Los empresarios de restaurantes y bares rechazan el impuesto suntuario

Los empresarios de hostelería (restaurantes, bares, cafeterías, salas de fiesta y discotecas) han acordado no pagar el impuesto de gastos suntuarios que permite a los ayuntamientos gravar hasta en un 5% todas las consumiciones en cualquier tipo y categoría de estos establecimientos. Esta decisión, en tanto el Parlamento no apruebe el impuesto sobre el valor añadido, fue tomada en el curso de la asamblea extraordinaria celebrada ayer por el sector, con asistencia de unos 8.000 representantes de toda España.

En un clima de exaltación y protesta, los empresarios de hostelería, en su mayoría pequeños propietarios, corearon con gritos de apoyo las reiteradas alusiones de los miembros de la junta directiva de la Federación Española de Restauración a la descartada gestión de la Administración en el sector y se pidió repetidamente la dimisión del actual titular de Comercio y Turismo, así como el desdoblamiento de esta cartera en los dos aspectos que ahora atiende, con la creación de un ministerio dedicado específicamente al turismo.Las protestas de los asambleístas, que en algunos momentos alcanzaron un alto grado de tensión animado desde la virulencia de las distintas intervenciones registradas a lo largo de las dos horas que duró la asamblea, alcanzaron también a los ayuntamientos, que ya han comenzado a aplicar el impuesto suntuario; al Parlamento, por haberlo aprobado y a los partidos políticos, sin distinción.

También se puso de manifiesto la gravedad que comporta las medidas fiscales aprobadas para el sector, que en muchos casos supondría el cierre de gran número de establecimientos explotados en régimen familiar y, consecuentemente, de precaria economía.

Los asambleístas aprobaron también el mantenimiento de la Federación de Restauración y del resto de las asociaciones del ramo como órganos de gestión y unidad. En este sentido, acordaron que si el Gobierno no atiende sus peticiones, las distintas entidades patronales del sector se negarán a ser interlocutores en el terreno laboral, económico y fiscal.

Según el informe técnico presentado a la asamblea sobre la fiscalidad del sector, los empresarios del mismo habrán de soportar, además de los impuestos estatales, un incremento de entre el 20% y el 37% sobre el impuesto por la licencia fiscal que se paga en la actualidad, dentro del capítulo de impuestos municipales. En este mismo capítulo, el impuesto de radicación sufrirá también un fuerte incremento, que para las categorías inferiores, por ejemplo, establecimientos situados en calles calificadas de octava categoría, pasa de veinte a cincuenta pesetas por metro cuadrado. En la categoría primera, el salto es de 210 a más de ochocientas pesetas por metro cuadrado.