Los socialistas volverán a interpelar al Gobierno sobre las auditorías federativas

El pasado 24 de abril el ministro de Cultura, Ricardo de la Cierva, se comprometió, ante la Comisión de Cultura del Congreso, a hacer públicos los resultados de las auditorías encargadas por el Consejo Superior de Deportes al Instituto de Censores Jurados de Cuentas. A la vista del retraso que ha sufrido el tema, el diputado del Partido Socialista Obrero Español Miguel Angel Martínez, por el Grupo Socialista, va a interpelar nuevamente al Gobierno.

«Se trata de tirar del hilo del ovillo», dice Miguel Angel Martínez, diputado del PSOE por Ciudad Real, «para intentar deshacer un nudo de lo más complejo. Tiene que quedar claro que el partido está dispuesto a llevar este caso hasta sus últimas consecuencias, tanto en lo político como en lo penal, al esclarecer y exigir las responsabilidades que procedan a todos los niveles».Sobre el contrato suscrito por el Consejo Superior de Deportes, con el Instituto de Censores Jurados de Cuentas, dice: «En julio de 1979, y rubricado ante las cámaras de televisión, se estableció que se iban a fiscalizar las cuentas de las federaciones nacionales de ajedrez, atletismo, caza, fútbol, golf y natación. No se nos ha explicado, y hay que hacerlo, por qué razón se eligió a esas federaciones y no a otras. Urge conocer los criterios seguidos para hacer tal selección y la motivación del Consejo Superior de Deportes al lanzarse en esta operación. En nuestra opinión hay tres hipótesis, y la realidad, probablemente, es una síntesis de las tres: la voluntad sincera de iniciar una operación de limpieza y transparencia financiera; una jugada dé farol que pretendía limitarse al golpe de efecto sin ir más lejos, y una puñalada trapera a determinados dirigentes por parte de otros de una actuación no más clara».

En documento de 18 de marzo de 1980, que prologa el contrato de las auditorías, según manifiesta Miguel Angel Martínez, hay una variación sustancial: «Las auditorías se contrataron para las federaciones anteriormente citadas, pero, sin que se conozcan las razones, los censores recibieron instrucciones de controlar las cuentas de otras federaciones. A saber: patinaje, fútbol, judo, baloncesto, deporte universitario, lucha y balonmano. Es indispensable preguntarse quién decide el cambio y por qué razones. Nosotros tenemos fundadas sospechas de que el cambio obedeció a que hubo presidentes de las federaciones inicialmente designadas que dijeron que a ellos no había quién les fiscalizara las cuentas. En cualquier caso es indispensable que el ministro conteste seriamente a esto y no con una pirueta».

Pese a que en repetidas ocasiones se afirmó oficialmente que las auditorías no estaban finalizadas, ha datos concretos que demuestran lo contrario.

«El ministro debe concretar con precisión si en el plazo contratado, esto es, antes de final de diciembre de 1979, el Instituto de Censores Jurados de Cuentas entregó, como a nosotros nos consta, los informes de las auditorías efectuadas. Y, en todo caso, el Gobierno debe justificar en virtud de qué motivos, si esos documentos fueron entregados al Consejo Superior de Deportes el 15 de diciembre de 1979, han permanecido en la oscuridad hasta el momento presente. A nuestro modo de ver puede darse un supuesto de ocultación de datos cuya responsabilidad compete esclarecer urgentemente para adoptar las medidas de justicia que procedan».

El contrato inicial tuvo una prolongación que no ha sido explicada desde el CSD. Miguel Angel Martínez lo explica así: «El 18 de marzo de 1980, el CSD firma un nuevo contrato con el Instituto de Censores de, Cuentas, por el que se reconoce que es preciso ampliar los informes inicialmente entregados, ya que por causas no imputables al Instituto de Censores no pudo éste examinar toda la documentación precisa». Parece evidente que hubo que recurrir a esta ampliación de los informes, porque, efectivamente, se obstaculizó la labor de fiscalización de cuentas. Es indispensable deslindar quiénes fueron los responsables de estos, obstáculos. Sería grave que las trabas hubieran partido de las propias federaciones implicadas, pero lo sería más que se hubieran producido dentro del propio CSD, que es el estamento que contrata y paga las auditorías. Sin embargo, de documentación que obra en nuestro poder se desprende inequívocamente que si, ha habido problemas a nivel de federaciones también han existido en el CSD, lo que sólo puede explicarse por las luchas internas de carácter personalista que se han dado dentro de este organismo».

Otro enigma

«De las manifestaciones del propio ministro en la Comisión de Cultura el día 24 de abril», continúa el diputado socialista, «se deduce otro enigma que hay que resolver. Efectivamente, de acuerdo con el nuevo contrato, los censores de cuentas entregaron los informes ampliados -que sólo se referían a las federaciones de Fútbol y Yudo, porque los de las otras federaciones tuvieron carácter definitivo el 15 de diciembre- el día 28 de marzo y así lo reconoció el propio De la Cierva. Sin embargo, el tampón de registro de entrada del CSD indica la fecha de 21 de abril. ¿Dónde estuvieron esos documentos durante veinticinco días? La única explicación que se nos ocurre- es que ese «túnel» se debió a que De la Cierva iba a comparecer ante la Comisión de Cultura para contestar a la pregunta correspondiente el día 24 de abril. De haber existido registro de los documentos en el mismo día de su recepción, o en fecha inmediata, nada hubiera podido justificar el que De la Cierva llegara a la comisión sin papeles y apenas con una promesa de que iba a publicarlos en fecha próxima. Esto también debe esclarecerse, porque puede de darse de nuevo una supuesta ocultación de datos. Vamos a exigir los documentos originales, y no un resumen de los mismos».El PSOE quiere saber si las federaciones que no ofrecieron unas cuentas limpias o que pusieron trabas a su fiscalización han recibido en el presente año nuevas subvenciones por parte del CSD.

«Entendemos que a las federaciones de dudosa contabilidad no se les podía entregar dinero del erario público mientras no aclararan las anomalías de ejercicios anteriores. Lo mismo se debía aplicar a las que pusieron trabas a la labor de los censores jurados de cuentas. Lo más grave sería que el CSD hubiera seguido subvencionando a algunas federaciones, porque las dificultades en cuestión no procedieran de ellas mismas, sino del propio CSD. Una enmienda socialista consiguió que en la nueva ley de Cultura Física y Deporte se establezca la obligación de controlar anualmente las cuentas de las federaciones como condición previa para concederles subvenciones. Queremos saber qué previsiones ha tomado ya el Gobierno para hacer efectiva esta práctica con todas las federaciones nacionales en el año en curso. Como conclusión, debo decir que si alguien al plantear las auditorías pensó simplemente en lanzar una bengala se equivocó, porque nuestro grupo no va a abandonar el tema hasta llegar al fondo del mismo, a pesar de las múltiples presiones a las que estamos siendo sometidos quienes más directamente estamos llevando a cabo esta labor».