Hoy se subasta el hotel Sarriá, de Barcelona, por ejecución de una demanda del Banco Hipotecario

Para hoy está prevista la venta en pública subasta del hotel Sarriá de Barcelona, como consecuencia de un auto de secuestro promovido por el Banco Hipotecario contra la sociedad Valora, SA, propietaria del inmueble y controlada por Antonio van de Walle, amigo personal de Adolfo Suárez.

En julio de 1974, cuando Adolfo Suárez era presidente de la Empresa Nacional de Turismo, SA (Entursa), perteneciente al INI, esta sociedad tomó en arrendamiento por treinta años el hotel Sarriá. Entursa también formalizó varias hipotecas sobre el edificio, por un valor total de 750 millones de pesetas. Por otro lado, el Tribunal Supremo, en sentencia del 22 de diciembre de 1976, ordenó formalmente el derribo de la parte superior del edificio, construido con una ordenanza ilegal promulgada por el Ayuntamiento barcelonés que presidía José María de Porcioles. Pese a que dicha orden fue comunicada al Ayuntamiento de Barcelona, aún no ha sido cumplida.La gestación y trayectoria de la empresa Valora, SA, es sumamente compleja. Aparecen en ella «sociedades puente», préstamos complicados, de origen alemán y suizo, y buenas relaciones con la Administración española de los últimos años del anterior régimen.

Más de mil millones de préstamos hipotecarios

Ahora es un banco estatal el que ejecuta la garantía de su crédito y saca a subasta el edificio hotelero. Los préstamos hipotecarios de los que este último es garantía sobrepasan los mil millones de pesetas. Dentro de ellos figura el del Banco Hipotecario, que es de unos doscientos millones. Los restantes acreedores hipotecarios, al parecer inactivos en el terreno judicial, son el Banco Mercantil e Industrial (cien millones) -hoy integrado en el Hispano-, el Banco Condal (cien millones) y Entursa (750 millones). A estas deudas hipotecarias deberían sumarse, según una amplia información publicada por la revista Opinión en agosto y septiembre de 1977, una deuda de seiscientos millones a una financiera alemana y otra de la misma cantidad, procedente de una financiera suiza. El garante de este último crédito es el Banco Coca (hoy integrado en Banesto).Todo ello da como deuda total de Valora, SA, por el hotel Sarriá, 2.250 millones de pesetas. En la primera quincena del mes de octubre, los empleados del hotel fueron a la huelga por no haber cobrado los complementos del convenio de hostelería. En este marco financiero y laboral sale hoy a subasta, por cuatrocientos millones de pesetas, el edificio del hotel.

El aspecto urbanístico del tema es también de importancia. En los años 1970 y 1971, dentro de los buenos negocios que caracterizaron la época de Porcioles, el Ayuntamiento de Barcelona modificó, en julio de 1977, el artículo 173 de la ordenanza de edificiación del Ayuntamiento de Barcelona, premiando con un 40% de incremento el volumen edificable de los edificios que tenían que ser destinados a hoteles de lujo. Se afirmó que la ciudad los necesitaba, en la perspectiva del sueño de Porcioles: la realización de una exposición universal, en Barcelona, en 1980.

Negocio urbanístico

Con ello existía la posibilidad de llevar a cabo un negocio provechoso: comprar un terreno a precio de mercado -obtenido a partir de la calificación urbanística que le correspondiera- y luego solicitar y obtener un premio de edificabilidad del 40%, a través de la ordenanza municipal de hoteles de lujo.La modificación de la ordenanza en favor de los futuros hoteles de lujo aprobada por el Ayuntamiento Porcioles fue anulada por sentencia del Tribunal Contencioso-Administrativo de Barcelona del 23 de octubre de 1973, ratificada por el Tribunal Supremo el 14 de junio de 1975. Ello convirtió en nulos de pleno derecho -máxima sanción legal para las infracciones que pueden cometer los acuerdos de la Administración- los actos efectuados en base a la ordenanza anulada.

