Una larga cadena de contactos entre el Gobierno y ETA político-militar puso fin al secuestro

La liberación de Javier Rupérez ha sido posible gracias a una larga cadena de contactos entre el Gobierno y la organización ETA (politico-militar), que fundamentalmente han dado como fruto la constitución de sendas comisiones investigadoras de presuntas torturas en el Consejo General Vasco (CGV) -condición expljcita de ETA (p-m) y en el Congreso de los Diputados- y la posibilidad de que un número no determinado de presos etarras, no implicados en delitos de sangre, vean atenuada su situación carcelaria. En esto último se incluye la posibilidad de libertades provisionales, y todo ello desde el más estricto respeto a la legalidad, mediante aceleración de causas pendientes y revisión de las situaciones procesales y sus atrasos.

Aunque sobre los términos del acuerdo Final hay pocos datos seguros, debido ante todo a que ambas partes se han comprometido a un silencio total, la impresión existente es que los contactos mantenidos no desembocarán en excarcelaciones importantes y en bloque, sino más bien, en un goteo de libertades condicionales. Según pudo saber EL PAIS, hoy mismo es posible que sea puesto en libertad bajo fianza de 200.000 pesetas un preso de apellido Artola, encarcelado en Pamplona.Los contactos, excepto en su parte final, se desarrollaron a través de intermediarios: los comenzó el comité pro liberación presidido por Joaquín Ruiz Giménez, que puso a las partes en situación de negociar. Otra persona importante ha sido Carlos Garaikoetxea, presidente del PNV y del CGV, por su labor de puente y su decisiva intervención para que el CGV crease la comisión sobre presuntas torturas. Se ha sabido también que estuvo en contacto permanente con José María Rupérez, hermano del secuestrado, y que en alguna ocasión viajó a Francia.

También actuaron como mediadores dirigentes de Euskadiko Ezkerra -entre ellos Mario Onaindia y Juan María Bandrés- y se cita a un abogado de San Sebastián y otro en París. Jaquín Ruiz Giménez ha sido una de las personas decisivas en el proceso que ha conducido al final del secuestro.

La negociación

Al secuestrar a Javier Rupérez, ETA político-militar pretendía ante todo conseguir una negociación con el Gobierno, o, más exactamente, ser reconocida por el Gobierno como interlocutor negociador. Las claves de este deseo hay que buscarlas, por un lado, en el papel que los polis-milis jugaron de apoyo al Estatuto de Guernica, tras lo que necesitaban recuperar imagen y fuerza popular. De otra parte, la organización terrorista habla perdido todo contacto con el Gobierno desde que el presidente de éste, Adolfo Suárez, decidió cortar los que se venían realizando.

Estos contactos se remontan a la época de las primeras elecciones democráticas de 1977 y la amnistía, pero se producían esporádicamente. La última vez que se dieron fue con ocasión de la campaña de colocación de bombas en lugares turísticos, realizada por ETA (p-m), según publicó EL PAIS el pasado 21 de noviembre, aunque el asunto fue formalmente desmentido por el Gobierno. El canal de comunicación se estableció a través de un comandante de Estado Mayor experto en funciones de información y que había estado destinado varios años en el País Vasco.

Decidida a llevar a cabo una operación de secuestro, para presionar en el sentido antedicho, ETA (p-m) escogió al diputado de UCD Javier Rupérez, fundamentalmente por considerar que era un de las principales figuras del partido del Gobierno, si se excluye. por los riesgos que hubiera comportado, el gran contingente de personalidades centristas con protección policial: ministros, todos los diputados que han participado en la discusión de estatutos de autonomía, secretarios de Estado, hasta directores generales.

Producido el secuestro en la mañana del domingo, 11 de noviembre el presidente Suárez tomó personalmente las riendas del asunto. En la primera reunión que celebró con el comité ejecutivo de UCD se decidió rechazar toda vía negociadora, aunque no se excluyeran otro tipo de gestiones. Paralelamente se inicia una vasta operación policial, con dos campos principales: Madrid, ciudad donde existe el convencimiento de que permanecen en ella los secuestradores con su rehén, y el País Vasco, donde comienza una campaña de detenciones masivas de militantes de Euskadiko Ezkerra, que en el pasado pudieron tener relación con ETA.

