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Cuando los jueces pueden asociarse

El fenómeno asociativo llega, por fin, formalmente a la justicia, haciendo así efectivo el principio consagrado en el artículo 12 de la Constitución. Prescindiendo de cualquier consideración acerca de la forma -cuando menos discutible- en que se ha llevado a cabo el desarrollo constitucional en este punto (limitaciones, separación de cuerpos, etcétera), parece oportuno hacer aquí algunas consideraciones sobre el tema, nuevo entre nosotros en sus actuales perfiles.El reconocimiento a los jueces del derecho de asociación cuenta con una vieja ejecutoria en algunos países, de nuestro ámbito cultural. Tópico (y no siempre bien entendido) es el caso. de Italia, que conoció ya en 1911 el nacimiento de la Asociazione Nazionale Magistrati Italiani. Esta, tras de muchas vicisitudes, integra hoy, desde que hace pocos meses, la Unidne Magistrati Italiani -sector más conservador, de preferente extracción jerárquica-, pidió el reingreso después de dos décadas de separación, a las distintas corrientes en que se distribuyen ideológicamente los funcionarios judiciales italianos. También Francia sabe de una íntensa vida asociativa en el seno de la institución, sobre todo a partir de la entrada en la escena, en 1968, y junto a la ya existente Unione Federale des Magistrats (hoy, Unionc Syndicale des Magistrats), del Syndicat de la Magistrature. Y lo mismo Portugal, y, más recientemente, Bélgica, han asistido a experiencias en alguna medida similares.

De todos estos movimientos, que se dan en contextos estatales actualmente reconducibles, mutatis mutandis, a un mismo modelo, cabe inducir un dato bien evidente: la situación de crisis en que se encuentra un cierto modo de concebir la organización y la práctica de la justicia, y simultáneamente, el paso de los temas con ella relacionados a constituirse, cada vez con más frecuencia, en objeto de preocupación para el hombre de la calle.

Es bien significativo, por otra parte, el hecho de que el juez (o un número no desdeñable de los jueces) de nuestros días hayan pasado, de sentirse místicamente independientes, a percibir el valor de independencia como algo a conseguir mediante el control de toda una trama de relaciones de poder. Control únicamente asequible desde una nueva dimensión auto-consciente, que exige la superación de la dispersión y el aislamiento por parte de quienes carecían, en tanto que sujetos de una práctica social, de otra posible forma de «existencia colectiva» que no fuera la del escalafón correspondiente.

Sin momentos de encuentro, de reflexión en común o de crítica. A expensas del rumor, de la información de «buena fuente» (sobre todo en materia retributiva) o del amigo del ministerio, como única forma de «participación» en la elaboración de la política judicial. Ejerciendo una función que no facilita precisamente la integración en el medio social (o en ciertos sectores sociales al menos), llevado casi a dar culto a una imagen en la que muy pocos ciudadanos podrían reconocerse, el funcionario de la justicia se ha visto confinado en los estrechos límites de su experiencia individual. Obligado tantas veces a vivir de palabras (eso si, con mayúsculas) en un mundo de «fines», puesto que de medios no podría hablarse...

Pues bien, de un tiempo a esta parte, los palacios de justicia han comenzado a ser (y es de suponer que asombrados) testigos de un fenómeno inédito: el de algunas incipientes prácticas asamblearias en las que el ritual jerárquico va progresivamente dando paso a las formas de gestión de la democracia directa. Podría decirse, sin exagerar, que los jueces empiezan a salir al encuentro de sí mismos, a reconocerse en el debate y en la confrontación abierta, a discrepar o a estar de acuerdo respecto de algo que pudiera atañerles, con libertad. Y éste es el marco en que cabe esperar el nacimiento de una nueva visión de «lo profesional» que sea, a su vez, objeto de un nuevo tratamiento.

Porque cuando lo que se gestiona es la prestación de un servicio público de tanta trascendencia para la vida de la comunidad como el de que aquí se trata, la preocupación por la calidad y el sentido de lo que se hace debe extenderse hasta donde la actividad llega. O, incluso, hasta donde no llega, aun cuando debería llegar. Trascendiendo el estrecho límite de los intereses de carrera o de cuerpo.

Y es aquí donde el asociacionismo judicial está llamado a desempeñar un papel relevante, en tanto que plataforma privilegiada para la recuperación por los propios sujetos de una hasta ahora ajena perspectiva de la propia función, capaz de propiciar al mismo tiempo un reencuentro de ésta con la sociedad.

La calle debe y tiene derecho a conocer lo que pasa «de puertas adentro», para que pueda sentirse implicada, que es tanto como decir solidaria. Tiene derecho a conocer, para responsabilizarse, todo el trayecto y el clima de gestación y no, como hasta ahora, sólo el producto final de un aparato inanimado y lejano. Y los jueces asociados harán muy bien si, perdiendo el falso pudor corporativo, que les ha hecho cómplices involuntarios de sus prJopias carencias, comienzan a lavar «en sociedad» (que es el único terreno familiar en este caso) los trapos sucios de las miserias institucionales que también ellos sufren.

Fuente de transparencia

De esta manera, el marco asociativo se constituirá en espacio de catarsis, vehículo de información y formación, fuente de transparencia. La justicia tendrá una nueva proyección en la sociedad y recibirá de ésta, a través de la critica, su propia imagen como en un espejo. Y sus destinatarios (mejor que justiciables) estarán en el camino que puede algún día llevarlos a vivirla, finalmente, como experiencia propia.

Cierto que ésta, como cualquiera que valga la pena, no es labor de un día. Cierto que no faltará el realista de turno que, absolutizando una limitada experiencia, niegue sin más validez a lo que se piensa en el tiempo histórico y con la confianza puesta en el esfuerzo de muchos. Por eso, y desde el conocimiento y la insatisfacción de lo que ha dado de sí una añeja realidad que todavía nos marca, es por lo que en la línea de salida de algo que es nuevo entre nosotros, quisiera hacer desde aquí una llamada a la imaginación y al compromiso. En la seguridad de que lo que es bueno para la democracia no puede nunca ser malo para la justicia.

Perfecto Andrés Ibáñez es juez de primera instancia e Instrucción de Toro (Zamora).

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