Los inmigrantes españoles son el 58% de la población y carecen de derechos políticos y sindicales

Según las últimas estadísticas andorranas poseen la nacionalidad del país 7.900 personas, lo que constituye cerca de tan sólo un 30% de los residentes. Un 58% del total de residentes (16.500 personas) son españoles. De estos españoles, el 51% proceden de Cataluña, y el 4% del País Valenciano o las islas Baleares, lo cual arroja un 55% de inmigrantes catalanohablantes. Sobre el total de los inmigrantes, sólo el 7,7% son franceses, y un 4%, de diferentes países. El total estimado de andorranos e inmigrantes era, en 1975, de 26.500 personas. Los inmigrantes carecen de todo derecho político, cívico o sindical. Con esta carencia de derechos políticos por parte de la mayoría real de la población resulta, por ejemplo, que el alcalde de la capital fue ele gido el pasado diciembre con sólo 397 votos, que, en casos, son obte nidos por métodos comparables con los caciquiles.Por parte de las autoridades autóctonas, la voluntad de integración de la población no andorrana es nula. Existe, simplemente, lo contrario: un deseo general de someterlos a un duro control, unida a la simple expulsión (ya reflejado todo ello en un proyecto de decreto), así como continuar negándoles toda posibilidad de derecho de asociación sindical y como complemento, aún más grave, continuar sin crear una escuela pública andorrana, en lengua catalana (que es la oficial), único camino para unificar el país.

El catalán, ignorado

Ahora existen escuelas francesas y españolas dependientes de los respectivos Gobiernos. Las primeras gozan de un mayor prestigio. La existencia de dos sistemas crea todo tipo de enfrentamientos entre los propios escolares. Las clases de catalán son mínimas. Una, dos o tres horas semanales, y desde hace muy poco. En escuelas francesas, el pasado año, se daba incluso tan sólo una horade catalán quincenal. La escuela, pues, no sirve ni tan siquiera para formar cuadros de una Administración cuya lengua es el catalán. Como resultado, textos oficiales andorranos, desde luego en catalán, aparecen plagados de faltas de ortografía.

«En Andorra», afirmó una fuente, «sólo interesan las actividades que son rentables. Como la enseñanza no lo es, no interesa». El 6 de mayo de 1978, el prestigioso semanario británico The Economist informaba que la Fundación Rey Faisal, de Arabia Saudí, iba a crear una «universidad de estudios árabes» en Andorra. Los andorranos inicialmente lo vieron con agrado, pero después el tema no prosperó.

Tampoco hay interés público y cultural respecto a las dos radios -muy rentables y concedidas a empresas privadas- que existen en Andorra. Una (Sud Radio) está en manos francesas. Otra (Radio Andorra), en manos españolas. Ambas retransmiten en francés y en castellano.

Españoles sin protección

Los sueldos de los inmigrantes no son particularmente altos, sino, incluso, más bajos que en Barcelona, si bien el coste de la vida es menor.

El día festivo es rotatorio. El despido, libre. Una profesora de catalán de Barcelona está tramitando ante la OIT una denuncia contra las autoridades andorranas, debido a la inexistencia de una jurisdicción laboral propia. La Seguridad Social, de reciente creación, es muy rentable para las autoridades andorranas, que además juegan con sus fondos en el mercado financiero internacional.

Los españoles carecen de toda protección consular -ya que no hay consulado-; tampoco pueden gozar de los beneficios de exención del servicio militar por residir en el extranjero (y como las empresas no están obligadas a guardarles el lugar de trabajo, el ir a la mili equivale a perder el trabajo).

Además no se reconoce el subsidio de paro español -que beneficia a los emigrantes-, por no haber consulado donde tramitarlo. Para protestar haría falta un sindicato. Como no lo hay, los inmigrantes crearon una agrupación, no reconocida legalmente en Andorra -pero sí por España- denominada Asociación de Residentes en Andorra, cuyo presidente es del PSC-PSOE, y en cuya dirección participa un miembro del PSUC.

