El fiscal del EStado quiere a ar las causas de los presos preventivos

El fiscal general del Estado, Juan Manuel Fanjul, ha enviado una circular a todos los fiscales de las audiencias territoriales y provinciales, en la que insiste en la necesidad de agilizar la tramitación de las causas abiertas, sobre todo cuando existan «dilaciones injustificadas». La instrucción -aunque se refiere a todas las causas, en general- podría estar relacionada con el secuestro de Javier Rupérez, que hace diecinueve días permanece en poder de ETA (político-militar).Así, el comité pro liberación de Javier Rupérez, en sus conclusiones, tras el viaje que cinco de sus miembros hicieron al País Vasco el pasado fin de semana, señalaba, entre otras cosas, la conveniencia de que se agilicen las causas judiciales que se siguen contra presos vascos, varios de los cuales podrían estar en libertad provisional, con sólo regularizar su situación de acuerdo con las leyes procesales. El mismo sentido tiene la pregunta que el Grupo Socialista del Congreso hizo el pasado lunes al Gobierno sobre el tema.

La circular de Fanjul califica de «tara cada vez más grave» la lentitud de los procesos, que se detienen o demoran «con penosa frecuencia». Pide que se aceleren los señalamientos y celebración de juicios orales, ya que, a principios de año, había más de 32.000 procesos sin señalar. Cabe recordar que la Dirección de Instituciones Penitenciarias realizó hace meses un amplio informe sobre estos atrasos, con la situación de cada preso, que obra en poder del Gobierno.

De otro lado, medios informados transmitían ayer la impresión de que no prosperará el suplicatorio contra el diputado de Euskadiko Ezkerra (EE) Juan María Bandrés ni posiblemente tendrá consecuencias el juicio contra el secretario general de este partido Mario Onaindía, por una esquela publicada hace tiempo en un diario vasco.

Ello, junto con la posible constitución de una comisión parlamentaria para investigar las presuntas torturas denunciadas, que contaría con la presencia de diputados vascos y aportación de datos de estas instancias, y el fin de las detenciones de miembros de EE, al comienzo de esta semana, serían gestos de buena voluntad tendentes a encauzar la situación del caso Rupérez hacia posiciones de flexibilidad y entendimiento que permitieran una salida airosa.

No obstante, estos gestos serían complementados con otras gestiones a realizar en Madrid. Aunque no se conocen detalles sobre esta nueva etapa del caso, sí parece que se han celebrado diversos contactos en este sentido, entre ellos una entrevista celebrada ayer por la mañana entre Joaquín Ruiz Giménez, del comité pro liberación, y el diputado Bandrés.

De otro lado, medios políticos de Madrid destacaban ayer como significativas las palabras de Bandré en la sesión del Congreso que ratificó el Estatuto de Autonomía del País Vasco, en las que recordó que allí faltaba un voto -el de Rupérez- y pidió de forma vehemente la liberación del secuestrado, antes de votar a favor del Estatuto.

En medios del comité pro liberación se detectaba ayer cierto optimismo, basado en los signos externos de la situación, aunque parecía prematuro hacer suposiciones sobre una rápida resolución.

A esta prudencia contribuye el atentado cometido el miércoles contra tres guardias civiles en el País Vasco, que los expertos atribuyen a ETA (militar), aunque esta organización no lo ha reivindicado, si bien se estima que podría haberlo cometido con dos fines evidentes: dar una respuesta a la aprobación de los suplicatorios contra Telesforo Monzón y Francisco Letamendía e introducir un elemento sumamente perturbador en la resolución del caso Rupérez.