La Dirección de la Seguridad del Estado acusa a los policías de cometer infracciones graves
La Dirección de la Seguridad del Estado (DSE) hizo pública anoche una nota, que constituye el primer pronunciamiento oficial sobre el conflicto de la policía. La nota estima que los dirigentes sindicales del Cuerpo Superior de Policía han cometido «graves infracciones reglamentarias», al hacer unas manifestaciones que son totalmente ajenas a los fines propios de la asociación policial.Afirma la nota que por esta razón se han cursado órdenes para no permitir el uso de los locales del sindicato, que están ubicados en dependencias policiales, «al haber sido utilizados para actos y reuniones evidentemente antirreglamentarios y que en algún caso pueden haber sido incluso presuntamente delictivos».
También informa la nota de la incoación de expedientes disciplinarios a los funcionarios autores de las manifestaciones, «sin perjuicio de que se exijan por vía penal las responsabilidades en que se haya podido incurrir».
Por último, la DSE afirma que hará lo necesario para impedir que funcionarios policiales vulneren las más elementales normas de su alta misión y pongan en grave peligro la seguridad de los ciudadanos, con la excusa de una acción sindical, al amenazar con la huelga. No obstante, la DSE muestra su respeto por el derecho de asociación, siempre que se ejerza dentro del marco estatutario y constitucional establecido. Finalmente, advierte que ampliará los expedientes y acciones penales contra los funcionarios que planteen sus reivindicaciones con medios irregulares.
Por otra parte, el Ministerio del Interior difundió anoche otra nota en la que se informa que el titular del departamento celebró ayer una reunión con «una amplia representación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que prestan servicio en las provincias vascas y Navarra, para analizar su problemática. En la reunión, según la nota del ministerio, «quedó patente, por exposición concreta de un inspector del Cuerpo Superior de Policía, que los miembros y fuerzas de seguridad del Estado no están dispuestos a hacer dejación de sus deberes profesionales en dichas provincias españolas, ni consideran admisible consulta popular alguna sobre su presencia en ellas».
