La asamblea general de la "Caixa" decide hoy la continuidad de su presidente
Hoy tiene efecto una reunión de la asamblea general de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares (CPVA), a la que UGT solicitó ayer, en nota oficial, que «asuma la totalidad de la responsabilidad en decidir sobre la renovación de los vocales del consejo, que, en buena lógica, deban elegir al nuevo presidente». De esta forma, tanto UGT como CC OO ya se sitúan en un plano de total rechazo a la elección de Salvador Millet por el consejo de administración, que, como vuelve a afirmar UGT, estaba «compuesto por vocales dimisionarios».De todos modos, la posibilidad de una reacción por parte de la asamblea general -en teoría, el órgano superior; en la práctica nada beligerante- es muy pequeña. Elegida por un sistema de compromisarios basado en el sorteo entre los impositores, su composición muestra aspectos de difícil admisión.
Resulta que el número de impositores es de tres millones, teóricamente elegibles compromisarios y miembros de la asamblea general (150 personas). El número de empleados de la caja es de unos 4.000. De lo cual se desprende que la relación numérica entre el número de empleados de la caja y el de impositores es próxima al uno de cada mil. Pero luego sucede que entre los elegidos, a partir del sorteo teóricamente neutro, se da un 12% de empleados de la caja, incluidos muy altos cargos, así como familiares o personal jubilado de la misma. La proporción de uno cada mil entre los elegibles se convierte en un 12% en los elegidos, según lista nominal en poder de este diario. De ahí un punto de vivo interés en orden ala perpetuación del Poder establecido en una institución cuyo único capital es el de los imponentes.
Por vez primera, UGT se pronunció ayer sobre tan sorprendente resultado, de lo que tecnicamente es un azar. «La manipulación», afirmó en nota oficial, «producida en el proceso electoral para la nominación de consejeros generales, con una presencia aleatoria de empleados y familiares que desafía las más elementales reglas del cálculo matemático de probabilidades, exige un planteamiento honesto y valiente».
Por tan peculiar camino electoral resultó incluso que el responsable del proceso, de elección, el entonces subdirector general de delegaciones, figura aún hoy en día como miembro de la comisión de control de la institución, como simple representante de los impositores.
Fuentes sindicales también se refirieron a la circunstancia que el presidente saliente, Narciso de Carreras, hubiese sido nombrado consejero de Campsa casi paralelamente a su salida de la CPVA. A partir de ello argumentaban acerca de los posibles intereses de altas instancias del Gobierno en mantener la situación preexistente en la institución. Pero este argumento pierde valor ante el hecho de que el Banco de España haya solicitado la remisión de una copia del acta de la reunión en que se eligió a Millet.
Pese a la importancia del terna -se trata de la primera institución financiera catalana-, hay que indicar dos grandes silencios: por un lado, el de la Generalidad, a cuyos derechos aluden los sindicatos, mientras el Gobierno autónomo guarda un sorprendente silencio. No obstante, el consejero de Finanzas, inasequible a la Prensa, prepara en absoluto silencio un decreto que básicamente establecería la transmisión al órgano autonómico de las potestades de tutela, que hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía eran competencia del Ministerio de Economía, a través del Banco de España. El otro silencio es el de la prensa catalana en general. En este sentido fuentes sindicales recordaron que la CPVA es la principal generadora de publicidad a la prensa de Cataluña, muy por delante de cualquier otra empresa o institución.
