El Ayuntamiento quiere recuperar la iniciativa en materia urbanística

Eduardo Mangada, concejal responsable de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, presentó al último pleno que celebró la Corporación Municipal una serie de cuatro propuestas y un ruego informativo que, según él mismo se encargó de calificar, pueden constituir el primer acercamiento a la creación de una política urbanística municipal.

Las cuatro propuestas presentadas se adentraban en una posible revitalización del Plan Especial de Edificios y Conjuntos de Interés Histórico Artístico -el célebre catálogo-, una ordenanza sobre Conservación y Estado Ruinoso de las Edificaciones, la posible actuación expropiatoria sobre el anillo verde y la suspensión de licencias en Moratalaz; el ruego adelantaba lo que puede convertirse en una propuesta firme, en una próxima sesión plenaria de la Corporación sobre los criterios municipales que han de servir para revisar, por fin, el Plan General de Madrid, proyecto largamente demorado por diversas vicisitudes políticas.El punto que provocó una más larga y profunda discusión entre los concejales de centro y de izquierda fue el referido al anillo verde. Pero lo curioso es que el punto de discrepancia no estaba, exactamente, en la modificación del Plan General para poder hacer viable el anillo verde, sino, simplemente, en la forma en que ese anillo debería convertirse en verde. Es decir, todo se basaba en si se debía recurrir o no a la expropiación para que la Administración construya los equipamientos que, hoy por hoy, faltan en los barrios.

La explicación es bien sencilla: Coplaco -la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid- tuvo la ocurrencia, allá por la primavera del año pasado, de que el anillo verde, o lo que hoy queda de él, podría ser rescatado de manos privadas para convertirse en el parque verde que había previsto y soñado, casi utópicamente, el planificador de principios de los sesenta. Los terrenos que componen ese anillo verde -unas 14.000 hectáreas, de las que hoy, tan sólo quedan, aproximadamente, unas 9.400- están calificados urbanísticamente como rústico-forestales, esto es, no se puede construir en ellos salvo edificaciones agropecuarias. A pesar de ello, las casi 5.000 hectáreas desaparecidas no lo han sido por arte de magia, sino por arte de la especulación, es decir, se ha construido sobre ellas sin respetar su dedicación rústica.

El proyecto presentado por Coplaco establecía que los propietarios de terrenos en el anillo podrían concentrar -en parcelas mínimas de 250 hectáreas- el volumen de edificación previsto en el Plan General -es decir, 0,2 metros cúbicos por metro cuadrado-, con la condición previa de que el resto de terreno lo cedieran a la Administración para la construcción de parques.

Ese proyecto debía ser sometido, en trámite de audiencia, al Ayuntamiento de Madrid, para que fuera este organismo el que se pronunciara sobre su bondad urbanística. Pero el nuevo Ayuntamiento democrático, a través del equipo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, decidió aprovechar la situación y, además de aceptar el proyecto de Coplaco, proponer que determinadas áreas deficitarias de equipamiento junto al anillo verde -algunas sin ese equípamiento por la especulación habida durante años en él- pueda absorber, por el sistema de la expropiación, terreno que palie o mejore las condiciones de vida existentes en él.

Esa fue la manzana de la discordia del último pleno, ya que los concejales de UCD, con José Luis Alvarez a la cabeza, aseguraban aceptar el proyecto presentado por Coplaco, pero se negaban en redondo a que el Ayuntamiento propusiera la expropiación.

Revisión del Plan General

La actuación sobre el anillo verde o, incluso, el informe que Eduardo Mangada presentó sobre la posibilidad de revitalizar el catálogo de edificios a conservar tienen un fondo que, directa o indirectamente, enlaza con otro de los puntos que fueron presentados al pleno del viernes pasado: la revisión del Plan General de Ordenación de 1963.El Plan General es el documento legal básico en el planeamiento urbanístico de Madrid, desde que en diciembre de 1963 fue aprobado por decreto. Pero, ya en 1972, el Gobierno encargó a Coplaco una primera revisión de ese Plan General, que había comenzado a quedarse anticuado en función del paso del tiempo.

