Rumasa y el Banco de Descuento, dispuestos a llegar hasta el fin por la vía judicial

A primera hora de hoy, representantes del Juzgado número 12 de los de Madrid se personarán en el Banco de Descuento, con objeto de proceder a la ejecución de dos avales ejecutivos a instancia del Banco de Jerez contra el Banco de Descuento. Según fuentes de este último, el requerimiento de pago de ambos avales, por un importe total de 132,8 millones de pesetas, será afrontado por el banco mediante el correspondiente ingreso en la Caja General de Depósitos, para proceder a continuación a iniciar el trámite de oposición a estas diligencias. El plazo para oponerse viene a ser de unos diez días naturales a partir de hoy.

Fuentes del Banco de Descuento manifestaron ayer a EL PAÍS que los motivos por los cuales esta entidad se opondrá serán los mismos que los expuestos en su día por la sociedad Castellana 13, vinculada al banco, cuando hubo de enfrentarse a dos ejecutivos presentados por el Banco Peninsular, del gupo Rumasa, al igual que el Banco de Jerez. En aquella ocasión, los tribunales dieron la razón a Castellana 13 y dejaron sin efecto la demanda del Banco Peninsular.

Capacidad de aval

De acuerdo con las impresiones obtenidas ayer por EL PAÍS en medios próximos a ambas entidades, el litigio entre ambas partes va a tener una larga vida en los tribunales de justicia, ya que por ninguno de los dos protagonistas parece existir, por el momento, ánimo de negociación, sino el de llegar a las últimas consecuencias por la vía judicial. Ambas partes son unánimes también en reconocer la complejidad de los procedimientos abiertos y en ciernes y de la larga duración de todo este proceso.Uno de los puntos más controvertidos del litigio es el que se refiere a la capacidad de aval del firmante de la operación. Las letras que en su día aceptó la sociedad Castellana 13 para la recompra, del paquete de acciones del Banco de Descuento a Rumasa fueron avaladas por el Banco de Descuento. En nombre y representación de esta entidad firmó el entonces consejero delegado, Jorge López-Dóriga y Tovar. Rumasa requirió por vía notarial la validez de tales poderes, que fueron confirmados por un notario de Madrid, quien certificó que el señor López-Dóriga tenía «faIcultades bastantes» para la firma de los avales. Copia de este documento fue facilitada ayer a EL PAÍS por Rumasa. El Banco de Descuento, por otra parte, a través de un portavoz autorizado manifestó que, en efecto, el señor López-Dóriga contaba con todos los poderes de la sociedad, excepto, precisamente, los de firmar avales. No ha sido posible confirmar este extremo en las mismas condiciones que el anterior. El señor López-Dóriga no desempeña en la actualidad tareas ejecutivas en la sociedad, aunque sí pertenece al Consejo de Administración.

Contenido del contrato

Otro de los temas sobre los que se van a centrar las desavenencias entre ambas partes es respecto a la interpretación del contrato de recompra de las acciones por parte de Castellana 13 a Rumasa.En este documento se señalaba que en el momento de la notificación por parte de Castellana 13 de su intención de no quedarse con las acciones del Banco de Descuento, Rumasa se quedaría con ellas, devolviendo todo el dinero cobrado hasta entonces. Pero el contrato daba a Rumasa la posibilidad de solicitar información, en un plazo de sesenta días, al Banco de Descuento sobre la situación real de dicho banco.

Según fuentes de Rumasa, se confeccionó un amplio cuestionario para que el Banco de Descuento contestara a todos los interrogantes. En este momento, las versiones de ambas partes difieren sensiblemente, ya que, mientras Rumasa considera que las contestaciones no fueron satisfactorias, fuentes del Banco de Descuento señalan que el cuestionario fue correctamente cumplimentado, aunque no de forma completa, pues algunas de las preguntas descendían, a su juicio, a detalles «insignificantes», como salarios de personas, etcétera. El intercambio de estos documentos, según manifiestan ambas partes, fue realizado siempre por vía notarial. El arbitraje de este punto de desacuerdo estaba previsto que fuera realizado por una persona neutral que, al parecer, nunca ha sido designada. La información sobre el Banco de Descuento fue facilitada a Rumasa el día 13 de julio del pasado año. Esta última contestó al cabo de 86 días, por conducto notarial, que consideraba «totalmente insuficiente e incompleta la información facilitada ».