Diferentes posturas de partidos políticos y fuerzas sociales ante el divorcio

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En el tema del divorcio, «llamativo y polémico y que tan encontradas opiniones suscita», según reza el preámbulo del proyecto gubernamental, las posturas van desde quienes claramente se oponen a él, como Fuerza Nuevo o Coalición Democrática, que han presentado enmiendas a la totalidad, hasta los partidos de izquierda, las mujeres, los hombres separados y la Asociación pro Derechos Humanos, partidarios de un divorcio en el que se dé una amplia autonomía a la voluntad de las partes, pasando por quienes afirman querer el divorcio, pero, ajuicio de los especialistas, no, lo demuestran excesivamente con su texto: es el caso de UCD, el partido en el Gobierno. Socialistas, comunistas y el diputado catalán del Grupo Mixto Pi Suayer también han presentado enmiendas a la totalidad.El principal caballo de batalla en el tema del divorcio es y va a ser la admisión o no -a juzgar por el número de escaños de UCD y Coalición Democrática, el no parece asegurado- de la disolución del matrimonio por mutuo acuerdo entre los cónyuges. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha anunciado que no cederá en esta cuestión ni siquiera ante la retirada por parte del Gobierno del artículo 87 de su proyecto, que pone en manos del juez la posibilidad de denegar el divorcio, retirada que ha sido anunciada por diversas fuentes centristas.

Libertad de voto

En el seno del partido del Gobierno, el divorcio está produciendo también fuertes debates, hasta el punto de que uno de sus diputados, Manuel Díaz-Pinés, ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto gubernamental, que no ha sido tramitada por el grupo parlamentario de UCD. Sectores de este partido, desde los más integristas en el tema, como el actual ministro José Luis Alvarez o los vinculados al Opus del, hasta los de corte más liberal, han demostrado públicamente sus opiniones enfrentadas y se han pronunciado, en muchas ocasiones, por la necesidad de que el partido dé libertad de voto al respecto, para no tener que decir sí a la introducción del divorcio en España.

En el terreno del mal menor, UCD y Coalición Democrática exigen la separación judicial previa para acceder al divorcio; los primeros, en la mayor parte de sus cláusulas, y los segundos, de forma taxativa. Para acceder a la separación CD exige Ilevar tres años de separación de hecho y tres años, como mínimo, de matrimonio. A partir de la sentencia firme de separación tienen que transcurrir tres años para solicitar el divorcio. Al tener que ser firme la sentencia, si ésta se recurre el demandante puede pasarse media vida litigando. Además, Coalición Democrática afirma que quienes quieran acogerse a la ley de Divorcio deben hacerlo constar dentro de los seis meses de su entrada en vigor. UCD no es mucho más benévola en lo que a plazos se refiere, como puede verse en el cuadro, dentro del apartado de las causas de divorcio.

Dos proyectos, el de CD y el de las organizaciones feministas (Mujeres Separadas, Unión para la Liberación de la Mujer, Movimiento Democrático de Mujeres, Asociación Democrática de la Mujer, Colectivo Feminista de Madrid, Federación Provincial de Amas de Casa y Secretaría de la Mujer del Sindicato Unitario), introducen figuras nuevas en el proceso de divorcio. Coalición Democrática, el «defensor del vínculo» o «defensor de la familia», y las feministas, el «tribunal de la familia», compuesto por especialistas en sociología, psicología y otros campos que afecten a la convivencia familiar y «con cuyo informe deberá contar obligatoriamente el juez al dictar la sentencia» según explican en el preámbulo de su proyecto.

Consecuencias económicas para ambos cónyuges

Tanto este texto como el presentado por el diputado de Unión del Pueblo Canario, Fernando Sagaseta, que recogía a su vez el de otro grupo de mujeres (entre ellos el Frente de Liberación de la Mujer, el Partido Feminista y la Asociación Gallega de la Mujer) piden que se castigue con prisión el impago de las pensiones entre los cónyuges, especialmente al marido, señalando en ambos como parte obligada a satisfacer los alimentos.