Nuevo retraso en el desarrollo legislativo de la Constitución

Contra las previsiones que se habían hecho, el Gobierno no acordó ayer la remisión a las Cortes de un solo proyecto de ley de desarrollo constitucional, si bien el portavoz anunció «un fuerte acelerón» para enero de 1980, aprovechando las vacaciones parlamentarias. Uno de los proyectos de ley que se había dado como seguro, el de régimen local, ni siquiera fue sometido a la consideración del Consejo de Ministros. Sobre este proyecto de ley, programado para octubre de este año en el calendario gubernamental, toda la información ofrecida fue la siguiente: «El ministro de Administración Territorial sometió al Consejo un primer informe sobre el anteproyecto de ley de régimen local, que quedó sometido a estudio de diversos ministerios.»Según fuentes parlamentarias de la oposición, el retraso de este proyecto de ley -esencial para la adaptación de las estructuras locales a la Constitución- podría dejarlo fuera del programa legislativo del Congreso de los Diputados para el período de sesiones febrero-junio de 1980, ya que se encuentran pendientes de elaboración más de ochenta proyectos de ley. Igual cabe decir de otras leyes de desarrollo constitucional que han experimentado un notable retraso, entre ellas la de regulación de la huelga, prevista para agosto, y la del divorcio, cuya remisión a las Cortes estaba programada para el pasado mes de octubre. ElPSOE tiene el propósito, ante el retraso gubernamental, de volver a presentar su proposición de ley sobre el divorcio antes de fin de año.

Fusiones de empresas

El Consejo de Ministros dio, en cambio, su aprobación a un proyecto de ley sobre régimen fiscal de las fusiones de empresas, que tiene por finalidad eliminar las dificultades de orden tributario que imposibiliten las concentraciones de empresas beneficiosas para la economía nacional y siempre -añade la información oficial- que «no entrañen expectativas de signo monopolístico».

Se establecen bonificaciones en los impuestos estatales y municipales que se derivan directa o indirectamente de las operaciones de fusión, así como otras facilidades a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto general sobre transmisiones patrimoniales y el impuesto municipal sobre incremento de valor de los terrenos. En definitiva, se trata de «efectuar valoraciones realistas de los elementos patrimoniales de las empresas que se concentran, facilitando los necesarios equilibrios económicos y la determinación de las relaciones de canje». El proyecto de ley establece cautelas, en evitación de que la futura ley sea utilizada para fines distintos a la reestructuración de las empresas, mejora de los sectores económicos y beneficio para la economía nacional.

Futuro código del agua

El Consejo de Ministros fue informado sobre las jornadas conmemorativas del centenario de la ley de, Aguas, clausuradas en Canarias, y sobre las reuniones de la comisión interministerial que ha fijado los criterios para la elaboración del nuevo Código del Agua, que ha tenido en cuenta las opiniones de comunidades de regantes, sindicatos de riego, corporaciones locales, cámaras agrarias, colegios profesionales y otras entidades relacionadas con el tema.

El Gobierno acordó constituir un grupo de trabajo para la elaboración del anteproyecto de Código del Agua, que «será considerado por el Gobierno», afirma el Gabinete, «en el primer trimestre de 1980».

Fueron aprobados expedientes para la construcción en Orcasur (Madrid) de viviendas por más de 2.000 millones de pesetas, y por más de mil millones de pesetas para la adquisición de ellas en Sevilla, Jaén, Madrid y Almería. Otros gastos para obras públicas -entre ellas, para el puerto de Santa Cruz de Tenerife y el tramo Hospitalet- Barcelona de la autopista- importan, en total, más de 4.500 millones de pesetas.