El PSOE replantea su política en Asturias

Los desfavorables resultados electorales obtenidos en el País Vasco y Cataluña, y el convencimiento de los errores cometidos como partido mayoritario en el Consejo Regional de Asturias, la próxima, transferencia de competencias del Estado a la región, están provocando una nueva dinámica en el seno del PSOE, cuya primera manifestación es la intención irreversible de la dirección socialista asturiana de reestructurar su representación en el ente preautonómico.De la inexistencia de una política regional del Consejo y, de la proliferación de cargos políticos con misiones específicamente funcionariales no es sólo responsable el PSOE, pero este partido está tomando conciencia de una realidad incuestionable: la estabilidad del comportamiento electoral de los asturianos que le han dado siempre, desde 1977, la mayoría de sus votos, podría sufrir un quebrantamiento serio con el desprestigio de la autonomía. La ausencia de una política regional propia del consejo ha sido reiteradamente criticada por Gerardo Iglesias, secretario general del Partido Comunista de Asturias.

Desde el pasado mes de enero, el Consejo Regional cuenta con trece consejeros regionales y 55 directores generales y secretarios generales técnicos. Al Consejo le cuesta cada consejero no parlamentario 130.000 pesetas al mes, y la mayoría de los cargos políticos, con dedicación completa, 135.536 pesetas, incluida la seguridad social y el seguro de desempleo. La publicación de estos datos (EL PAIS, 21 de marzo de 1980) aceleró la decisión de la dirección socialista asturiana de replantearse a fondo su política en el Consejo Regional.

Dentro del partido se cuestiona incluso la continuidad del senador socialista Rafael Fernández como presidente, hecho impensable hace un año. Junto a esta corriente existe otra que defiende, por el contrario, su mantenimiento en el cargo, que sujeto a la disciplina del partido para evitar sus continuas actuaciones por libre, que entran con frecuencia en contradicción con los criterios de la comisión ejecutiva, como sucedió últimamente en sus contactos con el ministro, Antonio Fontán, sobre la tramitación del proyecto de Estatuto de Autonomía para Asturias, que ha dejado al Gobierno con las riendas de la situación al admitirle su competencia para convocar la asamblea redactora y para remitir el proyecto a las Cortes.