El Gobierno fija criterios para la transparencia y profesionalidad de las empresas públicas

El Gobierno, en la reunión celebrada el viernes último, además de aprobar el documento-base del debate parlamentario del próximo día 20 y efectuar una serie de nombramientos (véase EL PAÍS de ayer), acordó asuntos de trámite, entre los que destaca uno sobre principios de comportamiento de las empresas con capital público, que, habrán de ajustarse a la transparencia y publicidad de actuaciones y cuentas y a la profesionalidad en la gestión, entre otras normas.El acuerdo, adoptado a propuesta de los Ministerios de Hacienda e Industria y Energía, recuerda que en los pactos de la Moncloa se establecieron una serie de criterios, con relación al funcionamiento de las empresas públicas, que tienden, principalmente, a fijar un control parlamentario de las mismas, una coordinación de sus actuaciones, un régimen de incompatibilidades, una equiparación de condiciones en su actuación que evite situaciones discriminatorias, y una descentralización de sus actividades.

Según la información oficial facilitada ayer sobre la reunión del Consejo de Ministros, el programa económico del Gobierno insiste en la necesidad de establecer criterios estatutarios de las empresas públicas «que limiten la injustificada creación de las mismas» y aseguren el cumplimiento de la función que les corresponde dentro del sistema de economía de mercado que proclama nuestra Constitución.

Según el Gobierno, durante los dos últimos años se han producido avances en el cumplimiento de los principios enunciados, entre los que destaca la progresiva profesionalización de los cargos de gerencia, evitando que sean desempeñados en función de razones puramente políticas o personales. En todo caso, para cristalizar y generalizar la aplicación de estos principios en las empresas con participación mayoritaria, directa o indirecta. de capital estatal, el Gobierno aprobó unos principios de actuación basados en las siguientes normas: transparencia y publicidad de actuaciones y cuentas. autonomía y control de gestión por el Gobierno; no discriminación con las empresas privadas competitivas, y profesionalidad en la gestión.

El Consejo de Ministros aprobó también la reestructuración de los servicios de proceso de datos y la inspección central del Ministerio de Hacienda, con la doble finalidad de potenciar la reforma fiscal y desarrollar Y perfeccionar el proceso presupuestario. Asimismo, aprobó la regulación de las competencias y estructuras de los consorcios para la gestión e inspección de las contribuciones territoriales, rústica y urbana, a reserva del informe, no vinculante, de la comisión superior de personal. Otro decreto aprobado a propuesta del ministro de Hacienda fue el que fija en 22.000 millones de pesetas el importe de la emisión de deuda del Estado, interior y amortizable.

Tres proyectos de ley a las Cortes

El Gobierno acordó la remisión a las Cortes Generales de tres proyectos de ley. El primero de ellos regula la contratación de productos agrarios; el segundo regula la instalación, en el exterior de los inmuebles, de antenas y demás elementos necesarios para la transmisión y recepción de emisiones de estaciones radioeléctricas de aficionados, y, el tercero, se refiere a las inversiones extranjeras en empresas editoriales.Entre otros acuerdos del Consejo de Ministros figura la fijación del precio objetivo del aceite de soja, que será de 31 pesetas kilo, la construcción de 1.580 viviendas y otras inversiones en este sector por un total de 7.500 millones de pesetas y la construcción de seis centros docentes.