El juez declara secreto el sumario de Herrera

El juez Eduardo Hijas, que instruye el sumario 22/79, sobre posibles torturas a los presos de la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), ha decidido declarar secreto para los querellantes dicho expediente judicial durante un período de treinta días, el tiempo máximo permitido por la ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el auto, el juez Hijas justifica tal decisión en base a que las noticias publicadas en la Prensa sobre el tema de Herrera «no siempre se ajustan a la realidad que resulta de las actuaciones sumariales, pudiendo formar un estado de opinión pública equivocado o deformado, en contra», añade, «de los principios que deben inspirar a una sociedad democrática, la que -es evidente- tiene derecho a conocer toda la realidad, no manipulada, que resulte de las investigaciones sumariales, pero en el momento procesal oportuno».El «momento procesal oportuno» no es, según el juez Hijas, el presente mes, precisamente cuando se va a practicar la rueda de reconocimiento de presos a funcionarios, recientemente solicitada por el fiscal y ordenada por la Audiencia. Esta coincidencia entre la práctica de una prueba tan importante para el sumario y la declaración de secreto ha sido calificada por uno de los abogados denunciantes, Jaime Sanz, como «una ironía, cuando menos».

Con esta decisión judicial, la. acción. popular que venían ejerciendo los abogados querellantes, y para cuya ejecución pagaron la suma de tres millones de pesetas, queda anulada durante los citados treinta días.

El sumario de Herrera de la Mancha fue secreto desde su inicio, el 5 de octubre de 1979, hasta el 14 de enero de 1980, fecha en la que los 36 abogados querellantes pagaron una fianza de tres millones de pesetas para poder personarse en él y ejercitar la acción popular. Tras la declaración de secreto, los abogados no tienen opción a informarse sobre la diligencia de la rueda de reconocimiento, aunque el juez sí les permite personarse en la práctica de otra prueba pendiente, la ampliación de las declaraciones de determinados funcionarios, siempre y cuando «guarden total y absoluto secreto sobre ellas».