Posible desalojo judicial de los pisos de General Fanjul

El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) no comprará el bloque de viviendas del número 27 de la calle General Fanjul, mientras no sea desalojado por las familias que lo ocuparon el pasado viernes, según informan fuentes municipales. Por su parte, Visomsa, constructora de las viviendas, ha iniciado los trámites para que sean desalojadas por la vía judicial, trámites aconsejados por el Gobierno Civil con el fin de evitar la actuación de las Fuerzas de Orden Público y posibles disturbios.

Según informó a EL PAIS el presidente de la junta municipal del distrito de Carabanchel, Miguel Lara, en la reunión que mantuvieron,el pasado lunes en el Gobierno Civil representantes de la Asociación de Amas de Casa y de la Coordinadora de Chabolistas de Carabanchel con el gobernador civil, Juan José Rosón, y en la que estuvieron presentes el delegado provincial del INV y el concejal del distrito, se llegó al acuerdo de intentar que el MOPU comprase las viviendas, siempre que éstas fueran desalojadas. La adjudicación de dichas viviendas se realizará a través de la Subcomisión de Vivienda, que depende de la Comisión Provincial de Cooperación con los entes locales. Esta subcomisión recibirá las propuestas de todas las juntas de distrito, a las que llegarán las peticiones de las asociaciones vecinales.

En la reunión mantenida en el Gobierno Civil, el concejal Miguel Lara presentó un documento firmado el pasado 27 de junio por el que se comprometían, tanto la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Carabánchel Bajo como la Asociación de Amas de Casa, a poner en común sus propuestas relativas a la adjudicación de viviendas de promoción pública. Esta puesta en común se verificaría -dice el documento- en el marco de la junta municipal y en sincronía con ella. Por tanto, todas las propuestas pasarían por este cauce.

Gerencia de Urbanismo, por su parte, ha hecho público un comunicado en el que señala que el 20 de noviembre puso en marcha, a través de las juntas de distrito, los mecanismos para llevar a cabo la adjudicación de las viviendas en cuestión. Para adjudicarlas, Gerencia dará prioridad a aquellas familias que, debido a desalojos motivados por ruinas inminentes o por expropiaciones, viven en estos momentos en pensiones o pisos de alquiler por cuenta del municipio. El numero de familias que viven (algunas desde hace años) en esta situación se aproxima a las setecientas, de las cuales 58 son de Carabanchel. Esta prioridad la basa el Ayuntamiento en criterios humanos y sociales.

En este sentido, señala la nota, el Ayuntamiento, con independencia de los cupos que le corresponden de Visomsa, tiene previsto de inmediato establecer un convenio con el INV, de construcción de viviendas en solares municipales, para solucionar el problema heredado y prever viviendas para futuros problemas similares. La ocupación ilegal -continúa Gerencia- del bloque de General Fanjul hace imposible, por el momento, que los vecinos a los que el Ayuntamiento adjudica ochenta viviendas de Visomsa puedan hacer uso de las mismas. Es imprescindible, por tanto, que cese la ocupación.

Por su parte, los ocupantes de las viviendas han manifestado a este periódico que ya se encuentran instalados en los pisos y no se irán. Señalan que ellos hace más de un año que solicitaron estas viviendas y tienen prioridad para la adjudicación. «Los hechos», ha manifestado Lola Ubera, presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Carabanchel, «son que ya se han iniciado los trámites para que el MOPU compre los pisos, que tenemos el apoyo de Tierno y del Grupo parlamentario Socialista y que de aquí no nos vamos.» Los intentos hechos por EL PAIS para ponerse en contacto con el alcalde resultaron infructuosos en la tarde de ayer.

Asimismo, representantes de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Carabanchel Bajo manifestaron su oposición a que se trafique con las chabolas y su exigencia de que las familias que pasen a vivir en viviendas sociales de Carabanchel sean de Carabanchel.