La Gerencia de Urbanismo quiere evitar especulaciones con suelo industrial

Los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid están dispuestos a mantener las zonas industriales incrustadas en la trama urbana, a pesar de que una buena parte de ellas -las situadas junto a la M-30 y la autopista de Andalucía- se encuentran en terrenos que, con posterioridad a la construcción de las industrias, fueron calificados como residenciales. El interés de la Gerencia se basa en que, si una determinada industria puede construir torres de pisos en el terreno en que se encuentra la fábrica, ello puede constituir un incentivo más -que se pretende cortar- para que esa industria suspenda pagos -con su carga de paro y despilfarro- y se dedique a una nueva actividad: la promoción inmobiliaria.

El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1963 previó, dentro de la trama de la ciudad, la existencia de una serie de zonas industriales que, dada su escasa o nula contaminación y su mínima incidencia negativa sobre los núcleos residenciales que las rodeaban, podían convivir con las torres de pisos, a pesar de la política urbanística existente por aquel entonces, que consistía en desplazar al exterior de la ciudad toda clase de industrias, fueran del tipo que fueran.La industria limpia y que no presentaba problemas a la ciudad se fue instalando en esas zonas previstas por el Plan General y todo se desarrolló de acuerdo con lo previsto en el planeamiento urbanístico. Sin embargo, la previsión se vio rota en el momento en que se planteó, por parte de los responsables urbanísticos de esta ciudad, la necesidad de desarrollo de la Red Arterial de Madrid, sobre todo en lo referente a la autopista urbana hoy conocida con el nombre de M-30.

La construcción de esa autopista necesitaba que los terrenos por los que había de discurrir recibieran una nueva calificación urbanística y se concretara exactamente su trazado. De conseguir esos dos objetivos se encargaron dos planes especiales: el de la avenida de La Paz -desde el puente de los Tres Ojos hasta el enlace con la carretera de Burgos- y el del Manzanares-autopista del Sur -desde el nudo Sur, aún no construido, hasta el puente de los Franceses.

Ambos planes especiales se convirtieron en una norma urbanística que modificó el Plan General en lo referente a todo el trazado de la autopista urbana que hoy está constituida por la M-30. Pero la recalificación de los terrenos que efectuaron ambos planes especiales no se limitó exclusivamente al suelo ocupado por la autopista, sino que se extendió a su zona de influencia directa. Esa zona no era ni más ni menos que una parte muy importante de las zonas industriales -de industria limpia- previstas en el Plan General y realizadas en su mayor parte, además de otras residenciales.

El cambio de la calificación de esos terrenos, hasta ahora industriales, fue para convertirlos en residenciales. Es decir, a partir de la entrada en vigor de los dos planes especiales citados, 245 industrias instaladas en esas zonas se encuentran, total o parcialmente, fuera de ordenación, esto es, en terrenos calificados como residenciales. Y en esas industrias afectadas por el cambio de ordenación existen algo más de 53.000 puestos de trabajo.

Posibilidad de especulación

Hasta aquí, la historia de la recalificación urbanística de unos terrenos, hecho no demasiado extraño en el devenir del urbanismo español de los últimos años. Pero la crisis económica por la que atraviesa el mundo occidental, y en especial España, ha hecho que esa reclasificación urbanística pueda convertirse -aunque el planificador no tuviera ese deseo- en un incentivo de especulación urbanística para las empresas con dificultades económicas, reales o ficticias.Al convertirse un terreno industrial en residencial -aunque, de momento, sólo lo sea en los planos-, las plusvalías que ese terreno producen de forma automática pueden suponer un incentivo para que una determinada empresa, bien asentada, con su cartera de pedidos en condiciones, sin contaminar y perfectamente integrada en la trama urbana, sienta deseos de dejar ese suelo libre y realizar un activo que puede suponerle una inyección económica muy necesaria en estos tiempos de crisis.

