Una sentencia significativa
POR PRIMERA vez en el régimen democrático se ha visto ante los tribunales un intento de golpe de Estado: la llamada «operación Galaxia». Un consejo de guerra ha juzgado a un teniente coronel de la Guardia Civil y a un capitán de la Policía Nacional, encontrándolos culpables de conspiración y proposición para la rebelión. No se ha juzgado, pues, un tema baladí hinchado por los periódicos o un mero juego verbal de cafetería entre oficiales. Otra cuestión es que los conjurados tuvieran o no capacidad real para consumar sus propósitos. Pero los resultados de la sentencia (véase EL PAIS del jueves 8 de mayo) no dejan dudas sobre la existencia de una conspiración, protagonizada por los encausados, para dar lo más parecido a un cuartelazo contra las instituciones democráticas en las personas del Gobierno y del Rey.Dichos resultados establecen que se llegó a preparar un golpe de mano para ocupar el palacio de la Moncloa, apresando el Consejo de Ministros, y someter al Rey «la nueva situación», intentando involucrar a los guardias de la agrupación de destinos de la Dirección General de la Guardia Civil y a los 1.200 hombres del batallón de instrucción de la Academia de la Policía Nacional, y destituyendo por la fuerza, si fuera preciso, al teniente coronel Garcia Polavieja, que mandaba la Academia. Con menos trastienda, Fermín Galán se lanzó a su trágica, aventura de Jaca. Así pues, se ha juzgado y sentenciado un golpe de Estado en grado de proposición.
El fallo de la sentencia ha asombrado a la opinión pública: las penas mínimas para un delito que puede ser castigado hasta con doce años, y eso en una sentencia que no contempla ni eximentes ni atenuantes.
No nos parece recomendable el rigorismo en la administración de la justicia -incluida la castrense-, pero faltaríamos a la verdad si no dijéramos que muchos ciudadanos civiles y militares se sorprenden de que dos oficiales de carrera que proyectan un levantamiento armado contra los poderes constitucionales del Gobierno y del Rey continúen hoy en el Ejército.
Es imposible no recordar hoy la absolución del general Atarés, que fue acusado de insubordinación pública ante el vicepresidente de la Defensa, y las condenas de hasta ocho años de prisión (con la consiguiente separación del Ejército) de los miembros de la Unión Militar Democrática que reclamaron la democratización del régimen franquista, hoy conseguida. No vamos a ser nosotros quienes pongamos los adjetivos.
De todas maneras, es de suponer que si a los responsables de una conspiración de este género.se les condena a la mínima de las penas habrá quien sea capaz de comparar el hecho con la petición fiscal para un periodista -Miguel Angel Aguilar- que no conspiró y se limitó, en cambio, a informar de otra supuesta intriga de sables. Para no hablar nuevamente del caso de una directora de cine -Pilar Miró- procesada también ahora por la jurisdicción militar y toda cuya conspiración ha consistido en realizar una película sobre el crimen de Cuenca.
Mírese por donde se mire la sentencia del miércoles marca un hito significativo en la historia reciente de este país. El tiempo lo dirá.