Pero mientras se estuvo tramitando el pleito, sobre la posteriormente lograda anulación de la ordenanza, el Ayuntamiento de Barcelona concedió licencias de edificación, en base a la ordenanza impugnada, para la construcción de cuatro hoteles de cinco estrellas: Princesa Sofía, Sheraton, Hilton y Sarriá. Contra tales licencias se iniciaron en su día procedimientos judiciales.

Por lo que respecta al hotel Sarriá, la licencia fue anulada por sentencia del Tribunal Contencioso de Barcelona, de 14 de noviembre de 1975, ratificada por el Tribunal Supremo en 22 de diciembre de 1976. Ambas sentencias ordenaron el derribo del 40% del volumen que se construyó, que sobrepasaba la altura de la manzana en que estaba situado el edificio. Según se determinó en ejecución de sentencia, aquel volumen corresponde a 4.428 metros cuadrados de edificación. Equivale, al parecer, a seis pisos del hotel.

Según fuentes jurídicas, hace ya un año y medio que la autoridad judicial se dirigió oficialmente al Ayuntamiento de Barcelona para que la sentencia fuera ejecutada, es decir, que se derribara lo que debía derribarse. Las mismas fuentes indican que el Ayuntamiento se dirigió a Valora, SA, preguntando cómo se podía derribar lo establecido por la autoridad judicial, y afirmando que, de no ejecutarlo la propia empresa, deberían efectuarlo los servicios técnicos municipales. Pero desde entonces no ha pasado nada, y lo edificado ilegalmente sigue ahí, tres años después de la sentencia del más alto tribunal español.

Indemnización para derribar

Inicialmente, Valora SA se resistía al derribo del edificio, pero el pasado mes de abril un representante de la empresa matizó aquella postura, y afirmó que si debía derribar lo ordenado por la autoridad judicial, solicitaría, lógicamente al Ayuntamiento, una indemnización de tres mil millones de pesetas. De ir las cosas por este camino, podría darse una situación jurídica muy curiosa. Por un lado, la empresa podría solicitar la indemnización del municipio, pero, por otro, este último podría defenderse, alegando e intentando demostrar que la empresa conocía la ilegalidad desde el principio. En todo caso, lo que fue el porciolismo sería objeto de un debate público.Entursa -presidida entonces por Adolfo Suárez- concedió un primer crédito hipotecario garantizado por el edificio del hotel de cuatrocientos millones el 24 de julio de 1974, es decir, después de que el Tribunal Contencioso-Administrativo de Barcelona hubiese ya anulado, el 23 de octubre de 1973, la modificación de la ordenanza de la edificación llevada a cabo por el Ayuntamiento Porcioles, en favor de los hoteles de lujo. Claro está que la sentencia aún no estaba ratificada por el Supremo, como luego lo fue. Sí había una primera sentencia contraria a la garantía misma del crédito que podía haber incitado a, como mínimo, una mayor prudencia.

Más discutibles parecen los posteriores préstamos hipotecarios de Entursa -de diciembre de 1976 y enero de 1977, cuando Suárez ya no la presidía-, cuando, precisamente en el mismo diciembre de 1976, el Tribunal Supremo -que había considerado ya antes ilegal la modificación de la ordenanza, por sentencia firme de 14 de junio de 1975- se pronunció esta vez sobre el derribo de parte del edificio. Por una parte, no puede decirse que las hipotecas favorecieran el proceso judicial, sino que podían constituir un inconveniente a la hora de ejecutar la sentencia. Por otro lado, parece poco prudente admitir como garantía un edificio tan directamente afectado por una decisión judicial inapelable.

Entursa fue creada en 1964 con participación del INI, que cubrió la totalidad del capital social. El pasado año su balance presentaba la cifra de 1.200 millones de pesetas de capital social, el doble de inmobilizado neto, unas inversiones en 1978 del orden de los 320 millones de pesetas y una plantilla de casi 1.750 personas. Administra los hoteles de los Reyes Católicos, de Santiago, San Marcos, de León; La Muralla de Ceuta, Jerez; Iberia, de Las Palmas, y Sarriá, de Barcelona. En el pasado ejercicio, los ingresos de la sociedad fueron de algo más de mil millones de pesetas.