La CEE no quiere fijar sus condiciones previas para la adhesión española hasta después del verano
La quinta reunión a nivel de ministros entre España y la Comunidad Económica Europea cerró el pasado lunes en Bruselas lo que debería haber constituido la primera fase de negociación hispano-comunitaria. Las vacaciones veraniegas se alcanzan, sin embargo, sin que la CEE haya podido o querido terminar esta fase, la más simple, que se denomina «de visión de conjunto», y que supone la mera fijación de posiciones previas por parte de los dos interlocutores en todos y cada uno de los capítulos que integran la política comunitaria.
El ministro español para las Relaciones con las Comunidades Europeas acudió a la capital belga con un documento que fijaba claramente la posición del Gobierno Suárez sobre la futura marcha de las negociaciones a partir del próximo mes de septiembre: no pueden existir condiciones previas, no existen «sectores prohibidos» y la negociación debe desarrollarse globalmente, incluyendo el capítulo agrícola y el de la pesca, los dos más delicados e interesantes desde el punto de vista de los intereses españoles.Calvo Sotelo esperaba con interés la respuesta comunitaria, un documento de tres páginas que, a su juicio, ha disipado las dudas sobre el futuro de la negociación. La declaración de la CEE permite, sin embargo, distintas interpretaciones, siguiendo la costumbre comunitaria de mantener márgenes de ambigüedad suficientes como para que los nueve puedan presentarlo después en sus respectivos países como un logro nacional.
En esta ocasión, la CEE ha extremado su prudencia. Ofrece árnica al Gobierno Suárez, afectado por las declaraciones del presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, y de su primer ministro, Raymond Barre, sin que ese árnica suponga ninguna auténtica «cura» para la situación actual.
«No hay veto, no hay par¿in ni pausa». El Gobierno Suárez, puede participar ya del «juego comunitario» y presentar un triunfo. Pero sucede que Francia no ha sugerido nunca un veto parecido al que De Gaulle planteó ante Gran Bretaña. La pausa ha existido, y ha existido antes, incluso, de que Giscard la planteara indirectamente ante la asamblea de agricultores galos. El documento Gundelach, en el que se fija la posición de partida de la CEE frente al espinoso problema de la agricultura española, fue retrasado en novíembre del año pasado hasta casi abril de este año y aún no ha sido refrendado por el Consejo de Ministros.
El árnica de la CEE puede llegar, incluso, hasta dar «luz verde» a un documento agrícola el próximo otoño. Así parece desprenderse de la declaración de Gaston Thorn. Falta por ver cuál es el contenido del documento. Ya en un tema menos problemático, pero también importante -el capítulo social-, la comisión preparó un informe duro y amplio que el Consejo de Ministros redujo a una especie de folleto de divulgación sobre las normas internas de la CEE. La maniobra puede repetirse en otoño, pero difícilmente se podrá engañar a nadie: la «visión de conjunto» puede finalizar con un simple intercambio de álbumes de cromos y así habría que reflejarlo.
La declaración comunitaria del pasado lunes no supone ninguna promesa: se afirma que se respetará el ritmo previsto para «completar el ejercicio de identificación de problemas en los dos capítulos no abordados», pero ese ejercicio no supone automáticamente una negociación. Se habla además de « importantes trabajos preparatorios» dentro de los nueve. «Preparatorio» es una palabra con gusto retardatario. «Preparar» es disponerse para ejecutar algo, no la acción de ejecutar.
¿Quiere decir todo esto que los nueve respaldan la posición francesa, dispuesta a bloquear completamente el expediente agrícola español hasta que se haya llegado a una solución satisfactoria para ella de los actuales problemas internos de la Comunidad? Por lo pronto, bastaría que Francia sólo estuviera firmemente decidida a ello para que el expediente español «durmiera» el tiempo necesario.
Francia está, probablemente, en estos momentos, bastante sola, pero su actitud «profunda» -no la forma electoralista en que la ha planteado- es comprendida por otros países. El caso de Gran Bretaña está lo suficientemente cerca como para que todos sepan que, una vez dentro de la Comunidad, todo es revisable. España tendría, según las actuales normas, el mismo poder de veto que sus once compañeros. Y ya se ha visto con la señora Thatcher lo eficaz que pueda resultar un uso audaz de ese poder de veto.
Para los ocho -Francia excluida-, lo deseable es tranqullizar a España, aconsejarla que actúe con pragmatismo, sin actitudes numantinas que provoquen nuevas reacciones galas. Al fin y a la postre, el tratado de adhesión de España tendría que ser ratificado en 1982, según el actual calendario, por el Parlamento francés. Frente a Francia, los ocho aconsejan también tacto; debe ceder, permitir que se, abra el expediente agrícola al menos formalmente y en aspectos laterales. La labor de moderación la desempeñará la República Federal de Alemania, interesada en la adhesión de España no sólo por razones altruístas, sino por el mercado de 35 millones de habitantes dispuestos a consumir productos industriales sofisticados.
«En la Comunidad Económica Europea todas las armas valen», decía hace poco a EL PAÍS Ferninand Spaak, nuevo director general encargado de la ampliación. Pero valen más, sin duda, armas de valor económico y comercial que lloriqueos políticos. España, si quiere presionar «dulcemente» a Francia -el encono no llevaría a ninguna parte-, debería buscar otras armas que la mera acusación de tratarnos mal, de tratarnos como cuando España era una dictadura franquista.
La Comunidad Económica Europea se conoce también como «Mercado Común», con todo lo que ello implica, y no como «demócratas benéficos unidos».
