España solicita apoyo financiero a la CEE
El Gobierno español presentó ayer oficialmente una petición de colaboración financiera por parte de la Comunidad Económica Europea (CEE), a fin de que la Banca Europea de Inversiones (BEI) conceda a nuestro país un préstamo, de cuantía aún no determinada, que ayude a financiar el proceso de integración de España en el Mercado Común.
El embajador ante la CEE, Raimundo Bassols, hizo entrega de la solicitud formal al vicepresidente de la Comisión Europea encargado de las negociaciones para la ampliación de la CEE, Lorenzo Natali. Una copia de la carta fue enviada también al comisario Ortolí y al presidente de la BEI.
En la solicitud no se menciona la cuantía del préstamo que España consideraría adecuada, pero sí los cuatro sectores en los que se invertiría el dinero comunitario: energía, pequeña y mediana empresa, desarrollo regional y reformas de infraestructura. Quiere decirse que el préstamo afectaría también al sector privado y no únicamente al público. Fuentes oficiosas estiman que el Gobierno español, que inició ya hace varios meses contactos informales con las autoridades del BEI y con algunos comisarios de la CEE, baraja una cifra global de 20.000 ó 25.000 millones de pesetas.
El actual vicepresidente para Asuntos Económicos, Leopoldo Calvo Sotelo, inició, cuando aún se encargaba directamente de las relaciones con la CEE, contactos también informales sobre la posibilidad de obtener un protocolo financiero, fórmula de ayuda comunitaria que incluye créditos a fondo perdido. Los funcionarios consultados entonces rechazaron completamente dicha posibilidad por considerar que España no se encontraba en las mismas condiciones de desarrollo que Grecia y Portugal -países que lograron dicho protocolo- y que el acuerdo preferente que regula las relaciones hispano-comunitarias no permite tampoco el acceso de esa forma de ayuda y financiación.
La única posibilidad que quedaba abierta era la Banca Europea de Inversiones, que concede préstamos en las mejores condiciones posibles dentro del mercado internacional. El Gobierno español ha decidido seguir este camino.
De acuerdo con las normas comunitarias, la comisión deberá elaborar una propuesta en la que se fije el montante global del préstamo, el período de aplicación (España solicita que se entregue antes de la adhesión, puesto que su finalidad es ayudar a acondicionar la economía española al impacto de la futura integración), el tipo de interés (que es siempre fijo) y «el interés común», es decir, el criterio que deberá inspirar la posterior elección de proyectos a financiar. La aprobación definitiva es competencia del Consejo de Ministros de los nueve, pero una vez lograda esa aprobación será el Gobierno español quien tenga que enviar, con gran urgencia, la relación de proyectos que desea que financie la BEI. La Banca Europea correrá a cargo, como máximo, con el 50% del importe de cada proyecto concreto. El otro 50% debe ser cubierto por el Gobierno español o por otros procedimientos.
Según fuentes oficiosas, el plazo normal entre la solicitud de la «cooperación financiera» y la presentación de los primeros proyectos es de seis meses.
Aunque resulta imposible pre,decir el tipo de interés y el plazo de amortización que acordará el Consejo de Ministros de la CEE para la petición española (dependerá de las condiciones del mercado internacional en 1981), conviene recordar que el último crédito de este tipo, concedido a Grecia en diciembre de 1979, por un montante de 1.500 millones de pesetas, se firmó a un interés del 10,4% anual y un plazo de catorce años.
