El proyecto de Código Penal propugna el cumplimiento total de las penas
Los principios de intervención mínima -castigo para delitos de entidad-; certeza del castigo, es decir: cumplimiento total de las penas impuestas; garantías penales, eliminación de las penas sin previa culpabilidad del reo son los principios rectores fundamentales del proyecto de Código Penal que ayer fue remitido al Congreso de los Diputados.El proyecto, que no supone una reforma del Código vigente, sino una auténtica reelaboración del máximo texto penal, contiene una serie de importantes innovaciones (véase EL PAIS del 22 y 26 de septiembre), entre las que cabe destacar las siguientes: la edad penal se rebaja de los dieciséis a los quince años; supresión de la pena de muerte; límite máximo de prisión, veinte años, excepto para delitos de terrorismo, en los que la pena puede alcanzar hasta 35 años; supresión de la redención de penas por el trabajo; introducción del arresto de fin de semana con una duración de una a veinticuatro veces, durante 36 horas cada fin de semana; supresión de amnistía e indultos generales.
En cuanto a los tipos delictivos en concreto pueden destacarse los siguientes:
Se tipifica el aborto entre los delitos contra la vida humana, con penas de tres a seis años o de seis meses a tres años, según medie o no el consentimiento de la embarazada.
Se introduce el delito de chantaje, definido como amenaza condicional-remuneratoria de no revelar hecho referentes a la vida privada o social de las personas no conocidos públicamente.
Los denominados delitos contra la honestidad se incluyen entre los tipificados contra la libertad y la seguridad, aceptando así una larga dirección doctrinal.
Aparecen también los delitos por libelo cometidos por profesionales de la información, los delitos contra la familia y los delitos ecológicos. Una de las novedades más significativas del proyecto es la rúbrica dedicada a los delitos socio-económicos: financieros, urbanísticos, fraude fiscal, el delito publicitario y otros, que tratan de castigar conductas antisociales en el tráfico, financiero.
El proyecto recoge también un conjunto de delitos contra la Constitución, el Rey, la regencia, el sucesor, altos organismos del Estado y de las comunidades autónomas y contra la forma política del Estado.
