Duras críticas socialistas al texto de divorcio elaborado por la ponencia

El Partido Socialista Obrero Español ha criticado el proyecto de divorcio salido del estudio de la ponencia y ha decidido mantener todas sus enmiendas, entre ellas una a la totalidad. «El hecho de que el texto no contemple el divorcio de forma autónoma, mantenga la existencia de un proceso previo de separación, haya dejado en el aire el procedimiento a seguir en los casos de mutuo acuerdo, contenga una filosofía de culpabilidad y deje un amplio margen al arbitrio judicial, entre otras cosas, nos hace afirmar categóricamente que este no es nuestro texto», manifestaron a EL PAIS los ponentes socialistas Virgilio Zapatero y Antonio Sotillo.

Los socialistas opinan que «este proyecto de ley es bueno para solucionar los problemas de la tercera edad», como dijo el propio ministro Fernández Ordóñez, pero cara al futuro no es una ley presentable, afirma Antonio Sotillo, «Nos dicen que esta ley», sigue Sotillo, «es mejor que la italiana. ¡Faltaría más! Han pasado diez años y en Italia ya la están reformando. Y el texto que nos ocupa es peor que otros europeos, máxime conociendo nuestra Administración de justicia. ¿Qué va a pasar cuando, al día siguiente de la aprobación de la ley, el juez de primera instancia tenga sobre la mesa 4.000 casos? Que el juez redirá el finiquito».Los miembros socialistas de la ponencia que estudia el proyecto de disolución matrimonial entienden que «este no es el proyecto Cavero, algo se ha mejorado, y, de hecho, Cavero ya sugirió algunas de las modificaciones que se han hecho, pero permanece la filosofía del texto inicial», según palabras de Virgilio Zapatero, y manifiestan que sus principales discrepancias son las siguientes:

1. No hay divorcio autónomo. Se accede a éste o por un proceso de separación (artículo 86.1 y 2) o por plazos, a partir del cese de la convivencia (articulo 86.3 y 4), «lo cual no significa que se exija un proceso judicial de separación previa. ¡Hasta ahí podríamos llegar! No lo hay en ningún país del mundo», explica Antonio Sotillo.

2. «Nos parece muy grave la exigencia en los puntos 1 y 2 del artículo 86 del doble procedimiento, separación y después divorcio. Esto encarece enormemente el proceso. Dice UCD que nuestras diferencias de plazos son de tres meses, pero el procedimiento de incidentes dura tres meses en el texto; en la realidad es incalculable, depende de los juzgados. Si el ministro de Justicia es coherente con lo que nos dijo el pasado jueves en la comisión, de que algunos jueces tenían encima de la mesa 4.000 asuntos, exigir dos procesos es mucho dinero y mucho tiempo», afirman los socialistas.

3. «El tema del procedimiento en los casos en que haya mutuo acuerdo entre los cónyuges es clave y los ponentes desconocemos cuál puede ser la propuesta que nos hagan».

4. «Aún no nos han respondido si podrá pasarse del procedimiento de divorcio contradictorio al mutuo acuerdo».

5. «Seguimos manteniendo la enmienda de supresión del artículo 87, porque se continúa dando facultades al juez para denegar el divorcio. En realidad se ha articulado un proyecto muy judicialista y en la disposición adicional quinta se establece que podrá acordar pruebas de cualquier índole».

Los ponentes socialistas se oponen también a que se hayan establecido los catorce años como edad para contraer matrimonio y mantienen su propuesta de que sea a los dieciocho años, y a los dieciséis con emancipación o dispensa. Se preguntan «por qué se exige, en los casos de separación por mutuo acuerdo, que haya transcurrido un año de matrimonio y por qué se toma en cuenta la participación en los hechos" para fijar la pensión». «¿A qué viene esto?», dice Sotillo. «¿A colar por la ventana la culpabilidad que no entró por la puerta? ¿Qué tiene que ver la participación en los hechos con el desequilibrio económico?».

«También denunciamos por inconstitucional », afirma Virgilio Zapatero, la disposición adicional décima (los jueces civiles no podrán conocer una controversia sobre nulidad de matrimonio canónico mientras la misma cuestión esté pendiente de un órgano eclesiástico al que se hubieren sometido las partes de común acuerdo, que infringe el derecho y el principio de la libertad religiosa. ¿Qué pasaría si un litigante cambia de religión y no reconoce la jurisdicción eclesiástica?».

El ponente comunista Josep Solé Barberá señala en el nuevo texto el aumento de los criterios de igualdad entre el hombre y la mujer, ciertos criterios de mutuo consenso y la limitación de las facultades del juez para denegar el divorcio. No obstante, afirma que «la ley es laberíntica, el mutuo consenso de los cónyuges se recoge de forma tímida y no desaparece del todo la necesidad de culpabilidad de una de las partes». También critica la mezcolanza que se hace de los matrimonios civil y canónico.

Atribuciones de la Iglesia

La abogada feminista Cristina Alberdi coincide con gran parte de las criticas socialistas al texto estudiado por la ponencia. El hecho de que no se recoja el divorcio por mutuo acuerdo; la culpabilidad, que condiciona el derecho a la pensión o el ejercicio de la acción de divorcio; la multiplicidad de acciones, «sabiendo cómo funciona la justicia», y las facultades del juez para denegar el divorcio («antes decía "excepcionalmente" y ahora "por razones de extraordinaria gravedad"») hacen inaceptable el proyecto a ojos de la abogada feminista.Cristina Alberdi critica también que el proyecto esté determinado por los acuerdos con la Santa Sede, «sacados adelante con la colaboración de los llamados partidos de la oposición», y la «no separación Iglesia- Estado », que se concreta en aceptar los efectos civiles del matrimonio canónico («es casi grotesco que para cubrir las apariencias digan que también los tendrán los matrimonios de otras confesiones») y en la eficacia civil de las sentencias dictadas por los tribunales eclesiásticos sobre nulidades de matrimonios ratos y no consumados, entre otros aspectos.