Para realizar ese activo, sin embargo, sería necesario que la industria en cuestión se trasladara de ubicación o que desapareciera. Si la industria se traslada, lo más lógico es que la empresa adquiera nueva mano de obra en el lugar al que se haya trasladado. Si desaparece, de por medio saldrá la temida figura de la suspensión de pagos o la quiebra. En ambos casos, la consecuencia directa de la posibilidad de realización de ese activo que ofrece el suelo sobre el que se asienta físicamente la industria sería el paro de los obreros que en ella trabajan.

Todo esto no quiere decir que exista una correlación directa entre el cambio de planeamiento y las suspensiones de pagos habidas en las industrias madrileñas en los últimos años. Pero sí indica el peligro evidente de que un afán de lucro por parte de las industrias ubicadas en esas zonas les haga obviar los problemas de paro y despilfarro económico -destrucción de edificios todavía en perfectas posibilidades de utilización- reseñados. Y ese peligro es el que los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo consideran puede ser un incentivador indirecto de las suspensiones de pagos de las industrias madrileñas, aparte, claro está, de la crisis económica por la que puedan atravesar.

Suspensión del planeamiento

La Gerencia Municipal de Urbanismo cree que lo que hay que hacer es evitar ese incentivo. Para ello hay que suspender el plancamiento derivado de los planes especiales de la avenida de La Paz y del Manzanares-autopista del Sur. Pero para suspender el planeamiento vigente el único organismo competente es el Consejo de Ministros.El Ayuntamiento ha de proponerle al Gobierno que adopte tal decisión. Pero para ello ha de estudiar concienzudamente el tema.

En ese estudio estamos: ayer por la tarde se celebró, convocada por la propia Gerencia, una mesa de trabajo en la que intervinieron, aparte de los entes puramente municipales, representaciones de los empresarios de las zonas industriales afectadas y de las centrales sindicales que pretenden evitar el peligro de paro. De esa reunión de trabajo es de suponer que se informe hoy por la mañana, en el curso de la rueda de prensa que ha sido convocada en el Ayuntamiento.

En el caso de que los trabajos ahora iniciados den como resultado que el Ayuntamiento solicite formalmente la suspensión del planeamiento de las zonas industriales madrileñas -o, por lo menos, de las zonas en las que ha sido modificado- sería necesaria la sustitución temporal de ese planeamiento suspendido -hasta que fuera aprobado el nuevo- por unas normas subsidiarias. Esas normas ya existen en la ordenación urbanística madrileña y se llaman Ordenanzas municipales 6, 7, 8 y 9, todas ellas referidas a la industria que se puede instalar legalmente en la ciudad.

Posturas políticas

En enero de 1978, la revista Cuadernos para el Diálogo publicaba, bajo la firma de Paulino Oteiza, un reportaje acerca de la posibilidad de especulación del suelo que ofrecía la nueva calificación de los terrenos industriales madrileños. En ese reportaje se daba cuenta de la existencia de una cuenta corriente, abierta en el Banco Español de Crédito, a nombre de polígono 51 -uno de los afectados por la recalificación urbanística- y suscrita por siete empresas ubicadas en esa zona: Isodel, Torras, Cepa, Zardoya, Schering, Flex y Explosivos Río Tinto. Paulino Oteiza se preguntaba si esa cuenta no podría esconder una operación global de venta de terrenos o la creación de una inmobiliaria dedicada a la explotación de la zona como conjunto residencial. Tal información y la cuestión presentada por el reportero nunca fueron desmentidas ni puntualizadas en ningún sentido.Hoy, nada se sabe de la existencia de esa cuenta corriente en Banesto. Lo que sí se conoce es la postura política de los partidos de la izquierda, que gobiernan el Ayuntamiento: parar el planeamiento hasta que exista la absoluta certeza de que éste no puede provocar una suspensión de pagos en cadena y, por ende, un aumento del paro en esta ciudad.

En medio de las dos posturas, una realidad: el simple planteamiento defendido por la Gerencia Municipal de Urbanismo supone, de por sí, un cambio en la política urbanística que ha regido en esta ciudad durante años. Si el Ayuntamiento llegara a plantearle al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, a través de Coplaco, la suspensión del planeamiento, tal proceso administrativo se convertiría, directamente, en un reto de la Administración local a la central o, lo que es lo mismo, de la izquierda a la UCD.