Abogados, teólogos, feministas y partidos de izquierda se muestran a favor del divorcio
Los debates sobre el divorcio que han tenido lugar a lo largo de la semana en la Fundación Hogar del Empleado, organizados por su gabinete de estudios y asesoramiento, han puesto de relieve el descontento de los partidos de izquierda y los grupos de mujeres con el proyecto elaborado por UCD y la afirmación del partido del Gobierno de que el texto «es bueno, equilibrado y protege a la familia», en boca de la diputada canaria María Dolores Pelayo. Ni ésta ni su compañera de partido Rosa Posada pudieron rebatir, no obstante, las diferentes críticas que se hacían a las líneas generales del proyecto desde diversos sectores. En múltiples ocasiones las preguntas de los asistentes a las ucedistas no fueron siquiera respondidas.
La calificación del texto gubernamental regresivo ha sido frecuente, en los debates y llevó a José Folguera, representante del Partido de los Trabajadores, a preguntar en uno de los debates si «no está queriendo el Gobierno elevar a la categoría de patológico lo que a nivel de calle es simplemente normal». No obstante, no todos los participantes lo vieron tan regresivo. José Manuel González Páramo, vocal nacional de Alianza Popular, anunció la intención de su grupo parlamentario de presentar una enmienda a la totalidad y, «como sabemos que seremos derrotados», un paquete de enmiendas parciales «para hacer la ley menos mala».El señor González Páramo había comenzado su intervención diciendo un sonoro no al divorcio y proporcionó a los asistentes numerosas cifras, según las cuales el divorcio en España «es un problema minoritario » y « la criminalidad familiar en España es baja; además, de cada cien austríacos, diez o doce son hijos ilegítimos, mientras que en España los porcentajes son de 1,6% en el campo y 1,9%, en las ciudades».
El divorcio ha sido calificado durante estos días de muy diversas maneras: desde «cirugía que aplica la sociedad», como dijo María Dolores Pelayo; «derecho exclusivo de la persona a tener su afectividad gratificante», en boca de María del Carmen Mestre, que habló en la jornada dedicada al punto de vista de las mujeres; «simple y llanamente un derecho democrático que se regula y se usa o no», según Paloma González, a «te has arrugado, te salen varices y ya no te quiero», como dijo el representante de Alianza Popular, quien también mencionó en reiteradas ocasiones el punto de vista del Episcopado español, «mal social de consecuencias irreparables».
La pata episcopal
Uno de los temas que suscitaron controversia, al margen del proyecto gubernamental, fue la indisolubilidad del matrimonio. «Cuando los obispos meten su pata episcopal», decía en la sesión del martes el teólogo José María González Ruiz, canónigo de la catedral de Málaga, dicen que la indisolubilidad del matrimonio es de derecho natural, pero yo quiero citar una carta de Pablo VI a la 59 sesión de la Semana Social de Francia, en abril de 1972, donde dijo, al referirse al matrimonio, que «un compromiso de carácter definitivo parece imposible e incluso contrario a la razón».
González Ruiz aludió al capítulo 19 de san Mateo, donde se dice que Jesucristo se mostró contrario al repudio de la mujer. «Cristo lo hace», afirmó, «porque es un tremendo feminista y, dada la situación de la mujer de entonces, el hombre podía repudiarla, porque no era más que una cosa ». También citó la primera carta de san Pablo a los corintios, en la que habla de determinados casos en los que es posible la ruptura del vínculo matrimonial. « La Iglesia de los primeros siglos y luego los orientales», dijo, «comprendieron que la indisolubilidad del matrimonio es una utopía a la que hay que tender, pero que a aquél hay que ponerle remedio si no resulta. »
José María González Ruiz comentó las recientes declaraciones del obispo de Orihuela-Alicante, Pablo Barrachina, sobre la ilegitimidad de cualquier divorcio, sea de personas cristianas o no, y añadió: «Monseñor Barrachina sabe mucho de matar rojos, como él mismo me contaba una vez, pero sabe poco de la Iglesia.»
González Páramo no se manifestó en la misma dirección. Dijo que la unión matrimonial tiende por sí misma a lo eterno y se basó en «fundamentaciones antropológicas, del estudio del hombre». «El divorcio», remachó, «entra como remedio y acaba la gente casándose sabiendo que cuando se canse lo puede dejar. Es, en definitiva, un mal con el que se intenta superar otro mal.»
La Iglesia y los tribunales eclesiásticos recibieron duras críticas de la mayor parte de los participantes. El padre Mariano Gamo afirmó que «la Iglesia intenta mantener un ejercicio monopolístico del matrimonio desde el punto de vista ideológico y de defensa del orden social establecido. A ella le cabe dar o no la amnistía a los casados y tiene competencia omnímoda en el terreno matrimonial en este país. Creo que la Iglesia debería preocuparse más por tener el auténtico liderazgo en defender el amor dentro del matrimonio y no sólo el monopolio ideológico; debería recortar sus competencias jurídicas en el tema matrimonial y entregárselas al poder civil. Además, pienso que tendría que introducirse en la catequesis del matrimonio la catequesis del divorcio, como un episodio más».
