PSOE y UCD, enfrentados por la presencia de las autonomías en el sector público

La participación de la futura comunidad autónoma asturiana en las empresas públicas radicadas en esta región es uno de los puntos que más separan las posiciones de los partidos mayoritarios, PSOE y UCD, en los textos enviados a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que próximamente designará la ponencia para el inicio de los trabajos parlamentarlos del Estatuto de Autonomía asturiano, que habrá de ser aprobado como ley orgánica. Frente a la tesis de que las comunidades autónomas solamente podrán participar en las empresas públicas en la medida en que participen también en su capital, defendida por el ministro de Industria, Ignacio Bayón, y el presidente del INI, Juan Miguel de la Rica, PSOE y UCD plantean la necesidad de introducir la variable regional en la empresa pública estatal radicada en Asturias, aunque con notables diferencias en los planteamientos de ambos partidos.Actualmente, más de 55.000 personas, aproximadamente el 40% de la población activa industrial, trabajan en Asturias en la empresa pública, la cual acapara el 45% del valor añadido bruto (VAB) de esta región. El INI, que ha realizado en Asturias un tercio de su inversiones, creó unos puestos de trabajo bien remunerados, hasta e punto de que buenos fresadores y torneros abandonarían a los empresarios privados para entrar como peones en Ensidesa.

Propuestas de la izquierda

El texto del anteproyecto de Estatuto de Autonomía, aprobado por el PSOE y PCE, establece en el Principado que proponga un tercio de las personas que hayan de formar parte de los órganos de gestión o administración de las empresas públicas por designación del Esta do, organismos autónomos u otras entidades de derecho público que participen en ellas. Según la pro puesta de la izquierda, el Principado emitirá dictamen preceptivo, con carácter previo a la adopción por el Estado de acuerdos que impliquen modificaciones sustancia les en su estructura empresarial industrial o de empleo, traslado de centros de trabajo de las áreas geográficas o implantación que afecten significativamente a la socioeconomía de la región.Por su parte, UCD opta por una solución más ambigua, próxima a la del estatuto catalán, según la cual el Principado de Asturias participará en el sector público económico estatal radicado en su territorio, en los casos y actividades que procedan, de acuerdo con la legislación general del Estado. La izquierda y UCD coinciden, sin embargo, en atribuir a la comunidad autónoma la facultad de elaborar y remitir al Gobierno informes, estudios y propuestas relativos a las empresas públicas o a su incidencia en la socioeconomía de la región, que darán lugar a la resolución motivada del Ejecutivo, de los organismos o entidades titulares de la participación en dichas empresas. En su reciente visita a Asturias, el ministro de Industria, Ignacio Bayón, ratificó las declaraciones del presidente del INI, Juan Miguel de la Rica, según las cuales las empresas públicas son sociedades anónimas que no prevén otra vía dé participación en la gestión, más que a través del capital.