Al mismo tiempo, ETA (p-m) hace públicas sus dos condiciones para liberar a Rupérez, que unánimemente son calificadas como sospechosamente baratas: liberación de cinco presos vascos enfermos -después se añadiría un sexto nombre- y la creación por el Consejo General Vasco de una comisión que investigue las posibles torturas a detenidos. De las dos condiciones, la primera es un medio para acceder a la negociación, y la segunda tiene carácter secundario, pues en realidad ha sido incluida para compensar la frustración, a causa del propio secuestro, de la campaña sobre este tema iniciada fechas antes por Euskadiko Ezkerra.

Constitución del comité

En los primeros días del secuestro se produce una situación de calma, a la espera de que se decanten las posiciones de unos y otros. En tal estado de cosas, los amigos de la familia, reunidos en la propia casa de Javier Rupérez, deciden crear un comité pro liberación, el 14 de noviembre, con el fin de ha cer de puente entre una y otra parte o, al menos, de flexibilizar posturas. ETA piensa que el comité es un submarino del Gobierno y rechaza la posibilidad de usarlo como interlocutor.

El Gobierno, por su parte, no ve con malos ojos la constitución del comité y, al menos, le suministra todo tipo de apoyo: teléfonos, se cretarias, incluso billetes de avión para viajar al País Vasco en su momento. Efectivamente, cinco miembros del comité viajan a Euskadi el jueves 22 de noviembre Allí se entrevistan con toda clase de interlocutores, desde el presidente del PNV, Carlos Garaikoetxea, hasta Euskadiko Ezkerra, pasando por los familiares de los presos vascos. Herri Batasuna, alineándose con la opinión de que negociar es ceder, sustentada por ETA (militar), se niega a hablar.

Una reunión fundamental es la realizada con los familiares de los presos, ya que entre los presentes hay personas en condiciones de indicar qué puede hacerse para lograr un entendimiento y terminar felizmente el secuestro. La conversación comenzó muy tensa, por la imagen que en los medios abertzales tenía el comité, pero termina aceptablemente. En su curso se han expuesto los términos necesarios para un entendimiento.

La campaña internacional

Cuando se produce este encuentro, la situación del secuestro ha cambiado notablemente, sobre todo para la imagen de ETA (p-m). La organización tenía entre sus fines el aumento de prestigio, pero una amplia campaña promovida desde Madrid produce el efecto contrario: desde el Papa hasta Amnistía Internacional, pasando por la Organización para la Liberación de Palestina, condenan el secuestro.

El cenit de la campaña se produce cuando el líder de la OLP, Yasser Arafat, envía una carta pública al presidente Suárez, en la que pide la liberación del secuestrado. El verdadero destinatario de la misiva es ETA (p-m), pero la OLP ha tenido que hacer su gesto por vía indirecta , al advertirle el Gobierno que dirigirse directamente a la organización vasca significaba hacer declaración pública de su reconocimiento. Al parecer, elementos palestinos habían contactado directamente con los vascos para sugerirles la liberación del secuestrado.

En esta situación, ETA (p-m) se encuentra en un callejón sin salida: con el Gobierno en una postura cada vez más dura, sabe que si Rupérez no es liberado sano y salvo se cerrará la vía dialogante en que basa su actuación; pero si lo suelta incondicionalmente: arruina su prestigio de cara a los sectores duros del activismo nacionalista. Estos condicionantes están en el origen de los sucesivos comunicados, en los que los polis-milis advierten que el secuestro no es un juego y que el Gobierno debe negociar - 17 de noviembre-, unas veces, mientras que otras - 19 de noviembre- sugiere que sus dos condiciones originales pueden ser variadas si el Gobierno se aviene a negociar lo que llaman tercera fase de su campaña «Con el Estatuto, los presos a la calle »

También esas circunstancias son origen de bastantes de las actuaciones de los milis y los comandos