Fuertes controles policiales y suspensión del derecho de reunión en Suráfrica

Las autoridades surafricanas prohibieron ayer todo tipo de reunión política y se han multiplicado los controles de policía por todo el país. Estas medidas han sido tomadas justamente en vísperas del cuarto aniversario de los disturbios antirracistas de Soweto, que ocurrieron el 15 y 16 de junio de 1976 y costaron la vida a más de seiscientas personas.

ENVIADO ESPECIAL, El primer ministro surafricano, P. W. Botha, advirtió el viernes en el Parlamento, al terminar el actual período legislativo, que se equivocan quienes menosprecian «la determinación del Gobierno para hacer frente al creciente radicalismo y violencia».En un ambiente parlamentario marcadamente victoriano, que no impide a sus señorías gritar e interrumpir a los adversarios cuando hablan, mientras las esposas de los diputados aprueban desde el piso superior a sus maridos, o algunos líderes negros contemplan los debates silenciosos, a un lado del público invitado, el jefe del Ejecutivo previno contra los que comparan Zimbabue con Suráfrica. «Nosotros», dijo, «no gobernamos desde una posición de debilidad ni estamos apoyados por pusilánimes».

Estas llamadas al orden tienen lugar en medio de una fricción racial en auge y cuando el Parlamento discute un proyecto del Gobierno para modificar la Constitución y permitir una mínima participación de otros grupos raciales, que tanto la población negra excluida como la oposición parlamentaria blanca han considerado absolutamente insuficiente.

Para conmemorar el cuarto aniversario de los sucesos de 1976 en Soweto, la población negra ha decidido boicotear el trabajo a partir del lunes, lo cual aquí parece un desafío sin precedentes. La policía anunció que está dispuesta a hacer frente a cualquier contingencia, y en numerosas ciudades como Durban, Port Elizabeth, Johannesburgo, Pretoria, Ciudad del Cabo, se han prohibido las reuniones políticas. Este boicoteo al trabajo se une al de las clases mantenido por los alumnos negros desde hace ya casi seis meses en demanda de una igualdad en los sistemas educacionales para blancos y negros.

Los atentados ocurridos desde primeros de año y el sabotaje del 1 de junio de la refinería Sasol comienzan a crear una psicosis de terrorismo que se atribuye al comunismo internacional y que está llevando, en aparente contradicción con las necesidades del momento, a una radicalización del Gobierno. La televisión muestra éstos días imágenes del despliegue militar en territorio angolano, así como los muertos del SWAPO, que según cifras oficiales fueron más de doscientos.

Como testimonio de esta radicalización, el Gobierno se propone aprobar con carácter urgente dos nuevas leyes, una llamada ley Nacional de Puntos Estratégicos, que permitirá medidas excepcionales en relación con instalaciones e instituciones vitales, y una nueva disposición que viene a unirse a las casi cien que limitan la libertad de Prensa, en virtud de la cual, y so pena de ser condenada a tres años de prisión firme, los periodistas no podrán publicar ni facilitar información relativa a sabotajes y terrorismo.

Las discusiones principales hoy día entre los blancos surafricanos conciernen, sin embargo, a las enmiendas a la Constitución, propuestas que consisten esencialmente en sustituir una de las dos actuales Cámaras, probablemente el Senado, por un consejo presidencial en el cual tendrían cabida, por primera vez en la historia de este país, con carácter consultivo, representantes de los hindúes y gentes de color.

Sin embargo, los negros, que con dieciocho millones constituyen el 80% de la población, han sido excluidos de dicho consejo al prever para ellos el Gobierno otro aparte. Los líderes negros tradicionales, en particular el jefe Gatsha Butelezi, han rechazado ambos consejos por considerarlos discriminatorios.

La oposición parlamentaria blanca representada por el partido general progresista, también se opone a ello, por considerar que con esa decisión el partido nacional gobernante ha frustrado todas las expectativas de cambio concebidas al principio de este período legislativo.