La falta de legislación moderna repercute en contra de las clases populares. Este diario tuvo acceso a un contrato-tipo de arrendamiento que, sin duda alguna, sería calificado de leonino en cualquier país democrático y con un poder judicial independiente. Es un contrato a plazo predeterminado (un año en principio), no permite ni tan siquiera «pintar las puertas interiores del piso» ni tener en la vivienda alquilada perros ni animales domésticos de ningún tipo», « ni tender la ropa en los balcones ni en las ventanas de la fachada, como tampoco colocar en los mismos macetas». Asimismo, el arrendatario «se compromete a no hacer oposición de ningún tipo» a una orden de desahucio.

Como además de faltar una ley de arrendamiento tampoco hay un método para calcular el incremento del coste de la vida, sucede que, según fuentes (o víctimas) directas, un día cualquiera el propietario de la vivienda tira por debajo de la puerta un papel diciendo que, en su opinión, el coste de la vida incrementó un tanto por ciento que ha fijado según su albedrío y que, en consecuencia, a partir de aquel momento el precio del alquiler queda aumentado.

Un miembro de la judicatura española se refirió a Andorra como «lugar de refugio para delincuentes de clase media». Informó que en ocasión de un indulto del dictador Franco las cárceles de Lérida llegaron a estar llenas de indultados que estaban regresando de Andorra y debían esperar en la cárcel la orden formal de libertad del juzgado competente. «Se trataba esencialmente de implicados en estafas y delitos de este tipo, en su mayoría», afirmó la fuente.

Mayor gravedad ofrece el tema del terrorismo y su refugio andorrano. En 1977 EL PAIS denunció la celebración en Andorra de una importante reunión de la «internacional fascista», que agrupa a grupúsculos terroristas de toda Europa. También este diario denunció el 15 de octubre de 1977 que el 21 de julio del mismo año se había vendido a grupos terroristas españoles de extrema derecha un cargamento de doscientas pistolas belgas marca FN y veinticinco fusiles ametralladores británicos marca Stern. Las pistolas fueron pagadas a 20.000 pesetas unidad y los fusiles a 75.000.

Finalmente, según también informó este diario, el 10 de enero de 1979 la policía andorrana, obrando a instancias de unos vecinos que no podían soportar tanto ruido, detuvo a siete presuntos miembros de ETA que se estaban entrenando en disparar con armas cortas en una zona descampada. Al conocer su identidad y militancia, la policía andorrana, obrando a las órdenes del representante del copríncipe francés, les permitió que abandonaran el país por la frontera de su elección.

Reformas siempre aplazadas

Lo que podríamos denominar clase política andorrana conoce perfectamente el carácter impresentable de su país. En consecuencia, todos hablan de «reforma» y manifiestan que «están estudiando los problemas». No reaccionan ante las más duras críticas. Utilizan la palabra «clan» para referirse a los diferentes grupos políticos, en general de base caciquil, con la excepción del único partido que ha pedido, ser reconocido como tal, hace pocos meses; el Partit Democratic Andorrá. Se trata de un grupo honestamente reformista, pero que, de llevar a cabo reformas reales, se enfrentará con sus propios intereses, ya que sus dirigentes, como todos los andorranos, se benefician del irracional marco actual.

Dentro de la clase política andorrana se dan hechos muy peculiares. Ello explica, por ejemplo, el predicamiento obtenido en Andorra por un autodenominado «jefe de la casa real de Moctezuma», su alteza imperial Guillermo Grau de Moctezuma, un español que aspira al inexistente trono de México, pretende ser descendiente del soberano mexicano y que distribuye, previo pago de los correspondientes derechos, presuntos títulos nobiliarios entre los dirigentes cívicos andorranos.

El Consejo de los Valles solicitó un estudio sobre una posible reforma constitucional de Andorra al profesor austriaco de Derecho Internacional y Medieval (sic) Karl Zemanek, quien, según todas las apariencias, desconoce casi todo del tema.

La reforma de las instituciones medievales andorranas puede tardar más, por ese camino de la resolución del dilema, también medieval, del sexo de los ángeles.