicación flexible en el seno de las comunidades, solución adoptada por la mayoría de los países federales.

«El sistema de gobierno en las comunidades autónomas va a depender de los diversos modelos de comunidad que contempla la Constitución», según Enrique Alvarez Conde, profesor adjunto de Derecho Político en la Universidad Autónoma de Madrid.

Recordó que para las regiones que acceden a su autonomía por vía directa o por la del artículo 151, la Constitución contempla un mismo sistema de gobierno, en el que predominan los rasgos asamblearios. Apuntó, sin embargo, que la dificultad la plantean aquellas comunidades que accedan por la vía del artículo 143, para las que la Constitución no establece ninguna fórmula de gobierno.

Para el subdirector general de Planifiacación Regional del Ministerio de Economía, Gonzalo Sáenz de Buruaga, resulta ineludible la regionalización de las inversiones públicas si se desea obtener un «despegue» autonómico; en este sentido, propuso que el Comité de Inversión Pública (CIP), que trata ya de analizar la acción inversora de ministerios y organismos, sea el encargado de coordinar sugerencias ministeriales y prioridades de los entes autonómicos, con el fin de elaborar unos Presupuestos Generales del Estado justos y redistribuidos.