Dos sacerdotes españoles, expulsados de Burundi

Dos sacerdotes diocesanos de Tarazona, que llevaban cinco años al frente de una parroquia de Nygangwa, en Burundi, fueron expulsados de este país centroafricano el pasado viernes, bajo la acusación de haberse opuesto a los planes educativos del Gobierno de Bujumburu. Se trata de Pedro Mendoza, de 31 años, y de Roberto Miranda, de 34, que abandonaron Burundi el 18 de abril con una orden de expulsión rubricada por el Ministerio de Defensa de aquel país.

Los dos sacerdotes españoles, cuya expulsión fue precedida, desde junio de 1979, por la de una decena de religiosos de nuestro país establecidos en parroquias burundesas, manifestaron a su llegada a Madrid que su expulsión contraviene los derechos humanos y que en ningún momento mostraron su oposición a los planes gubernamentales de Burundi. «Nosotros nos negamos a autorizar que un local nuestro, destinado inicialmente para ser taller de carpintería, fuera convertido por las autoridades en una escuela para minorías», dice Pedro Mendoza. «La escolarización es muy baja en Burundi, y la educación se imparte casi exclusivamente a los miembros de la etnia tutsi, minoritaria pero hegemónica en aquel país», agrega Roberto Miranda.Burundi, con cuatro millones de habitantes, tiene su población dividida entre un 15% de tutsis, de origen watusi, y un 84% de hutus, además de un 1 % de pigmeos, aproximadamente. Desde el acceso de Burundi a la independencia, en 1962, año en que continuó siendo una monarquía feudal hasta 1976, este pequeño país bañado por el lado Tanganika y enclavado en el corazón de Africa, entre Ruanda, Tanzania y Zaire, ha sido dirigido por los tutsis, que controlan el Ejército, de unos 15.000 miembros, y el partido único, Unión para el Progreso Nacional (Uprona). No existe Parlamento ni Constitución.

«Pese a que las nuevas autoridades se declaran socialistas, la lucha entre familias de la etnia hegemónica no ha desaparecido. El socialismo africano tiene muy poco que ver con el socialismo científico», señala Roberto Miranda, que ha realizado estudios antropológicos de modo simultáneo a sus tareas pastorales.

«Hasta el momento no ha habido represión cruenta contra los religiosos», dice Pedro Mendoza. «Las autoridades expulsan gota a gota a los religiosos blancos, que tenemos que abandonar allí nuestras tareas alfabetizadoras y de educación». «Para sacerdotes progresistas como nosotros», agrega, «resulta muy contradictorio que seamos expulsados de un país que se dice socialista, pero nos lo explicamos por el cariz demagógico de algunos regímenes africanos, que, pese a sus autodenominaciones, siguen ejerciendo la segregación racial y el caciquismo contra otras etnias, incluso mayoritarias, como la de los hutúes».

«El 70% de la población es cristiana en Burundi, uno de los países africanos con mayor tasa de practicantes de la religión católica», agrega Miranda. «Lo peor de todo esto es que el Estado burundés utiliza la infraestructura de la Iglesia católlica para equipar al país y algunas jerarquías religiosas de allí no dicen nada en contra».

Una carta conflicitiva

Los sacerdotes enviaron el mes de febrero una carta a Juan Pablo II en la que destacaban algunos aspectos críticos hacia la labor de la Iglesia en el mundo actual. «De un modo chocante, en el comunicado en el que las autoridades burundesas nos comunicaban la exulsión del país, se especificaban los motivos y se incluía nuestra carta a Juan Pablo II, calificada como injuriosa y cocausante de la expulsión», dicen los sacerdotes expulsados.«En Burundi no existen núcleos urbanos apenas. Los mercados cumplen algunos papeles similares, pero la gente vive diseminada. Es uno de los países más pobres del mundo, su renta no alcanza las 6.000 pesetas por habitante y año.

El concepto Estado no existía allí hasta que las autoridades lo han africanizado desde el francés, y en lengua nativa, el kurundi, se denomina letá, fonéticamente similar al francés». Burundi es una República que se autodenomina laica y moderna. El Estado centraliza la producción y distribución del café, cuya exportación supone el 80% de las divisas del país.

En 1972, poco antes de que llegaran al poder en Ruanda miembros de la etnia hutu, mayoritaria en Burundi, se desató en este país una represión feroz que causó entre 150.000 y 200.000 muertes entre los hutus burundeses; más de 300.000 miembros de esta etnia se refugiaron en los Estados limítrofes, y los que quedan hoy en el país, la gran mayoría aún, soportan la dominación de los tutsis con el temor de una nueva matanza como aquélla.