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UCD reformará los aspectos conflictivos del Estatuto gallego

Unión de Centro Democrático (UCD) anunció ayer en Santiago de Compostela su voluntad de conseguir un compromiso «público, político y jurídico» sobre los aspectos más conflictivos del Estatuto gallego.Los centristas gallegos declararon en el transcurso de una conferencia de prensa que están dispuestos a aceptar cualquier fórmula legal viable para dar forma jurídica a reformas sobre algunos de los puntos en los que la oposición fundamenta su rechazo al Estatuto: disposición transitoria tercera, funciones de las diputaciones provinciales, nivel de competencias y obligatoriedad de contar con el respaldo del 3% del electorado para acceder al Parlamento autónomo.

«Queremos hacer lo posible», dijo, a modo de propósito general el presidente del comité regional de la UCD gallega, Manuel Iglesias, «para que Galicia obtenga una autonomía plena y máxima dentro de los techos que marca la Constitución».

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UCD propone una campana unitaria con los partidos que apoyen el estatuto de autonomía

Viene de primera página

El presidente del comité regional centrista pormenorizó poco después esta declaración de intenciones y propuso en nombre del comité soluciones de compromiso para cada uno de los aspectos del texto estatutario sobre los que la oposición autonomista viene manteniendo discrepancias. La disposición transitoria tercera, principal motivo de disidencia entre la oposición y el partido del Gobierno, fue, sin embargo, el punto tratado de forma más ambigua.

Manuel Iglesias se limitó a reiterar la interpretación centrista según la cual la transitoria «no condiciona el ejercicio de las competencias autónomas a ninguna de las leyes mencionadas en ella». De acuerdo con el punto de vista del comité gallego de UCD, las leyes del Estado se aplican con carácter general, y en el caso específico de la disposición tercera únicamente se plantearían problemas de concurrencia cuando coincidiesen con otras autónomas del mismo carácter.

El artículo 30 fue despachado en términos de similar vaguedad. El comité se limitó a acordar, como promesa de cara a la negociación, que las competencias económicas definidas en este apartado no tengan un alcance inferior a las que se contienen en los estatutos de Cataluña y Euskadi.

La concreción sería algo mayor en el tema de las diputaciones, para las que el comité regional de UCD prevé una coordinación «esencialmente presupuestaria». Los dirigentes centristas gallegos afirmaron que no se opondrían por último a que el futuro Parlamento autónomo suprimiese la barrera del 3% del censo establecida como límite para obtener escaños por el actual texto del estatuto.

Iglesias, que simultanea la presidencia de UCD de Galicia con el decanato del Colegio de Abogados coruñés, aseguró que el partido centrista aceptaría cualquier fórmula legal viable para dar forma jurídica a las reformas del estatuto que estos puntos podrían imponer. Descartó, sin embargo, por lo que pudiera tener de «precedente funesto», la aprobación de una ley que modificase el texto desde las Cortes.

El presidente del comité gallego de UCD aseguró, por otra parte, que el compromiso «público, político y jurídico» que desea se establezca con la oposición en base a estos puntos, deberá ser asumido también por el Gobierno. De hecho, las conclusiones aprobadas por el órgano regional centrista serán presentadas a Suárez mañana en su residencia vacacional de El Grove.

Manuel Iglesias declinó cualquier responsabilidad unilateral de UCD sobre la fecha de convocatoria del referéndum. «Quienes tengan interés, precisó, deben decirlo, entendiendo como nosotros lo hacemos que aquellos partidos que asuman el compromiso deberán desarrollar una campaña unitaria de cara al referéndum, tras solicitar al Gobierno su convocatoria».

El Partido Galleguista ha sido el primero en reaccionar ante las decisiones adoptadas por el comité regional de UCD. Los nacionalistas moderados han convocado para hoy mismo una conferencia de prensa en la que darán a conocer su postura definitiva frente al estatuto.

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