Restringida la actividad de las centrales sindicales británicas

En una de las medidas más audaces desde su victoria electoral el pasado mayo, el Gobierno conservador de Margaret Thatcher ha anunciado un paquete de medidas legislativas destinadas a restringir las actividades de los sindicatos británicos.Aunque las intenciones del Gobierno eran conocidas de antemano, los sindicatos han reaccionado vivamente y han manifestado que «el Gobierno pretende convertir la industria británica en un campo de batalla».

El proyecto de ley, asépticamente titulado «ley sobre el empleo», para evitar cualquier referencia directa a la ley de Relaciones Industriales, cuya puesta en vigor produjo la caída del Gobierno Heate, en 1974, fue presentado ayer por el secretario de Empleo, James Prior, con la finalidad de «introducir un cierto sentido común en nuestras relaciones laborales».

La ley puede marcar un hito en la historia de las relaciones laborales en el Reino Unido y su discusión, el próximo día 17 de diciembre en la Cámara de los Comunes, producirá, sin duda, uno de los debates más apasionantes de la actual legislatura.

Desde el punto de vista de política interna, la nueva «ley sobre el empleo» puede considerarse como la pieza legislativa más importante presentada ante el Parlamento en la actual legislatura.

El Gobierno tory no hace a este respecto más que cumplir uno de los puntos clave de su manifiesto electoral, en el que prometía poner coto a lo que calificaba de «excesos sindicales», como consecuencia de las huelgas registradas el pasado invierno, que consiguieron paralizar el país.

Los tres aspectos más importantes de la nueva ley se refieren a los piquetes secundarios, a la sindicación obligatoria y a las votaciones para decidir futuras acciones industriales.

Si el Gobierno saca adelante este proyecto de ley, cosa que nadie duda, dada su mayoría en la Cámara de los Comunes, los sindicatos perderán importantes parcelas de poder en su papel negociador. La nueva legislación convierte en un delito la organización de piquetes en otros lugares que no sean los habituales de trabajo de los huelguistas. El tema es capital, ya que hasta ahora, por ejemplo, el sindicato de camioneros podía organizar piquetes en los muelles y en las estaciones de ferrocarriles, que conseguían una paralización total en la entrega de mercancía.

Por otra parte, para que los trabajadores de una fábrica puedan obligar a sus compañeros a afiliarse obligatoriamente en una organización sindical determinada será preciso que por lo menos el 80% de la fuerza laboral de esa fábrica esté de acuerdo con el principio de sindicación obligatoria.

El tercer lado del triángulo, menos importante en Inglaterra que en otros países europeos, como por ejemplo España, hace referencia al sistema de votación para que una industria determinada se declare en huelga. En este país, el sistema preferido hasta este momento era el de votación a mano alzada. El Gobierno alude que este sistema no es democrático y pide a los sindicatos que se realice una votación secreta entre sus bases antes de decidir una huelga. Los sindicatos alegaban que no tenían los fondos suficientes para llevar a cabo ese tipo de votaciones secretas. Pues no se preocupen, dice el Gobierno, la Administración correrá con los gastos que puedan ocasionar esas votaciones secretas y por correo.

Dos hechos importantes han decidido al Gobierno a presentar ante la Cámara de los Comunes este controvertido proyecto de ley. La primera, la votación de los trabajadores de la Leyland el pasado octubre, que demostró que la fuerza laboral de la primera industria automovilística británica apoyaba mayoritariamente los planes de reestructuración de la empresa, en contra de los consejos de sus enlaces sindicales. La segunda, la decisión de los mineros británicos esta semana de aceptar las ofertas salariales de la Junta Nacional del Carbón y pronunciarse en votación democrática contra la recomendación de su ejecutiva nacional, que patrocinaba abiertamente la huelga.

Nadie duda, como antes se apuntaba, del resultado de la votación en los Coraunes. Lo importante es saber qué acciones extraparlamentarias tienen en cartera los sindicatos para luchar contra los planes del Gobierno.

Para el secretario general del Consejo Sindical Británico, Len Murray, el Gobierno ha declarado la guerra a los sindicatos. «El Gobierno», manifestó, «pretende convertir a la industria en un campo de batalla.»

Sin embargo, se advierte una cierta inseguridad por parte de los sindicatos, en la que juega una baza importante el hecho de que más de la mitad de la fuerza laboral británica votase por los conservadores en las elecciones del pasado mayo.