La negociación de precios en la CEE

La CEE ha adoptado durante los últimos años una fijación conjunta de los precios agrarios, con el fin de alcanzar los objetivos señalados en el artículo 39 del Tratado de Roma.Entre estos objetivos merecen destacarse el incremento de la productividad en la agricultura, un óptimo empleo de los factores de producción (especialmente la mano de obra), garantizar a la población agrícola un nivel de vida que pueda equipararse al de los demás sectores y asegurar a los consumidores unos precios razonables.

Para llegar a una propuesta del índice global de precios del conjunto de los productos agrarios regulados y de los incrementos resultantes para cada uno de éstos, los distintos departamentos de agricultura de la CEE cuentan con la Red de Información Contable Agrícola comunitaria (RICA), las estadísticas que igualmente proporcionan los niveles de renta de otros sectores y las cifras relativas a incrementos anuales de los costes experimentados en los medios de producción. Este sistema se conoce con el nombre de «inétodo objetivo».

Cada año se recogen en la Comunidad los incrementos de costes experimentados por las explotaciones agrarias durante el año anterior. La continuidad y regularidad de este sistema es lo que permite a la Comisión elevar al Consejo de Ministros, al principio de cada año, su propuesta conjunta y simultánea de precios agrarios para la siguiente campaña.

La política comunitaria de precios y mercados se asienta en tres principios básicos: la libre circulación de los productos entre los países miembros, lo que obliga a eliminar cualquier acción o instrumento que falsee la concurrencia; la preferencia comunitaria, que protege el mercado interior de las importaciones a precios bajos, as! como de las fluctuaciones mundiales, y la solidaridad financiera, que se materializa en una financiación única a través del FEOGA.

En el FEOGA, máximo organismo encargado de regular la producción y la comercialización de los productos agrarios de la Comunidad, están representados las organizaciones agrarias, cuya propuesta es oída y atendida a la hora de dictaminar los precios cada año.

En esta ocasión, los agricultores de los nueve han acogido con grandes protestas la propuesta elaborada por la Comisión (un incremento del 2% al 3,5%, según productos), que debe estudiar el Parlamento Europeo.

Se trata del primer presupuesto agrícola en la historia de la CEE que conlleva una reducción de los gastos comunitarios. La asociación más poderosa de agricultores, el COPA, ha calificado esta propuesta como «inaceptable y provocativa», y en caso de que llegue a ser aprobada «provocará reacciones».

Según el COPA, sólo para poder mantener el poder adquisitivo actual de los agricultores europeos habría que incrementar los precios de sus productos en un 7,9%. Consideran que si sólo se aumenta el 2,4% anunciado, la mitad se iría a los canales de distribución y a ellos les llegaría el otro 1,2%.

Lo evidente es que la política agrícola común cuesta cara en términos absolutos, con una factura de 400.000 millones de francos belgas (unos 920.000 millones de pesetas) al año. Pero en términos relativos, este gasto no representa más que el 0,4% del producto interior bruto y el 2,8% del gasto alímentario del consumidor europeo.