Las ambulancias privadas piden más dinero a la Seguridad Social

Que las ambulancias privadas sigan realizando servicios para la Seguridad Social o no depende de las negociaciones que entre la Asociación Nacional de Empresarios de Ambulancias y el Instituto Nacional de la Salud (el antiguo INP) se iniciarán esta mañana.

Los empresarios se negaron ayer a todos los traslados de enfermos por cuenta de la Seguridad Social, y sólo los aceptaron si el traslado era pagado por los propios pacientes. La razón de esta situación está en las bajas cantidades que el Estado paga a las ambulancias privadas por el transporte de sus enfermos.Hasta ahora, las tarifas que la Seguridad Social pagaba a las empresas por los servicios contratados era de 575 pesetas para Madrid y localidades incluidas en un radio de acción de veinte kilómetros, más catorce pesetas por kilómetro en el caso de localidades situadas fuera del ámbito descrito. Las empresas madrileñas, que en su gran mayoría pertenecen a la ANEA (Asociación Nacional de Empresarios de Ambulancias), pidieron a la Seguridad Social la implantación de las tarifas siguientes: 1.300 pesetas por viaje en el centro y veinticinco pesetas por kilómetro en carretera.

Para reforzar sus peticiones, los empresarios aportaron los precios vigentes en otras provincias españolas, sensiblemente superiores a los de Madrid. Así, en Barcelona las cifras son de 1.800 y veintiesete pesetas, respectivamente, y en Sevilla, 1.200 y veinticinco.

El martes, las negociaciones quedaron rotas definitivamente. En la mañana de ayer, una caravana formada por 35 o cuarenta ambulancias se concentró en La Paz, bajó por la Castellana y llegó al Retiro, para lo cual pasaron por las puertas del Ministerio de Sanidad, en el paseo del Prado, sin detenerse. Frente al Ministerio se encontraba estacionado un contingente de policías, que no tuvo que llegar a intervenir.

Uno de los empresarios en cuestión desmintió ayer rotundamente las informaciones facilitadas por el subgobernador civil de Madrid, señor Minondo, y por el subdirector de Asistencia Extrahospitalaria, en el sentido de que las negociaciones habían llegado a un acuerdo. La Seguridad Social sólo ofrecía un aumento del 10%, que no fue aceptado. La postura de los empresarios, por tanto, es considerar rescindido el contrato y seguir prestando el servicio, pero cobrándoselo directamente a la familia del enfermo, en la cantidad indicada anteriormente.

Las mismas fuentes oficiales, Gobierno Civil y Seguridad Social, trataron de minimizar la importancia del conflicto y aseguraron que el número de ambulancias oficiales, contabilizando las propias de la Seguridad Social, las de la Diputación Provincial, Cruz Roja y Ayuntamientos, son suficientes para asegurar el servicio a los enfermos, sin que éstos tengan que recurrir a ambulancias particulares.