La singular autonomía del País Valenciano

Posiblemente casi nadie se ha parado a pensar, ni tampoco importa en demasía, que en los redactores y negociadores del Estatuto valenciano se encuentran, hasta hoy, entre otras personalidades, un vicepresidente del Gobierno, dos ministros, el secretario de Estado para las Autonomías, el presidente de la Comisión Constitucional, el de Suplicatorios, el de Emigración y un largo etcétera.En las filas de la oposición existen sectores, tanto en el PSOE como en el PCE, de tradición autonomista impecable, e incluso personas que han defendido, y defienden, el nacionalismo valenciano.

A pesar de este cuadro, es la autonomía que aparece como una de las más retrasadas y en la que, al menos aparentemente, más dificultades existen. ¿Por qué? Nada mejor para intentar ser imparcial, dentro de un orden, que narrar los hechos.

Valencia ha tenido una larga tradición autonómica. Siempre que ha habido en la historia de España hálito de libertad se ha despertado el deseo de los valencianos de recobrar antiguos fueros y los órganos de autogobierno, desde que los perdió en 1707.

Durante la campaña electoral del 15 de junio de 1977, no hubo mítines ni manifestaciones en los que no se usara la palabra autonomía. Y no existió en España, incluyendo Cataluña, una concentración tan cuantiosa como la que se celebró en Valencia el 9 de octubre de 1977, día de la fiesta nacional.

El Consell se creó en abril de 19713, en el Puig de Santa María, como consecuencia de las elecciones de 1977, fue un minigobierno de concentración. Más tarde fue disuelto, como resultado de las elecciones de 1979 (ya entonces nos preguntábamos para qué servían estos nuevos comicios). En el nuevo plenario de los parlamentarios del 1 de marzo de 1979, se había igualado el número de socialistas con los de UCD (¡Quién lo iba a decir! El partido comunista actuaba de bisagra). El plenario sólo se reunió una vez, y ni siquiera llegó a elegir una mesa definitiva.

Nos encontrabamos entonces en una situación muy singular, porque, de acuerdo con el Real-Decreto 1011978, el presidente del Consell, al ser elegido entre los parlamentarios, gobernaba en minoría, puesto que la mayoría la tenía UCD con los consellers provenientes de las diputaciones. Es decir, que del total de dieciocho consellers, diez pertenecen a UCD, siete al PSOE y uno al PCE.

De acuerdo con la Constitución, el 25 de abril de 1979 se empezó la iniciativa autonómica, a la que se adhirieron las diputaciones y las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las tres provincias, representando, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas.

El presidente del Consell entregó documento notarial, en el que se recogía este hecho, al presidente de las Cortes y al Gobierno, a través del ministro de Ordenación Territorial. La, respuesta fue el silencio por parte de las Cortes y del Gobierno.

Las dificultades del presidente Albiñana, al querer gobernar en minoría, fueron cada vez mayores, y no tuvo más remedio que dimitir el 22 de diciembre de 1979. A finales de otoño del mismo año empiezan unas negociaciones entre el PSOE, el PCE y UCD, que llegan a pudrirse antes de que la fruta hubiera madurado.

La guerra de los artículos

No podemos, por otra parte, silenciar lo que ocurrió en un día cualquiera de enero de 1980, en el que el consejo político de UCD decidió declarar que la única vía que proponía para el inicio de todos los procesos autonómicos era la que se señala en el artículo 143. Soy de la opinión que esta declaración urbi et orbe era extemporánea y fuera de todo lugar. La guerra de los artículos había empezado.

Al mismo tiempo, se acababa de debatir la ley para las distintas modalidades de referéndum, en la que se ponían más trabas al logro autonómico. Este proyecto de ley fue pactado entre el PSOE y UCD con muy pocos retoques al proyecto inicial, pero con la condición de que el referéndum andaluz se celebrara el 28 de febrero. Los resultados son de todos conocidos.

Pero volvamos, una vez más, al País Valenciano. En los últimos cinco años se han redactado más de seis estatutos. No hay nada que se, parezca más a un estatuto de autonomía que otro estatuto, por tanto, los motivos de discrepancia entre UCD, PSOE y PCE son fácilmente detectables.

Los más importantes son: los símbolos, el sistema electoral, la relación entre una nueva remodelación del Consell y la Asamblea parlamentaria, órganos de autogobierno provisionales hasta 1983.

Después de la guerra de los artículos y de las inacabadas negociaciones, comenzó el silencio. De ahí que exista una cierta expectativa ante la reunión de la ejecutiva de UCD, que celebra su próxima reunión hoy en Alicante, donde se debería tomar una posición definitiva sobre la materia.

Dada la composición del Consell y de las diputaciones, UCD podría redactar el Estatuto, no sin dificultades, con arreglo al apartado segundo del artículo 143, el 144 y el 146.

Otra de las posibilidades es no llegar a ningún compromiso, dejar las cosas como están hasta 1983. El presidente del Tribunal Constitucional, don Emilio Attard, conjuntamente con el Partido Nacionalista Valenciano, han declarado que existen serias dificultades constitucionales para que el Consell permanezca.

Claro está que esto último a lo mejor se puede subsanar con una tercera o cuarta lectura de la Constitución, como dirían los estructuralistas marxistas.

Cabría una tercera solución, que es la del pacto. Es decir, llegar a un acuerdo que, personalmente, no lo considero dificil, entre los símbolos y el sistema electoral. En ambas materias se había llegado casi a un compromiso a finales del año 1979, pero por decisiones, que más vale no precisar, no llegó nunca a plasmarse. Hoy las posturas están más radicalizadas.

Difícil equilibrio, por otra parte, sería encontrar un Consell y una Asamblea que satisficiera a todos los partidos de forma provisional hasta 1983, pero existen fórmulas que dan una solución al problema. Depende de la voluntad negociadora de las partes. He ahí donde hay que buscar el nudo gordiano de la cuestión, y no en otro sitio, porque un estatuto que no está pactado, de poco o nada va a servir.

¿Cómo acabará este embrollo valenciano, al que no le falta color ni pólvora? Ese es otro capítulo que puede empezar el lunes próximo o no empezar. Ni se sabe tampoco cuándo va a terminar esta situación comatosa.

Una última consideración. Si todo el problema de España fuera la construcción de un Estado autonómico, estaríamos viviendo en el más feliz de los mundos posibles. Las autonomías tienen que construirse, a ser posible, todas al mismo tiempo porque, contrariamente, sumaríamos gastos en lugar de restar y llegaríamos a una burocracia todavía más gravosa e ineficaz que la que tenemos actualmente. Así, por ejemplo, una vez acabadas todas las autonomías, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a lo mejor quedarla reducido a dos tercios. Parece que, además de todos los problemas que tenemos planteados, estamos creando otro suplementario, cuya solución es relativamente fácil.