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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El "empapelamiento" de un comisario

AL SEÑOR Merino de la Hoz, comisario del Cuerpo Superior de Policía, destinado en Alcobendas, le ha sido incoado un expediente por una carta enviada al director de EL PAÍS y publicada el 28 de septiembre en la sección que reproduce la correspondencia de nuestros lectores. El contenido de ese breve texto era una felicitación del comisario de Alcobendas por el editorial El pesimismo de un general, aparecido en este periódico tres días antes, que contenía algunas apreciaciones críticas sobre las declaraciones dadas a nuestro colega Abc por el capitán general de Valencia. El señor Merino de la Hoz se limitó a considerar ese comentario «formidable», a estimar que «hablar -escribir- tan claro y mejor es harto difícil», a calificar de «valientes y honrados» a quienes «rebaten ideas objetivas a determinadas clases del Estado» y a «repetir» su felicitación, suponiendo que también la suscribirían «tantos y tantos lectores» por las antedichas razones «y en bien de una prensa auténticamente objetiva y libre».Quienes dudan de la existencia de los platillos volantes, no terminan de creer en las levitaciones y otros fenómenos parapsicológicos o se muestran reticentes respecto a portentos de diversa índole tienen, con este expediente disciplinario, un serio motivo para revisar sus actitudes incrédulas y escépticas. Ahí es nada: elogiar el editorial de un periódico puede poner en peligro el destino, o incluso la pertenencia a un cuerpo administrativo, del funcionario público que lo expresa. Y ese prodigio no se produce en la Checoslovaquia donde se condena a los firmantes de Carta 77, ni en la Argentina que envía al exilio al periodista Timmerman o hace «desaparecer a los escritores Roberto Walsh y Haroldo Conti, ni en alguna república africana presidida por el Idi Amin, Bokassa o Macías de turno. El expediente al señor Merino de la Hoz es incoado desde algúndespacho localizable en el organigrama de la Administración central de un Estado de Derecho, sometido a una Constitución democrática que reconoce la libertad de expresión de todos los ciudadanos y establece un completo cuadro de garantías para la defensa de los individuos frente a los abusos y arbitrariedades del poder.

Si tal es el destino del que hace el elogio, ¿cuál no sería la suerte de los elogiados en el caso de que el Ministerio del Interior tuviese jurisdicción administrativa sobre ellos? Si la felicitación del señor Merino de la Hoz da lugar a un expediente, ¿que podrían esperar los felicitados en el supuesto de que los expedientadores tuvieran la gozosa oportunidad de poder «empapelarlos»? Estas interrogantes no son, desgraciadaménte, un puro recurso retórico. Pues, como se recuerda en el comentario editorial precedente, sucede que el criminal atentado cometido contra EL PAÍS hace un año figura en los archivos de la Dirección General de Seguridad del Estado entre los casos no resueltos. Si los investigadores encargados del asunto opinan de este periódico lo mismo que aquellos de sus jefes que han expedientado a un comisario por el terrible delito de elogiarlo, a nadie puede extrañar las indolencias, negligencias y faltas de celo profesional que explican que un año después del crimen sus autores no hayan sido descubiertos.

Nos imaginamos que en algún apartado de letra pequeña del reglamento del Cuerpo General de Policía existen expresiones suficientemente ambiguas como para hacer posible el expediente del que es víctima el comisario de Alcobendas. Al igual, por supuesto, que el Código de Justicia Militar ofrecía en su articulado soporte suficiente para el procesamiento del teniente general Atarés y también, convenientemente forzado, para imaginar alguna medida en el caso del teniente general Milans del Bosch. Así como quien hace la ley hace la trampa, así quien interpreta un código penal o reglamento disciplinario puede encontrar intersticios y holguras para transformar en el señor K a cualquier ciudadano. Pero esa sesgada y partidista manipulación de los mudos textos legales, a fin de hacerles hablar con la voz que el ventrílocuo desea, no engaña a nadie.

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