El Banco del País recurre contra su exclusión del registro bancario

Los administradores del Banco del País han presentado un recurso contra la decisión administrativa del Ministerio de Economía y Comercio, por la que se excluyó al banco del Registro de Bancos y Banqueros el pasado 28 de octubre, pocos días antes de que expirase el plazo de cinco años de la licencia provisional que por la ley Barrera, de 9 de agosto de 1974, se concedía a los bancos de nueva creación. Paralelamente, fuentes del Banco del País manifestaron que en un plazo máximo de diez días será convocada la junta general de accionistas, en la que se deben tratar las fórmulas de liquidación del banco.

A este respecto, existe un profundo malestar entre buena parte de los aproximadamente 1.200 pequeños accionistas que componen la minoría del capital del banco, quienes se sienten relegados de las decisiones del consejo, y que incluso llegan a temer, según palabras de uno de estos pequeños accionistas, Joaquín García Javaloys, ser objeto de alguna manipulación por parte de los actuales administradores. Para intentar evitarlo, pretenden aglutinar a un 10% del accionanado e interponer una « acción de responsabilidad » contra el consejo de administración.La peculiar historia del Banco del País se inicia desde el mismo momento de su aprobación gubernativa. Esta se decidió en el transcurso de una cacería en los primeros días del año 1975, donde el entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, le manifestó a su ministro de Hacienda, Rafael Cabello de Alba, la conveniencia de que se autorizase la apertura del Banco del País, a pesar de que su solicitud había sido rechazada por tres veces consecutivas por el Banco de España, quien, a su vez, había dado conocimiento al Consejo Superior Bancario, que se mostró asimismo tajante en cuanto a no autorizar la apertura del Banco del País.

Este interés del jefe del Ejecutivo fue interpretado en medios económicos como una clara prueba del aprecio que el régimen mostraba hacia la personalidad de Alejandro Rodríguez de Valcárcel, entonces presidente de las Cortes, y hombre que permanecía en la penumbra de la operación, pues el grupo promotor lo encabezaban su sobrino Carlos Rodríguez de Valcárcel y su secretario particular, Alfredo Seligrat, hombre ligado a la estructura sindicalista vertical.

Por otra parte, la aprobación del Banco del País supuso la exclusión del Banco Industrial del Segura, considerado por los expertos como más profesional que el del País, de la lista de cinco entidades de crédito ya aceptadas por la autoridad monetaria.

La autorización se materializa en la segunda mitad del mes de enero de 1975 y sorprende a sus propios promotores, hasta el punto de que se encuentran sin medios suficientes como para hacer frente al desembolso que se les exige para su constitución. Este desembolso suponía1.200 millones de pesetas, ya que, según la legislación bancaria, el capital que debía estar totalmente suscrito y desembolsado era de ochocientos millones de pesetas, a los que había que sumar otros ochocientos.

Comienzan las ventas

A partir de este momento se inicia una carrera de operaciones de transmisión de paquetes mayoritarios de acciones, que en algunos casos, como el de Teodulfo Lagunero, o Mohamed Esquali, yerno del general de la guardia mora franquista y que percibe los cien millones en que vende el palacete de la calle de Serrano, de Madrid, para sede del banco del País, en acciones de éste, están autorizadas por el Banco de España, pero que en otros casos se realizan sin su autorización, e incluso utilizando créditos que concede el propio banco para su pago.En aquellos primeros momentos los hombres fuertes del banco parecían ser los hermanos Seligrat y Rafael Martínez-Fresneda, hombre próximo a aquéllos. Su protagonismo hace que Andrés Jiménez-Nemesio, otro de los fundadores, conceda una opción de compra sobre su paquete accionarial compuesto, según diversas fuentes, por unas 140.000 acciones a Juan José Gordo, quien se queda con unas 80.000, aparte de pactar una opción de compra sobre las acciones de Esquali. Gordo accede al cargo de consejero-delegado.

Poco tiempo después hace su aparición directa en el grupo accionarial del banco el grupo de los hermano Duque, que a través de una serie de compras las participaciones de Gordo y algunos paquetes de los que se desprenden Seligrat y Martínez Fresneda- se llega a hacer con un 30% del capital del banco, a pesar de lo cual no cuenta con puesto en el consejo.

En abril de 1979 se produce la reaparición de Jiménez Nemesio, quien adquiere una sola acción del banco del País, pero que cuenta con las 60.000 que Gordo no le había llegado a pagar. Prácticamente, su regreso coincide con la primera intervención del Banco de España, quien acude reclamado por el propio Consejo de Administración, para evitar males mayores.

A partir de este momento se pasa de una cifra de casi mil millones de impagados a la de cuatrocientos por la vía de la consolidación de las deudas, ejecutando las garantías, en la mayor parte de los casos hipotecarias. Esta acción conlleva un incremento en el inmovilizado del banco de casi un 100%, pasando de poca más de setecientos millones a 1.400.

También en aquellas fechas, primavera-verano de 1979, Jiménez Nemesio consigue un mandato de venta del banco por el 67% del accionariado, y se compromete con el Banco de España a realizar las gestiones encaminadas a su transmisión a algún otro grupo.

El desorbitante precio que exige, y la propia personalidad de Jiménez Nemesio, según diversas fuentes, son las razones por las que durante un año resultan infructuosas todas sus gestiones.

Así llega la entidad al mes de junio pasado, fecha en la que la intervención del Banco de España se realiza ya de forma plena, y tras la consecuente inspección en profundidad, y vista la imposibilidad de vender el banco, aconseja al Ministerio de Economía su exclusión de la inscripción del Registro de Bancos y Banqueros de la entidad, antes de que finalice el plazo de cinco años desde su autorización, en cuyo caso la licencia pasaría a ser firme.