Bajo el signo del desempleo

SE CELEBRA hoy el tercer Primero de Mayo legal de la democracia, bajo el signo de una notable clarificación de la vida sindical española y de unas perspectivas sombrías para los asalariados. Tras la escisión de la Unión Sindical Obrera hacia la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, el eclipsamiento del antaño fortísimo anarcosindicalismo y la desorientación de las radicales CSUT y SU, a causa del fracaso de la fusión de sus partidos correspondientes (PTE y ORT), el bisindicalismo parece consolidado en este país en manos de las centrales socialista y comunista. Las recientes elecciones sindicales en Seat han supuesto un rotundo triunfo para UGT, que ya se evidencia como la central relativamente hegemónica, reforzada por el acuerdo-marco suscrito con la gran patronal, del que sería injusto ignorar que se benefician las dos partes. Bien es verdad que no debe olvidarse que las elecciones en Seat se han visto influidas por los supuestos pactos entre los comunistas italianos y la familia Agnelli para repatriar las inversiones exteriores de la Fiat, pero el hecho no empaña el éxito de la política de coherencia y realismo del sindicato ugetista.De entre las reivindicaciones que serán hoy coreadas en las manifestaciones unitarias de UGT y Comisiones, una debería mover a sonrojo al Gobierno: la restitución del patrimonio sindical a las centrales representativas. Hace dos años las esperanzas del partido en el Gobierno de crear alguna suerte de sindicato ucedista explicaban al menos la renuencia a devolver los bienes y servicios del sindicalismo vertical; hoy retrasar esa restitución ya no sirve a ningún interés de partido, no resta crédito a las centrales de clase y perjudica exclusivamente a los trabajadores.

Las diferencias sustantivas entre comunistas y socialistas en la discusión parlamentaria del Estatuto de los Trabajadores impiden ahora una contestación global a este texto de inequívoca inspiración ucedista y mal copiado del estatuto italiano. En cierto modo, puede tildarse el estatuto como generador de mayor desempleo, como hacen los comunistas (libertad de despido, contratación temporal, facilidades para expedientes de crisis), pero también contribuye a mejorar las condiciones de trabajo del empresariado, a clarificar el mercado de trabajo, a animar la inversión y a propiciar pactos sociales como el acuerdo-marco, entre UGT y CEOE.

Peor lectura tiene el proyecto de ley básica del empleo, a las puertas del Parlamento. Es dudoso que UCD utilice su mayoría para aprobar contra viento y marea una ley que, en el mejor de los casos, sugiere la posibilidad de privatizar el seguro de desempleo y que lo hace proporcional a los años trabajados, castigando así al trabajador que pierde rápidamente su empleo (aunque sea por causas ajenas a él) y condenando a la indigencia a toda la juventud que no logra penetrar en el mercado de trabajo. Con un millón y medio de parados admitidos oficialmente y un considerable cupo de emigración sería un disparate político empeorar o dificultar aún más la situación de los desempleados.

Cierra el calendario legislativo laboral el anteproyecto de ley de huelga, que debería apuntar hacia la autorregulación de la misma desde las centrales sindicales o hacia las justas limitaciones claramente establecidas por el Gobierno para las empresas estatales o servicios de interés público. Todo ello sin olvidar que, constitucionalmente, la ley de huelga no es obligada, y acaso la mejor regulación no sea la legislativa, sino la que imponga la lógica diaria de las relaciones laborales y el cumplimiento de los pactos sociales que se vayan suscribiendo.

En cualquier caso, sobre este Primero de Mayo sigue planeando esa tremenda cadencia de mil parados diarios acumulables; el azote más visible de la crisis económica, y que no recae sólo en el campesinado o el proletariado tradicional, sino que empieza a golpear a las clases medias y a los profesionales recién egresados, sin distinción. Las actuales cifras de paro y la previsión de su crecimiento introducen variables en la correlación de fuerzas sociales y en la intencionalidad del voto. Así lo han entendido UGT y Comisiones (acaso con más énfasis la primera), abriéndose tácitamente al interclasismo.

Cabría reprochar a las centrales sindicales su sostenimiento de un ineficaz empleo comunitario, que no es otra cosa que una mezcla de subvención al orden público y de banderín de enganche político para el partido mayoritario en cada Ayuntamiento, su tibieza en la denuncia de los fraudes que se cometen con el actual sistema de seguro de desempleo o la misteriosa congelación de los fondos de garantía salarial; tampoco estaría de más, por parte de los grandes sindicatos, una abierta política de mayor solidaridad, tendente a la restricción voluntaria de las horas extraordinarias en beneficio de la creación de nuevos puestos de trabajo.

Finalmente, y siendo el desempleo una de las consecuencias más visibles e inmediatas de la crisis económica, no parece ningún despropósito un esfuerzo del Gobierno por conectar más estrechamente con las centrales mayoritarias o sus partidos correspondientes en materia de política económica. No es la práctica habitual de las mayorías parlamentarias en el Gobierno, pero, así las cosas, las leyes laborales y las grandes líneas de la política económica serán cada día más difíciles de elaborar sin, al menos, el asentimiento de las fuerzas sindicales.