¿Qué pasa en la función pública?

Después de trece días consecutivos de huelga, protagonizada por un número importante de funcionarios y contratados de la Administración pública, muchos ciudadanos de nuestro país se preguntan: ¿qué pasa en la función pública?, ¿por qué un conflicto tan largo?, ¿qué quieren los empleados públicos?La opinión generalizada de que en la Administración la productividad es muy baja agudiza en no pocas ocasiones estos interrogantes, y hay quien opina que la garantía de estabilidad en el empleo, de que gozan los funcionarios -que no los contratados-, y el bajo rendimiento en el trabajo desautorizan a éstos a tomar cualquier actitud de protesta.

Pero es necesario analizar los entresijos de la actual Administración, que padecemos todos, para entender las razones de este conflicto y la justicia de sus reivindicaciones.

Dos puntos resumen las aspiraciones de los funcionarios en huelga y ellos por sí solos expresan el deseo de que se operen cambios en la función pública, encaminados a normalizar sus relaciones de trabajo, como corresponde a una sociedad democrática, y a agilizar y aumentar la eficacia de los servicios públicos, como deben exigir los ciudadanos de esta sociedad.

La complejidad del sistema de .retribuciones actual hace ya difícil su entendimiento, pero si a ello unimos la ocultación sistemática de datos -hasta 1978 no publica la Junta Central de Retribuciones ningún informe sobre las mismas-, el confusionismo que se establece es total, incluso entre los propios funcionarios.

De este estado de cosas se sirve la Administración para poner en práctica su filosofía sobre lo que debe ser la relación de trabajo en el seno de la función pública, y su propio funcionamiento, filosofia que está basada en el mantenimiento permanente de una alta cota de ineficacia en los servicios públicos.

A la dirección política de la Administración le preocupa el nivel de rendimiento de un porcentaje pequeño de funcionarios, y que son básicamente los que forman los equipos de apoyo de los centros directivos. Para conseguirlo se sirve de dos cosas:

- Inexistencia de cauces de promoción profesional, lo que le permite elegir libremente a los funcionarios que forman estos equipos.

- Un sistema dé retribuciones confuso que le permita, sin dificultad y sin salirse de la legalidad, retribuir más y mejor a éstos.

Para el resto del colectivo -la mayoría-, sin que importe demasiado ya su rendimiento, se utiliza este estado de cosas para:

- Mantener una división retributiva que garantice las fricciones entre unos cuerpos de funcionarios con otros, o entre funcionarios y contratados.

- Continuar con unas relaciones paternalistas entre jefe y empleado.

Esta práctica, desarrollada durante muchos años, y que en nada ha cambiado desde 1977, ha llevado al desorden actual, del que puede dar alguna cuenta los siguientes ejemplos:

Ejemplo n.º 1. Sueldo medio anual al 31-12-1979 de dos funcionarios de idéntica cualificación profesional (titulación universitaria), el primero destinado en servicios de inspección en la Administración central, y el segundo, en tareas de investigación en un organismo autónomo:

Inspector financiero: 2.749.780 pesetas.

Técnico Junta E. Nuclear: 948.456 pesetas.

Ejemplo n.º 2. Entre un equipo de auxiliares trabajando en el mismo servicio, realizando el mismo tipo de trabajo y con idéntica antigüedad, es normal que existan las siguientes diferencias:

Auxiliar con complemento de destino (que asigna libremente el jefe de sección): 520.381 pesetas.

Auxiliar sin complemento de destino: 446.797 pesetas.

Pues bien, este estado de cosas se ve agudizado con la distribución de aumentos salariales pretendido para 1980, al reservarse la Administración, de un porcentaje de incremento de la masa salarial ya de por sí exiguo (12,5 %), cuatro puntos para distribuirlos con criterios que deberá aprobar el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda.

Esta medida arbitraria se une al acuerdo del Consejo de Ministros del 21-9-1979, modificado por otro de enero de 1980, que establece extender la aplicación del complemento de destino al 40% de los auxiliares y al 30% de los subalternos, a propuesta de los jefes de departamento y sin criterios de distribución.

Frente a estas medidas, que suponen unos incrementos brutos mensuales de 2.566 pesetas a los colectivos con sueldos más bajos y una arbitrariedad absoluta en el reparto del resto de la masa salarial, que ayudaría a agudizar el paternalismo y el desorden retributivo, los funcionarios exigen: negociar la distribución de ese 4% empleando criterios de mantenimiento de poder adquisitivo a los peor dotados económicamente y de extensión del complemento de destino al ciento por ciento de los funcionarios que no lo perciban, para evitar la arbitrariedad.