Las fuerzas políticas vascas se pronuncian ante el final del secuestro

Toda posible «concesión fundamental y al margen de la actual legalidad» que hubiera podido producirse en la negociación de la liberación de Javier Rupérez contará con «la denuncia y la crítica más enérgica» por parte del Partido Comunista de Euskadi. Su secretario general, Roberto Lertxundi, tuvo interés en subrayar a EL PAIS que en el fondo de su postura está el convencimiento de que toda «negociación institucional potencia, en definitiva, los objetivos de ETA (p-m). Lertxundi matizó, sin embargo, que, en su opinión, existen medios que, «sin forzar la legalidad, podrían servir para atenuar las condiciones actuales de los presos de ETA». «En definitiva», añadió, «era posible ofrecer una serie de cambios que podían coincidir o ir en el sentido de las exigencias de los secuestradores, pero a condición de que tales cambios no aparecieran como concesiones realizadas al margen de la legalidad, sino como modificaciones de la práctica judicial o penal en el marco de dicha legalidad.»

Por su parte, Juan Iglesias, presidente del Partido Socialista de Euskadi (PSOE), sin pronunciarse expresamente-sobre «la oportunidad o inoportunidad concreta de negociar en cada caso», piensa que «cuando se trata de salvar una vida, el posible precio que haya que pagar, desde el punto de vista de las concesiones, deberá considerarse barato, siempre que suponga un paso hacia el fin de la violencia». En el caso del secuestro de Rupérez -un «hombre sinceramente demócrata y no comprometido con el franquisino»-, ETA (p-m) ha comprendido, en opinión de Iglesias, que «liberarle era no sólo lo más humano, sino lo más político».

Euskadiko Ezkerra también expresó ayer su alegría por el «justo desenlace» de lo que, muy significativamente, califica de «penoso suceso».