Un funcionario de Herrera de la Mancha denuncia represalias por su declaración ante el juez en la querella por malos tratos

José Antonio Alvarez Tutor, funcionario de prisiones en servicio en el centro de máxima seguridad de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), denunció el pasado miércoles en una conferencia de Prensa, celebrada en Madrid, las represalias de que está siendo objeto (insultos y amenazas verbales, así como traslado al peor puesto de trabajo y al peor horario), a raíz de su declaración por iniciativa del juez de Manzanares en las diligencias que dicho juez instruye en relación con la querella formulada por presuntos malos tratos a reclusos.

«Sé que al hacer estas declaraciones delante de la Prensa», manifestó el señor Alvarez Tutor, «con la que no había entrado en contacto hasta ahora, supone todo un riesgo, sobre todo si se piensa que mañana tengo que seguir trabajando en la prisión. Pero estoy dispuesto a que me expedienten o a que me expulsen, porque las presiones a que estoy sometido después de mis declaraciones ante el juez no las aguanto más. Estoy harto de que me insulten y amenacen determinados funcionarios».Acompañando a dicho funcionario estuvieron presentes en la conferencia de Prensa algunos miembros de la comisión gestora del Sindicato de Prisiones, quienes expusieron algunos datos sobre la actual situación de los centros penitenciarios españoles. El señor Alvarez Tutor agradeció la solidaridad que le había mostrado dicha comisión gestora, al mismo tiempo que puso de manifiesto que la Asociación Profesional de Prisiones «no me ha ofrecido protección alguna».

El funcionario señor Alvarez Tutor declaró que el juez de Manzanares le citó de oficio, como a otros funcionarios, para que declarase en las diligencias abiertas por la querella sobre presuntos malos tratos a reclusos formulada por un grupo de abogados. «Yo declaré», manifestó, «lo que había visto en la única conducción de presos en la que estuve presente poco después de incorporarme, el. día 26 de junio de 1979, a la prisión de Herrera de la Mancha. Era una conducción procedente de Ocaña y aquello parecía una película de pistoleros. Los funcionarios iban con guantes y el director de la prisión les recomendó con una sonrisa: "No os paséis"».

«Cuando los presos salían del furgón tenían que atravesar un patio hasta el módulo 1, donde debían ser cacheados. La distancia era de unos 150 metros. Los funcionarios, que formaban una hilera, pegaban con puños y porras a los presos, que llegaban como podían, algunos a rastras, a la antesala del módulo uno. Aquí les golpeaban con porras y les daban patadas. Esto se lo dije al juez, cuando me llamó a declarar, porque era lo que habían visto mis ojos y yo no podía mentir. Además, yo nunca he entrado en contacto con los abogados que presentaron la querella por presuntos malos tratos ni con periodistas. Posteriormente, en enero de este año, fui llamado de nuevo por el juez para un careo con un jefe de servicio».

« El mismo día que se celebró el careo», continuó eI señor Alvarrez Tutor, «se me comunicó un cambio de horario muy perjudicial para mí y se me puso en otro puesto de trabajo, concretamente en una cabina. A partir de ese momento, la agresividad contra mí fue muy grande; empecé a recibir amenazas verbales e insultos, por lo que presenté una denuncia en el juzgado de Manzanares. El efecto fue que esas amenazas verbales ya no se hacían tan a las claras».

«En abril pasado vine a hablar con el director general de prisiones, Enrique Galavís, y con el inspector general, Emilio Tavera, a quienes dije que mi situación era injusta, que yo no había hecho nada ilegal ni antirreglamentario. Se me dijo que mi caso se resolvería en diez días. Si me decidí a visitarles fue porque me enteré que dos compañeros ya les habían hecho alguna referencia sobre mi caso».

En la misma conferencia de Prensa, los miembros de la comisión gestora del Sindicato de Prisiones declararon que en los últimos meses se ha producido un endurecimiento con la población reclusa y con los funcionarios partidarios de la reforma penitenciaria. «Las cárceles», dijeron, «están destruidas. La mayoría de los reclusos duermen en colchonetas y en celdas individuales que actualmente están ocupadas por cuatro o cinco reclusos. Antes, los reclusos hacían reclamaciones, pero ahora no, por temor a ser trasladados a Herrera de la Mancha. A esta prisión no han llevado a los reclusos peligrosos o mafiosos, sino a aquellos que eran conocidos por su actitud reivindicativa. El 80% de los centros penitenciarios españoles deberían estar clausurados a causa de sus insuficiencias, y si Amnistía Internacional o la Cruz Roja hiciesen un informe medianamente objetivo, las prisiones españolas serían clausuradas. Las prisiones están dirigidas y dominadas por una mafia de reclusos, que son los que realmente tienen movimiento y cargos como ordenanzas de directores o de jefes de servicio. Estas mafias tienen verdaderos privilegios, porque tienen la confianza de directores».

EL PAIS intentó ayer ponerse en comunicación con el director general de Prisiones, Enrique Galavís, y con el juez de Manzanares, Eduardo Hijas, para contrastar esta información, pero no pudo localizarlos.