AI grupo parlamentario del PSOE

(Asesor jurídico de UGT)

«El tema del despido fue aprobado ayer en clima de gran entendimiento entre centristas y socialistas». (EL PAÍS 9 de noviembre).

Salud compañeros:

Con la única legitimidad de ser militante del partido, asesor jurídico de la Unión General de Trabajadores y abogado que llevo dieciséis años contendiendo en la Magistratura de Trabajo, me dirijo a vosotros ante la gravedad de lo que refleja el titular del diario EL PAÍS.

Y me refiero específicamente al consenso llegado en el tema de la indemnización a pagar por las empresas de más de veinticinco trabajadores en casos declarados judícialmente como despidos improcedentes.

Sabréis que ya en el lejano año -histórica y políticamente- de 1956 la indemnización podía llegar hasta cuatro años de salario, existiendo un mínimo de seis mensualidades.

Sabréis que la ley de Relaciones Laborales de 1976, aprobada por las todavía Cortes franquistas, contenía un artículo que establecía la obligación empresarial de readmisión en todo caso del despido improcedente.

Sabréis que ese artículo de la ley de Relaciones Laborales se derogó por el real decreto ley de 4 de marzo de 1977, estableciendo a este respecto que cabía la no readmisión del trabajador, pero que, en este caso, la indemnización mínima era de dos mensualidades por año de servicio.

Sabréis que la vuelta a la vigencia del citado artículo 35 se ha solicitado repetidamente por los portavoces más cualificados del PSOE y de UGT (véanse, por eJqmplo, el discurso de Felipe González ante el Parlamento en agosto de 1977 y los «puntos que UGT quiere introducír en el Estatuto de los Trabajadores»Julio de 1979).

Sabréis, pues, que con el «consenso» en los 45 días de indemnización se perjudica notablemente los intereses de los trabajadores en una,doble vertiente, pues antes la indemnización era superior (dos meses frente a los 45 días (pérdida pues del 25%) y además era mínima, pues podía ascender según el criterio del magistrado de Trabajo, hasta un total de sesenta mensualidades.

En números concretos resulta: Que un trabajador con sólo dos años de antigüedad en la empresa se verá ya perjudicado en el importe de una mensualidad como mínimo.

Que. si tiene cinco años de antigüedad percibirá 2,5 mensualidades menos de indemnización.

Que si tiene diez años, de antigüedad, percibirá cinco mensualidades menos.

Y que sólo y exclusivamente se encontrarán en posibles mejores situaciones los trabajadores despedidos ¡que tengan más de cuarenta años de servicios en la empresa! (al no existir con la nueva regulación límite máximo y con la antigua si), supuesto verdaderamente de muy poca probable aplicación, pues para esos casos lalempresa preferiríajubilarlos sin indemnización.

Sabréis que al establecerse un único criterio valorativo que automática y mecánicamente habrán de aplicar los magistrados de Trabajo, se están favoreciendo posibles despidos sin la menor fundamentación,ya que algunas empresas ni siquiera acudirán al juicio por despido, sabiendo que el juzgador no tiene posibilidad de sancionar más gravemente.

Sabréis, finalmente, que fijándose una cifra única se priva a los magistrados de Trabajo de la posibilidad de que, con arreglo a equidad, valoren adecuadamente las diferentes circunstancias en que se puedan encontrar los trabajadores despedidos,

Si el montante de la indemnización fuese bastante más elevado, el inconveniente de fijar una sola cifra sería, menor, pero estableciéndose una. cantidad regresiva, esa carencia de posibilidades de valoración de las circunstancias del caso, es todavía más grave.

Si sabéis (o debéis saber) todo lo que os expongo ¿cómo es posible que digáis en la conferencia de prensa que en este tema «hemos mejorado sensiblemente el contenido del proyecto »? No se trata de demagogias o maximalismos, se trata de que la regulación anterior de este tema, hoy todavía vigente, es lisa y llanamente mejor; y creo que no cabe decir que el «consenso» exigía el texto aprobado. Hay temas en los que más vale «discrepar que lamentar», y podéis estar, seguros que los trabajadores pen sarán que más que consenso habrá habido complicidad. ¿Estamos a tiempo?