El Congreso de los Diputados convalidó, por un solo voto, el decreto-ley antiterrorista

El Congreso de los Diputados convalidó ayer el decreto-ley que prorroga la ley Antiterrorista y amplia las competencias de la Audiencia Nacional, atribuyéndole la facultad de entender en delitos tales como el escándalo público a través de la medios de comunicación. La apretada votación se resolvió a la tercera vez, mediante voto secreto por papeletas, por 147 votos a favor, 146 en contra y una abstención, después que la primera votación diera un resultado contrario al decreto-ley y en la segunda favorable.

Según pudo saber EL PAÍS, la razón de la primera votación contraria al decreto se debe a que varios diputados centristas estaban dispuestos a romper la disciplina de voto de su partido. El PSOE pidió votación secreta, es decir, sin hacer listado de votantes, aunque por el procedimiento electrónico. En el primer escrutinio, con 296 votantes, 146 se pronunciaron a favor de la convalidación, 148 en contra y hubo dos abstenciones. Al producirse este resultado la oposición estalló en aplausos, mientras UCD protestaba.El presidente de la Cámara decidió que se contasen los presentes, y al comprobarse que sólo había 294 ordenó repetir la votación. En esta segunda aparecieron 293 presentes, 150 de ellos a favor, 142 en contra y una abstención. Inmediatamente el presidente dijo que el decreto quedaba convalidado, pero el portavoz socialista pidió que se repitiese la votación por papeletas. Se cerraron las puertas y se comenzó a llamar diputado por diputado, para que entregase su voto al presidente, que lo introducía en la urna. Llegó a haber protestas

porque parecía que entraban nuevos diputados, ante lo cual Landelino Lavilla tuvo que advertir que se trataba de personal de la Cámara.

El escrutinio fue seguido con gran emoción por el Gobierno prácticamente en Pleno y numerosos diputados, que al final iban cantando los votos que separaban cada opción.

Se opusieron al decreto los grupos Socialista, vasco, catalán, andalucista y Comunista, mientras apoyaban la convalidación UCD y Coalición Democrática, aunque el portavoz de este último grupo, Manuel Fraga, expresó serias reservas sobre la constitucionalidad del decreto-ley.

Antonio Jiménez Blanco, por UCD, comenzó el debate afirmando que la ley cuya vigencia prorroga el decreto se aprobó con la Constitución ya a punto de ser sometida a referéndum y todos los grupos reconocieron su conveniencia. A este respecto citó palabras de los portavoces socialista y comunista recogidas en los diarios de sesiones correspondientes.

Sobre la ampliación de competencias de la Audiencia Nacional, Jiménez Blanco arguyó que había motivos de urgencia, debido al aumento de los delitos y al retraso de la tramitación de las causas, por lo que podía apelarse al artículo 86 de la Constitución, que faculta al Gobierno para dictar decretos-ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad.

En cuanto a la prórroga de la ley Antiterrorista afirmó que nadie puede negar que es necesaria y que el plazo de un año que se contemplaba en la misma ley -y que hubiera expirado el 3 de diciembre- no era más que una previsión Añadió que su grupo no hubiera deseado la prórroga, pero que sin este incremento sería muy difícil proseguir la lucha contra el terrorismo, mientras hay profundos ataques contra la sociedad democrática.

Un recuerdo al TOP

Gregorio Peces-Barba, por los socialistas, intervino para decir que el portavoz de UCD había utilizado, para justificar la ampliación de competencias de la Audiencia Nacional, los mismos argumentos que se dieron en el franquismo para crear el Tribunal de Orden Público. Añadió que se hacía una flaca lucha contra el terrorismo si no se respeta el Estado de derecho, y que este decreto-ley se ha utilizado para cubrir la imprevisión del Gobierno.

El portavoz socialista dejó bien claro que su grupo consideraba inconstitucional el procedimiento, aunque no el fondo de la ley prorrogada, ya que el articulo 86 de la Constitución impide hacer uso del decreto-ley cuando se afecta a derechos fundamentales de las personas, como es el derecho al juez natural recogido en el artículo 24 de la Constitución, y cuando se trate de instituciones fundamentales del Estado, como el poder judicial. El mismo argumento utilizó para oponerse a Ia prórroga por decreto-ley de la legislación antiterrorista, ya que también se trata de derechos fundamentales, como la intimidad de las comunicaciones, el tiempo de detención, el derecho a la asistencia de abogado, etcétera.

Afirmó Peces-Barba que no se trata de debilitar la lucha contra el terrorismo, sino de salvaguardar la Constitución, porque no se puede cometerla iniquidad de justificar el fin a través de los medios.

El resto de los portavoces se adhirieron en general a la posición socialista. Alejandro Rojas Marcos, del PSA, dijo que el mismo Gobierno reconoce que la ley Antiterrorista no es efectiva puesto que en el preámbulo del decreto-ley en cuestión se afirma que subsisten sus causas, y agregó que no se combate el terrorismo endureciendo las leyes, sino combatiéndolo con los instrumentos adecuados y de manera igualitaria.

Marcos Vizcaya, del Grupo Vasco, agregó, por su parte, que su grupo teme que la ley se siga aplicando de forma indiscriminada, para a su amparo hacer detenciones en masa, incluso de militantes de partidos parlamentarios. Miguel Roca, del grupo catalán, indicó que la lucha contra el terrorismo sólo será efectiva dentro de la constitucionalidad, y que la democracia también tiene su esencia en el respeto de las formas.

Mientras Fernando Sagaseta insistía en que el decreto-ley en realidad crearía terrorismo, Juan María Bandrés se centró en que la ley Antiterrorista concede diez días de detención gubernativa y afirmó que esos días pueden usarse para utilizar medios prohibidos por el Código Penal.

Manuel Fraga sostuvo que el artículo 86 de la Constitución es claro y que en un sistema constitucional, el principio de que es ley lo que le place al príncipe ya no sirve. No obstante, para evitar el vacío legal que se produciría, propuso convalidar el decreto-ley y tramitarlo como proyecto de ley. Solé Tura, por los comunistas, incidió en los mismos argumentos y afirmó que se trata de una negligencia del Gobierno.