José María Díez Alegría centró su intervención en «una especie de escándalo»: «Oponiéndose tanto la Iglesia a la disolución de los matrimonios», dijo, «no se entiende que haga por la vía de las nulidades lo que prohibe a los demás». Calificó el ensanchamiento de las causas de nulidad como un deseo de la Iglesia de mantener sus poderes sociales, y dijo que «es mas congruente la ley civil que una legislación eclesiástica enfocada, cada vez más, a estudiar la profundidad existencial al dar el sí, sin que haya causas jurídicas que se puedan constatar. La Conferencia Episcopal», siguió Díez Alegría, «ha hablado en términos profundamente negativos de una posible ley civil del divorcio. Si fueran coherentes con la indisolubilidad del matrimonio, dirían: "quien haya fracasado, que se aguante." Pero luego les entra una misericordia y ensanchan las causas de nulidad».
González Ruiz puntualizó: «Si todo parece tan claro, ¿dónde está el conflicto? Varios profesores de la Universidad Gregoriana han hecho un estudio sobre el clero occidental: el 75 por ciento es neurótico, el 15 por ciento necesita ayuda psiquiátrica y sólo el 10 por ciento está sano. Conclusión: la institución eclesial está neurótica. »
Nulidades a domicilio
Junto a opiniones como la de Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas, sobre la legislación canónica, a la que calificó de «caduca, desfasada e inquisitorial», hubo otros momentos de los debates en los que se narraron hechos que sorprendieron a algunos de los asistentes. «Señores», dijo el diputado socialista Antonio Sotillo, «en un hotel de Madrid, un obispo africano católico anula actualmente matrimonios por 300.000 pesetas en pocas horas».
Dentro del proyecto de divorcio presentado por el Gobierno a las Cortes, varios puntos centraron las críticas de la izquierda y las mujeres. El principal de ellos, el mutuo consenso, que no se recoge en el proyecto ucedista, «pese a ser el que no implica traumas, el que hace que el divorcio sea pacífico », según dijo Ana María Pérez del Campo. María Dolores Pelayo, la diputada de UCD, opinó, en cambio, que «el matrimonio es un acuerdo de voluntades, pero esa voluntad, una vez contraído, trasciende al Estado y a la sociedad, por lo que ya no puede romperse por mutuo disenso».
Este punto del divorcio consensual es uno de los que hace al PSOE discrepar con el proyecto elaborado por UCD, junto con la necesidad de un proceso de separación previo al divorcio y las «desorbitadas facultades» que se le dan al juez para dar o denegar el divorcio, según expuso el diputado socialista Antonio Sotillo, quien aseguró que su partido no iba a ceder con un texto así (véase EL PAIS del 7 de marzo). Junto a estas manifestaciones, María Dolores Pelayo matizó la omnímoda posibilidad del juez diciendo que «dentro de la reforma del poder judicial tenemos previsto establecer los jueces de familia, asesorados por diversos especialistas». Ya Ana María Pérez del Campo, presidenta de las Mujeres Separadas, había informado que hay en la actualidad un juzgado que está utilizando asistentes sociales que proporcionan al juez datos muy estimables en cada caso, y que esto entronca con la petición del proyecto de divorcio de siete organizaciones feministas de que se cree un Tribunal de la Familia. Dentro de estos jueces específicos, el representante de Alianza Popular anunció que, entre sus enmiendas al proyecto gubernamental, pedirían que se estableciera la figura del defensor matrimonial o defensor del vínculo.
Buena o mala fe
Virgilio Zapatero, dirigente del Grupo parlamentario Socialista, añadía el viernes, al iniciarse el estudio del proyecto del Gobierno por parte de este grupo, un nuevo punto de desacuerdo del PSOE: la exigencia de culpabilidad de uno de los cónyuges. La crítica a este punto se ha hecho desde diversos sectores, que encuentra poco serio que se huya de los términos culpable e inocente para encubrirlos en el ámbito de la «buena o mala fe » de los cónyuges.
Uno de los ataques hechos al proyecto de ley gubernamental es porque no prevé ninguna norma que obligue al cónyuge que deba pagar las pensiones a hacerlo. Rosa Posada, secretaria política del gabinete de Adolfo Suárez, afirmó que «hemos trabajado en la posibilidad de incluir una disposición adicional octava para crear, dentro de la Seguridad Social, algo como un Fondo de Garantía Familiar, que satisfará los alimentos, dentro de los límites que reglamentariamente se fijen. El Fondo de Garantía Familiar se subrogará las condiciones de acreedor. Quien no cumpla incurrirá en mora y la suma debida se incrementará en un 20 por ciento, sin perjuicio de los intereses».
