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Los líderes sindicales de British Leyland ordenan la vuelta al trabajo

La decisión y la firmeza de su presidente, sir Michael Edwardes, ha salvado de un seguro cierre definitivo a la empresa nacionalizada British Leyland, al conseguir que los líderes sindicales den marcha atrás y ordenen la vuelta al trabajo de los 18.500 obreros en huelga.

Edwardes, considerado uno de los más jóvenes y prestigiosos ejecutivos de la industria británica, se jugó una vez más todo su prestigio personal en su confrontación con el sindicato más poderoso del Reino Unido, el Transport and General Workers Union, cuyos miembros habían iniciado una huelga para protestar contra la decisión de la empresa de imponer unos incrementos salariales rechazados por la base.El presidente del gigantesco complejo automovilístico británico, nacionalizado hace años, y cuya situación económica y financiera es desastrosa como consecuencia de su poca competitividad, lanzó un ultimátum el lunes a los 18.500 obreros especializados afiliados al sindicato del transporte que habían conseguido parar la producción en todas las cadenas de producción de los distintos modelos Leyland. El ultimátum era simple: «O vuelta al trabajo el próximo miércoles o despido sin atrasos ni indemnización». Nunca se había empleado un lenguaje tan duro en la historia de las relaciones industriales de las empresas nacionalizadas.

Pero Edwardes contaba con dos bazas importantes: la primera, que el segundo sindicato importante de Leyland, el Amalgamated Union of Engineering Workers, había rechazado secundar la huelga. La segunda, la situación real de la empresa, cuya situación, al borde de la suspensión de pagos, es del dominio público.

En una reunión de nueve horas celebrada el jueves entre los directivos de Leyland y la ejecutiva del Transport and General Workers Union, encabezada por su secretario general, Moss Evans, el mensaje fue claro y contundente. No hay más cera que la que arde, y Leyland, en su situación actual, no se puede permitir la pérdida de una sola hora de trabajo. Una huelga en estos momentos significaría que la empresa, que empezó una lenta, pero sólida, recuperación del mercado británico en marzo, no podría seguir adelante con sus planes de lanzamiento de nuevos modelos y se vería forzada a cerrar definitivamente sus fábricas, con la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo.

Por tanto, Leyland no tiene más remedio que mantener los aumentos decididos, que oscilan entre un 5 % y un 10%, y, además, mantener las nuevas condiciones de trabajo establecidas como base para una reestructuración de la productividad, que, de hecho, implican una limitación del poder sindical dentro de la empresa. De acuerdo con esas condiciones, la dirección de la empresa podrá realizar cambios de turno y de puestos de trabajo con la única condición de comunicarlo a los enlaces sindicales con diez días de antelación.

Ante la posibilidad cierta de un cierre total de la empresa, Evans y su directiva aceptaron dar por terminada la huelga y ordenaron a los afiliados a su sindicato la inmediata vuelta al trabajo. La única concesión arrancada a British Leyland fue la retirada del ultimátum a los huelguistas, ultimátum dejado sin efecto en la práctica por la orden de vuelta al trabajo dada por el sindicato.

La reacción entre los huelguistas ha sido de total desencanto con sus dirigentes sindicales. Ayer, los piquetes de obreros pedían a gritos la dimisión de su secretario general, a quien acusaban de haberlos vendido. En una de las fábricas de Leyland, los obreros votaron en contra de la orden de vuelta al trabajo y a favor de la continuación de la huelga. Pero en este país, en la práctica, es absolutamente imposible que un conflicto laboral tenga la más mínima probabilidad de éxito si no cuenta con la bendición oficial de los sindicatos.

En cuanto a Edwardes, no es la primera vez que se juega su prestigio personal a una carta. Hace meses, el presidente de Leyland puso a votación secreta su plan de remodelación de la empresa, rechazado por los sindicatos, y que prevé el cierre de trece factorías y el despido de 25.000 obreros en los próximos tres años. El resultado no dejó lugar a dudas sobre el sentir de la fuerza laboral. El plan Edwardes fue aprobado en la proporción de siete a tres. A últimos del pasado año ordenó el despido del enlace sindical más poderoso de Leyland, el comunista Derek Robinson, una peligrosa medida que pudo provocar una reacción en cadena. La huelga decretada por el sindicato de obreros mecánicos en apoyo de Robinson constituyó un completo fracaso.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de abril de 1980

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