Las propuestas de estatutos de UCD coinciden en una fuerte disminución de los poderes del presidente

La mayoría de los proyectos de ponencia de estatutos presentados para el Congreso de UCD insisten en recortar y determinar claramente las funciones del presidente del partido, por encima del cual estaría el comité ejecutivo, y, en general, transformar la organización hacia una estructura no presidencialista. Especialmente, el sector católico pretende eliminar su capacidad de decisión absoluta en cuestiones electorales. El grupo encargado de redactar el proyecto definitivo, formado por veinte dirigentes de todas las tendencias del partido, se reunió ayer en la Moncloa para hacer una primera lectura del tema.

Las fuentes centristas informantes resaltaron que este sistema de ponencia coloca a los líderes de las corrientes en la necesidad de negociar la futura estructura del partido, ya que todos son ponentes, con lo que las posiciones llegarán al congreso notablemente pactadas, y por tanto dirimidas antes de la reunión.Las principales diferencias se darán en el terreno de las atribuciones del presidente. A este respecto, los grupos democristianos y católicos proponen prácticamente trasladar sus atribuciones al comité ejecutivo. Estas posiciones vienen expresadas en seis proyectos de ponencia, cuyos textos son prácticamente idénticos, y todas tienen como primer firmante un democristiano: Luis Grandes, de Guadalajara; Fernando Alvarez de Miranda, de Palencia; Luis Vega Escandón, de Asturias; Vicente Ruiz Monrabal, de Valencia, y Alvarez del Manzano, de Madrid. La sexta procede de Jaén, donde es presidente provincial Landelino Lavilla, máximo líder católico.

Entre las novedades más importantes que proponen estos proyectos está el que la confección de las listas electorales, hasta ahora de la exclusiva competencia del presidente, se atribuya a un comité nacional electoral, que, según la ponencia de Jaén, estaría formado por el presidente, el secretario general y cinco miembros del comité ejecutivo, elegidos por éste.

Asimismo, se propone la preeminencia en todas las cuestiones del comité ejecutivo sobre el presidente, posición en la que coinciden otras muchas ponencias, no democristianas. Estas defienden asimismo la eliminación de la actual prohibición de tendencias, y el establecimiento del derecho de las minorías a explicitar su criterio discrepante. Se entiende que esto se refiere a las opiniones públicas, ya que actualmente hay obligación de solventar las diferencias dentro del partido.

Otros puntos de las ponencias democristianas son: que los informes y programas presentados por los dirigentes a los órganos colegiados puedan ser rechazados; reducción de los miembros del consejo político; incluir al secretario de las Juventudes en el Comité Ejecutivo; nombramiento de la comisión permanente por el Comité Ejecutivo, en lugar de por el presidente; elección del secretario general por el consejo político, mediante una terna; papel preponderante de los grupos parlamentarios, especialmente en la elaboración de proyectos de leyes. La ponencia de Jaén suscribe en general estos puntos, aunque normalmente suaviza las propuestas.

Oposición del aparato y los progresistas

Las fuentes informantes indicaron que el ala progresista se aliará probablemente con el presidente para hacer frente a la oposición conservadora, especialmente en lo que toca a la capacidad de decisión presidencial en cuestiones electorales. No obstante, hay coincidencia prácticamente general en establecer algún tipo de control.La ponencia, firmada en primer lugar por Manuel Villar Arregui, considerada oficialista en medios del partido, prevé algunos recortes en los poderes del presidente, señalando, entre otras cosas, que la capacidad de decisión en la confección de listas y programas electorales será atribuida al comité ejecutivo, que se reduce a dieciocho miembros de los 35 actuales.

Esta misma ponencia recoge la figura de dos adjuntos al secretario general y propone un régimen completo de incompatibilidades: en general, serán incompatibles los cargos unipersonales del partido con los de la Administración pública, desde el nivel del Gobierno éste excluido, hacia abajo. También reconoce la existencia de tendencias, aunque les prohíbe tener organización propia.

Entre otras, cabe señalar la existencia de tres ponencias que propugnan la regionalización del partido, procedentes de Cáceres, Sevilla y Badajoz. Esta última, firmada en segundo lugar por Enrique Sánchez de León, llega hasta proponer una federalización total del partido.

No existe, en cambio, ninguna propuesta concreta sobre sistema de elección del Comité Ejecutivo, y se interpreta en medios centristas que esta es una cuestión que todos los grupos reservan para la negociación cumbre, ya que en la composición del ejecutivo se plasmará la relación de fuerzas internas en UCD.

Las dos posiciones fundamentales serán elección por lista mayoritaria, que sería única en la práctica, o bien por sistema proporcional o mayoritario corregido, de modo que pueda concurrir más de una lista. Al parecer, durante la reunión que la comisión permanente celebró el pasado verano en las afueras de Madrid, donde se decidió el cambio de Gobierno, se llegó a un principio de acuerdo entre los barones centristas para que todos fuesen con el presidente en una lista única.

Este pacto parece haber perdido entidad, sobre todo por dejación de los democristianos, bien porque se sienten fuertes y se disponen a pujar por el sistema de varias listas, o bien porque consideran que el desarrollo posterior de la política ha sido injusto para ellos.

Como coincidencia general en las propuestas de ponencia se señala la primacía del ejecutivo sobre el presidente y la aceptación de una cierta regionalización a partir del consejo político. Las principales polémicas pueden darse en el reconocimiento de las tendencias, el papel de los parlamentarios y la homologación internacional del partido.

El resto de las ponencias se refieren a temas sectoriales, excepto la de estrategia, dentro de la cual puede incluirse la revisión del perfil ideológico de UCD. Para este tema se han presentado seis propuestas, entre ellas una firmada por el diputado segoviano Carlos Gila, que denuncia el incumplimiento de la política del partido respecto a la familia, y en concreto afirma que la reforma fiscal ha sido injusta con ella, y que el divorcio va contra la ideología del partido. Gila propone un referéndum nacional sobre el tema del divorcio.

Otra propuesta, que encabeza con su firma Antonio Rodríguez Reguera, de Cáceres, hace una fuerte crítica del partido, denunciando falta de cohesión interna, de transparencia, de contacto humano, democracia interna y eficacia burocrática. También se queja de las luchas personales para ocupar cargos, de la falta de presencia en la calle y la pérdida de imagen, así como de la inexistencia de un cuadro de incompatibilidades. Sobre esta última cuestión propone un total de doce enmiendas a los estatutos.