La oposición debió tomar la iniciativa legislativa para evitar la prórroga de la ley Antiterrorista por decreto

«El Gobierno ha prorrogado una ley ordinaria y no un decreto-ley», afirmó ayer el secretario de Estado para la Información, Josep Meliá, en el curso de una conferencia de prensa en la que presentó un balance sobre los resultados de la legislación antiterrorista, pidió que las fuerzas políticas apoyen las iniciativas del Gobierno en este sentido y acusó a la oposición de no haber tomado iniciativas legislativas para garantizar la continuidad de las medidas antiterroristas ahora prorrogadas por decreto.

El portavoz gubernamental afirmó que este debate en torno a la prórroga de la ley Antiterrorista debe ser serenado y reconducido por lógica y oportunidades políticas. «El Gobierno necesita la ley para luchar contra el terrorismo y defender a la sociedad», dijo Meliá, quien añadió que si existe sinceridad en los planteamientos de los partidos políticos es necesario que éstos sostengan este proceso.Sobre la oportunidad jurídica de la prórroga, el portavoz señaló que una ley ordinaria de las Cortes es lo que se ha prorrogado y que si dicho texto era constitucional también lo era la decisión de reconducirlo, ya que fue aprobado por las propias Cortes, y que su contenido no varía. Asimismo, añadió que el Gobierno entiende que se mantienen las razones de la prórroga de la ley y que su reconducción urgente era necesaria desde el punto de vista político y social.

Meliá añadió que la oposición ha tenido, a lo largo del pasado año, la oportunidad de tomar una iniciativa legislativa en este sentido que hubiera evitado el decreto. Interrogado sobre la idea de que esta iniciativa debería corresponder al poder ejecutivo más que a la oposición, el secretario de Estado añadió que esta podía ser una interpretación del tema.

Balance policial

En el curso de la conferencia de prensa, el portavoz del Gobierno distribuyó un informe que hace referencia a los resultados policiales del decreto-ley de junio de 1958 y de la ley de 4 de diciembre del mismo año. En el informe se señala que los datos se han limitado a las gestiones policiales contra las organizaciones ETA, GRAPO, PCE (r), FRAP y MPAIAC, esencialmente.En las listas de resultados policiales se señala de una manera general que en este período de tiempo se han detenido un total de 1.560 personas, de las cuales 1.093 están en prisión y 467 en libertad. Asimismo, se señala que han sido capturadas un total de 61 metralletas, 73 armas largas, 229 pistolas, cuarenta granadas, 6.225 unidades de munición, 1.921 kilos de explosivos, 2.140 metros de mecha y 1.093 detonadores.

En relación a cada una de las organizaciones citadas y a los llamados «otros grupos» (en los que se incluyen responsables del PCE (i), anarquistas, miembros de extrema derecha, bandas armadas, GAPEL, etcétera), el informe señala:

ETA: detenidas un total de 652 personas, de las que 488 están en prisión y 164 en libertad. Se capturaron 38 metralletas, 26 armas largas, 125 pistolas, 38 granadas, 4.800 proyectiles, 575 kilos de explosivos, 1.900 metros de mecha y 769 detonadores.

- PCE (r)-GRAPO: detenidas 347 personas, de las que 192 permanecen en prisión y 155 en libertad. Capturadas 17 metralletas, 25 armas largas, 30 pistolas, 550 proyectiles, 1.280 kilos de explosivos, 200 metros de mecha y 257 detonadores.

- FRAP: detenidas 65 personas, 45 presas y 20 en libertad. Capturadas 32 metralletas, 39 pistolas, una granada, 450 proyectiles, 31 kilos de explosivos, 25 metros de mecha y 28 detonadores.

- MPAIAC: detenidas 36 personas, 23 en prisión y 13 en libertad. Intervenidos 23 kilos de explosivos.

Otros grupos: detenidas 460 personas, 345 en prisión y 115 en libertad. Intervenidas 6 metralletas, 22 armas largas, 35 pistolas, una granada, 10 kilos de explosivos, 15 metros de mecha, 12 detonadores y 425 proyectiles.

El informe señala que muchos de los detenidos pasaron directamente a prisión por requerimiento judicial y otros quedaron en libertad provisional o definitiva.

Día de Andalucía

Por otra parte, y en relación con los incidentes ocurridos en las manifestaciones celebradas en Córdoba y Sevilla con motivo del Día de Andalucía, Josep Meliá señaló que el Gobierno mantiene su afirmación de que hubo provocaciones por parte de organizaciones de extrema derecha y extrema izquierda. Citó el caso de Córdoba, donde los organizadores aceptaron llevar la bandera nacional y luego quedó excluida, y donde una bandera republicana fue introducida en la comitiva, retirada por las fuerzas de seguridad y vuelta a introducir -ante la impasibilidad del «servicio de orden de la manifestación».Añadió que es cierto que TVE tenía una filmación de unos cuarenta segundos en la que se aprecia a militantes de Fuerza Nueva arrojando cascos de botellas contra los manifestantes en Sevilla y que ponía dicha filmación a disposición de la prensa; no dijo nada sobre si la ponía a disposición de los servicios informativos de la propia TVE.

Insistió, por último, en que las críticas surgidas contra el Gobierno por la izquierda y la derecha ante la idea de que los provocadores partieron de extremistas de uno y otro lado era una «prueba» de que la Administración fue imparcial en su juicio.

Finalmente, y en relación con la celebración del referéndum autonómico andaluz en la fecha prevista del 28 de febrero. Meliá indicó que el Gobierno no estudió la eventualidad de dictar por decreto-ley este calendario, entre otras cosas, porque no se había reunido la pasada semana.