El debate político en el Congreso, aplazado hasta el día 20 de mayo
La Junta de Portavoces del Congreso de Diputados aceptó ayer por mayoría aplazar el debate político general, previsto para el próximo día 13, hasta el martes día 20 de este mismo mes. Votaron a favor del aplazamiento propuesto por el ministro de Administración Territorial, José Pedro Pérez-Llorca; los representantes de UCD, andalucistas y Minoría Catalana. Se opusieron socialistas, comunistas y el representante del Grupo Mixto y se abstuvo Coalición Democrática.
A la sesión de la junta acudió en nombre del Gobierno el ministro Pérez-Llorca, quien argumentó la necesidad de un aplazamiento, toda vez que la ausencia de España del presidente Suárez determina que el próximo viernes no se reúna el Consejo de Ministros y, en consecuencia, no será posible aprobar la comunicación que el Gabinete debe enviar al Congreso para el debate posterior, de acuerdo con la fórmula reglamentaria adoptada previamente por la propia junta de portavoces.Pérez-Llorca asistió a la reunión de la junta, mientras se sustanció el tema del debate político; luego abandonó la sala y comentó con un grupo de informadores que la oposición de la izquierda al aplazamiento había sido «académica», pero que no habían existido problemas serios sobre el tema. Aseguró también que asistirá a la Junta de Portavoces como representante del Gobierno en algunas ocasiones, concretamente cuando se susciten temas importantes; pero no se pronunció sobre una serie de preguntas sobre el encaje futuro y definitivo de las relaciones con las Cortes dentro del actual Gabinete.
En algunos círculos centristas se aseguraba ayer que el nuevo ministro adjunto para la coordinación legislativa, Juan Antonio Ortega, será el encargado de esta parcela de las relaciones con las Cortes. Los mismos círculos señalaban el inconveniente que supone el que Ortega y Díaz Ambrona pueda ser representante del Gobierno ante las Cortes sin ostentar la condición de parlamentario.
Manuel Fraga, portavoz de CD, manifestó a la salida de la Junta de Portavoces que su grupo se había abstenido en la votación sobre el aplazamiento del debate, «porque las explicaciones dadas por el Gobierno no han sido suficientes». El señor Fraga dijo que CD desea que el debate se celebre cuanto antes y que se opondrá a cualquier nuevo aplazamiento.
Tanto Alfonso Guerra como Jordi Solé, de PSOE y Grupo Comunista, respectivamente, explicaron su oposición al aplazamiento. El señor Guerra calificó la solicitud de UCI) de «maniobra intolerable» y expuso que el PSOE sugirió la posibilidad de que se retrasara la comunicación que el Gobierno debe enviar a la Cámara, que en teoría debe ser 48 horas antes de la celebración del debate. Sin embargo, esta sugerencia no fue aceptada.
Jordi Solé consideró importante la razón dada por el Gobierno de que es un asunto de Estado asistir a los funerales de un jefe de Estado, «pero también el debate parlamentario es un asunto de Estado», dijo. «El Gobierno infravalora el debate y no tiene en cuenta el papel que desempeña el Parlamento en la sociedad española».
Sobre la posibilidad de que el debate político sea retransmitido por Televisión Española, Gabriel Cisneros, secretario general de Relaciones con las Cortes, señaló que «es propósito del Gobierno que se dialogue entre la mesa de la Cámara y los organismos competentes para ver en qué términos se hace la retransmisión». Ayer por la mañana, Fernando Arias, director general de RTVE, se entrevistó con dirigentes del grupo centrista, y con el presidente del Congreso, Landelino Lavilla, para aportar datos técnicos sobre la forma en que se adoptaría para televisar el debate.
La secretaría general del Congreso ha recibido cientos de solicitudes de invitación para asistir al debate del próximo día 20.