Pero la revisión efectiva de ese Plan General nunca ha llegado a efectuarse. Coplaco ha realizado diversos estudios cada vez que el Gobierno decía que debía revisarse el Plan, pero el Ayuntamiento madrileño no intervino directamente en ninguno de esos trabajos preparatorios.

Ahora, en función del convenio de colaboración entre Coplaco y la Gerencia Municipal de Urbanismo, el Ayuntamiento debe ofrecer las que serían sus propias directrices para la revisión del Plan General. Esas directrices o criterios básicos han de estar entregados en Coplaco antes del final del mes de enero de 1980. Y el pleno municipal debe ser el organismo que apruebe tales directrices, a propuesta del concejal responsable de Urbanismo.

Eduardo Mangada advirtió el viernes pasado que en la próxima sesión plenaria presentará la propuesta definitiva. No habría nada de importante en esa advertencia si no fuera por su posible implicación política: el aprobar unos criterios para la revisión del Plan General no precisa el voto positivo de los dos tercios de los concejales. Es decir, no hace falta que los miembros del grupo de UCD den su visto bueno a tales criterios, pero cuando sí harán falta los votos ucedista

será en el momento en que el Ayuntamiento de Madrid haya de votar el Plan General ya revisado.

La ruina y el Plan Especial

Pero la realidad urbanística de Madrid no depende exclusivamente de su Plan General o de la actuación que llegue a realizarse en el anillo verde previsto en él.El Ayuntamiento de la última etapa predemocrática aprobó el que dio en llamarse Catálogo de Edificios a Conservar. Sin embargo, la aprobación dada por el pleno supuso, de hecho, un recorte importante con respecto al proyecto que habían presentado a la Comisión Informativa de Urbanismo los técnicos de la Gerencia y los de la empresa encargada de la redacción del Plan Viasa.

El intento de revitalizar ese Plan Especial está en relación directa con la revisión del Plan General, puesto que la aceptación de las normas que fueron recortadas en el proyecto original de aquél trae indefectiblemente la necesidad de que el Plan General sea revisado en la forma que propusieron en su día los técnicos de Gerencia. Pero una parte de los políticos que en aquel entonces rechazaron el Plan Especial en su conjunto están ahora en el Ayuntamiento como concejales de UCD. La pregunta puede ser: ¿aceptarán ahora lo que rechazaron antes?.

De todas maneras, la Gerencia parece ser consciente de que el tema de la conservación de los edificios está directamente relacionada con la declaración de ruina. Sobre esta base, el Ayuntamiento aprobó, el viernes de la semana pasada, una nueva ordenanza de conservación y estado ruinoso de las edificaciones. Su único intento -a falta de otra potestad municipal- es el de refundir en un solo texto con aplicación en Madrid todos los textos legales dispersos en multitud de disposiciones de distinto rango y consideración, pero que afectan a un único hecho: el suelo.

Puede que la primera crítica que reciba tal ordenanza sea la de tratarse de una simple recopilación. Pero lo cierto es que al Ayuntamiento no le cabe ninguna otra posibilidad legislativa y si, hoy por hoy, la legislación vigente no perinite, aunque sea directamente, por su falta de efectividad inmediata, la prevención de la ruina de los edificios no es por culpa del Ayuntamiento.

Aún queda, en todo este maremágnum urbanístico municipal, el hecho de que Coplaco haya suspendido las licencias de construcción que afectan a Moratalaz, acuerdo del que el Pleno municipal se dio por enterado el viernes pasado. De alguna forma, sin embargo, esto, de lo que la Gerencia parece permanecer al margen y dejarlo en manos de Coplaco, puede suponer también el primer paso, a gran escala, de control del crecimiento de la ciudad en determinadas áreas que puedan considerarse como excesivamente saturadas de edificación.

Pero la Gerencia, aun en este caso, no permanece al margen ni se limita a ser el simple portavoz de las decisiones de Coplaco. De alguna forma, la Gerencia Municipal de Urbanismo habrá de compensar a los propietarios del suelo en Moratalaz de la falta de ganancias que puede suponerles el no construir la famosa torre. Esa compensación no llegará en forma de pesetas, sino, muy posiblemente, por un suelo que ofrezca unas parecidas posibilidades de edificación, en otro lugar de la ciudad. Pero ya es un antecedente de otras actuaciones futuras.