Activa campaña con vistas a la elección del Consejo del Poder Judicial

Iniciado el pasado día 26 de abril el período de propaganda electoral que ha de culminar en la elección -los próximos días 14 y 15 del actual- de los doce vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial, las dos candidaturas presentes en dichos comicios están desarrollando en estos días una activa campaña de propaganda exponiendo a sus electores -unos 2.000 jueces y magistrados- sus respectivos programas y su concepción de la función judicial.

La campaña está circunscrita, por imperativo de las normas electorales, al ámbito profesional de los jueces y magistrados, y se desarrolla mediante cartas y comunicados dirigidos al domicilio de los electores, ya que, también por imperativo de las normas electorales, «no podrá hacerse propaganda electoral por medio de manifestaciones, colocación de carteles o cualesquiera otros actos que tengan trascendencia pública, prohibiéndose asimismo la utilización con tal finalidad de los medios de comunicación social».Aunque pudiera parecer que los programas electorales de las dos candidaturas en liza -una formada por la Asociación Profesional de la Magistratura, que agrupa al 70% de los jueces y magistrados, y otra, denominada Candidatura Judicial Independiente- tienen un contenido poco diferenciado, una lectura detenida de ambos revela sustanciales diferencias entre uno y otro. Mientras que el programa de la denominada Candidatura Judicial Independiente se centra en una defensa corporativa de los intereses de la judicatura, el de la candidatura patrocinada por la Asociación Profesional de la Magistratura hace hincapié en la función social de la justicia y recuerda «la función áspera, sugestiva, esperanzadora y repleta de alicientes -encomendada por la Constitución a los jueces- de salvaguardar los derechos y libertades fundamentales de quienes integran el pueblo español».

La denominada Candidatura Judicial Independiente, de la que forman parte dos antiguos directores generales, se pronuncia a favor del «apoliticismo más sincero, rotundo y descomprometido», prometiendo que en el terreno de las promociones, nombramientos y calificaciones se tendrán exclusivamente en cuenta específicas razones judiciales.

Refiriéndose al Consejo General del Poder Judicial, la denominada Candidatura Judicial Independiente resalta que a dicho órgano le compete hacer de inmediato importantes nombramientos -presidente del Tribunal Supremo, dos miembros del Tribunal Constitucional, director de la Escuela Judicial, amén de las funciones que le están atribuidas respecto a la selección, provisión de destinos, ascensos y régimen disciplinario de jueces, magistrados, secretarios y personal auxiliar-, por lo que «tan abrumadoras responsabilidades y tareas del consejo bien merecían el esfuerzo por nuestra parte de poner en la escena electoral una alternativa a la lista única y consensuada, respaldada por la Asociación Profesional de la Magistratura».

La candidatura patrocinada por la Asociación Profesional de la Magistratura, que no reclama el voto para sus componentes, sino que se limita a hacer una llamada sobre el deber y el derecho de votar, insiste en la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial, desde el momento en que entre en funciones, «cuente con la aportación de algo tan elemental, tan imprescindible, como es la voz de los propios jueces». A este respecto, la citada candidatura manifiesta que «nunca como ahora ha resultado tan urgente crear una opinión judicial, fruto de algo tan obvio como el encuentro de los jueces mismos para una reflexión serena, libre, realista y meditada sobre el papel, que, por el altavoz de la Constitución, les llega desde lo más hondo del pueblo español».